El consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Santana, aclara que “la máxima prioridad del Gobierno insular en este momento es conseguir los medios económicos necesarios para garantizar una asistencia de calidad a todos los grupos sociales en riesgo de exclusión”. En este sentido, Santana va a seguir trabajando para optimizar los recursos disponibles. Por ejemplo, adelanta su propósito de aprovechar al máximo los edificios en propiedad del Cabildo de Gran Canaria para reubicar los distintos servicios que presta la Consejería de Política Social y Sociosanitaria. Esta intervención permitiría un ahorro importante en el arrendamiento de inmuebles ajenos a la red insular y, consecuentemente, “emplear ese dinero en la atención directa de los ciudadanos en situación de riesgo”.
De esta manera, el consejero sale al paso de las últimas afirmaciones vertidas por el grupo socialista (PSC-PSOE) en la oposición en el Cabildo, en las que alegaba una supuesta falta de medios para hacer frente a los requerimientos de los mayores ingresados en centros, y a las demandas de los colectivos de discapacitados. Francisco Santana matiza que desde la Institución insular “entendemos que el ámbito sociosanitario no debe tener color político alguno, sino que todos los representantes políticos debemos estar unidos y tenemos la obligación de atender a las necesidades de los segmentos poblacionales más desfavorecidos”.
Por ello, Francisco Santana destaca que una de sus primeras actuaciones tras asumir la Consejería de Política Social y Sociosanitaria, en mayo de este año, se centró en convocar a una reunión a todas las partes con competencias en esta materia. A raíz de ese encuentro propuso la creación de una comisión para resolver los casos de máxima urgencia, integrada por la Consejería de Política Social del Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de Salud, los ayuntamientos de la Isla, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el propio Cabildo de Gran Canaria.
Se pretende que la puesta en marcha de esta comisión permita reagrupar en centros de mayores dependientes de la Institución insular y del Gobierno regional, a los mayores procedentes de diversas residencias en las que haya que intervenir, como ya ocurrió en la residencia Trinidad y en el centro Timanfaya (Jesús Abandonado) cuyos usuarios quedaron en situación de desamparo. “No entiendo la postura de la consejera Isabel Guerra, quien parece no ser consciente de que los grupos políticos estamos obligados a entendernos y coordinarnos en situaciones de este tipo para tratar de resolver los problemas que plantean los ciudadanos. Me pregunto qué hizo la consejera socialista Isabel Guerra cuando gobernó en el Cabildo de Gran Canaria hasta el 19 de junio de 2011”, añade Francisco Santana.
Pelear por incluir Agüimes y Gáldar
El responsable de la Política Sociosanitaria en la Institución insular también se compromete a intervenir ante el Gobierno de Canarias, organismo competente en la firma del Convenio II de la Dependencia, para que se incluya la financiación de los centros de mayores
