viernes, 4 de julio de 2014

“El Gobierno regional estafa a los necesitados con sus medidas contra la exclusión”


Milagros Bethencourt (PP) afirma que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción dificulta el acceso a una ayuda social

“Con la Ley que proponen CC-PSOE, la prestación solo duraría un año, y quedaría fuera un 85% de los potenciales destinatarios”

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 4 de julio de 2014 / Políticas - PP / Gabinete de Prensa.

La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, manifestó hoy que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción que se debatirá la próxima semana en el Parlamento de Canarias, es una “estafa masiva del Gobierno de Canarias a los más necesitados, que empeora la situación actual y endurece el acceso a una prestación”.

Bethencourt anunció el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular “a esta Ley elaborada por el Gobierno de CC y PSOE, una de las medidas estrella de la famosa Estrategia contra la Exclusión, que llega con un año de retraso y no contiene acciones que verdaderamente combatan una tasa de pobreza que afecta a cerca de un 30% de la población”.

Según indicó la portavoz del PP en materia de Asuntos Sociales y Vivienda, la nueva norma reduce a un año la duración de la ayuda social, “e introduce muchas artimañas para dificultar el acceso”, y citó como ejemplo una Disposición Adicional Única según la cual “las ayudas quedarán condicionadas a la existencia de crédito, entendiéndose denegadas las que carezcan de cobertura presupuestaria”.

Milagros Bethencourt señaló que, con esta redacción, los créditos del Gobierno dejan de ser ampliables, por lo que no se podrá pagar ni una ayuda más si se termina el dinero previsto en los presupuestos: “Los 23 millones consignados para la PCI en 2014 se agotaron en junio, y con esta Ley no se podría recoger ni una solicitud extra, a pesar de haber cientos de familias en apuros”.

“De hecho –prosiguió- aunque hay más de 40.000 potenciales perceptores de una ayuda, solo daría cobertura a 6.079 solicitantes, lo que equivale a dejar sin esperanza alguna al 85% de las personas en emergencia social”.

“Es más, el Gobierno regional dice dar prioridad absoluta a las familias con menores a su cargo, y estamos de acuerdo en que se beneficie a los menores, pero hay otros muchos casos de emergencia social que no quedan cubiertos, como las personas con discapacidad, los mayores con tutela prorrogada o las personas dependientes”, añadió Milagros Bethencourt.

Solo 12 meses

Además, consideró “un disparate” que se elimine la renovación directa de la PCI, fundamental para que las familias beneficiarias puedan buscar un empleo: “Agotados los 12 meses de ayuda ya no hay dinero para estas personas, lo cual solo ahonda en la espiral de la exclusión y la pobreza”.

Para la diputada del Partido Popular, “son tantos los desaciertos de la nueva Ley de la PCI, que es fiel reflejo del fracaso rotundo de este Gobierno, que suspende en materia de educación, empleo, y desde luego en políticas sociales”.

La reforma de la Prestación Canaria de Inserción, además, llega al Parlamento con el informe desfavorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del propio Gobierno de Canarias, y sin tener en cuenta las aportaciones presentadas por los Colegios de Trabajadores Sociales, la Federación Canaria de Municipios. “Ni siquiera consta el informe del Consejo Económico y Social”, concluyó Bethencourt.

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