lunes, 9 de enero de 2012

Gran Canaria inicia en Holanda la gira promocional de la Isla en 2012

· Acude a la feria holandesa de turismo para consolidar su liderazgo regional

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de enero de 2012 \ Turismo / Gabinete de Prensa.

El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha culminado esta semana la presentación de los recursos que movilizará para la feria Vakantiebeurs, que se celebra en Ultrech (Holanda) la próxima semana. Para reforzar la presencia de Gran Canaria, el Patronato de Turismo de la Isla irá de la mano tanto de la Administración canaria como con Turespaña. Y es que el mercado holandés es uno de los segmentos de negocio que Gran Canaria quiere potenciar y donde es también líder. Vakantiebeurs es una de las ferias de turismo abiertas al público más grande del mundo y la de mayor relevancia para el sector en los Países Bajos.

El consejero grancanario de Turismo, Melchor Camón, se traslada esta semana a Holanda para fortalecer los acuerdos que hay con TUI Holanda, Thomas Cook y Oad Reizen. Además de la asistencia a la feria Vakantiebeurs, hay una serie de sinergias con Casita Travel, TUI Trade Event, OAD Travelicious y diversos profesionales especializados en turismo entre Holanda y Gran Canaria. El consejero de Turismo de Gran Canaria mantendrá encuentros con directivos de la Consejería Española de Turismo en Paises Bajos, que tiene su sede en La Haya.

Gran Canaria es un mercado que le presta especial atención al mercado holandés. En noviembre pasado, más de 13.383 turistas optaron por venir a esta Isla a descansar. En el acumulado de 2011, con un aumento del 35,64%, vino a Gran Canaria 217.487 turistas. De cara al invierno de 2012, se han colocado a la venta 76.871 plazas de avión, es decir, una cifra que se mantiene constante con respecto al invierno anterior. Los holandeses representan el 8,53% de los turistas llegados a la Isla en lo que va de temporada. Aunque las cifras no son muy llamativas en comparación con británicos y alemanes, el 47,5% de los holandeses que llegaron a Canarias lo hicieron a Gran Canaria. O sea: Gran Canaria es la Isla líder.

De los turistas llegados durante 2011, el 61,5% ya había estado en alguna ocasión en Gran Canaria. Esta cifra está por debajo de la media del total de turistas (69,1%). El 22,85% había estado sólo una vez, o sea, se trata de un mercado en expansión. La estancia media alta, cercana a los 10,5 días, cuando la media de todos clientes que vienen a Gran Canaria se ubica en los 9,5 días. El turista holandés que viene a Gran Canaria obviamente desea ver las playas de la isla y el colorido de sus zonas comerciales abiertas; pero se muestra especialmente interesado en la cultura y en las zonas menos conocidas de la Isla. El un turistas que gasta dinero en Gran Canaria fuera de los complejos hoteleros y extrahoteleros en los que se aloja. Así, el gasto medio de un turista holandés en Gran Canaria, a efectos del tercer trimestre de 2011, fue de 112,68 euros

Desde Holanda, venir de vacaciones a Gran Canaria es práctico. El Patronato de Turismo de Gran Canaria se ha esforzado en fortalecer la presencia de la Isla en aeropuertos de Ámsterdam, Rotterdam, Eindhoven y Groningen.

El Ayuntamiento acomete el arreglo de los muros del Paseo Marítimo de Bahía Feliz

Con 78.500 euros

El alcalde Marco Aurelio Pérez destaca la importancia de estas obras para la imagen de una urbanización destinada al turismo de familia


San Bartolomé de Tirajana, 09 de enero de 2012 / Obras Públicas / Gabinete de Prensa.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, y los concejales adscritos al área municipal de Vías y Obras, Fernando González Montoro y Saida Valido Suárez, visitaron este lunes las obras de reposición y mejora de los muros del Paseo Marítimo de Bahía Feliz.

Las obras, que se iniciaron hace aproximadamente dos semanas, las está acometiendo el Ayuntamiento con financiación propia por un montante de 78.453,51 euros.

Marco Aurelio Pérez explicó que se trata de reforzar los muros del Paseo que han sufrido el deterioro de pasados temporales marinos, sobre todo en tres zonas que han quedado muy descarnadas y en el aire, suponiendo un auténtico peligro para los transeúntes.

“Esta obra nos llena de satisfacción porque garantizamos la seguridad de los viandantes y usuarios de la playa y, también, porque ponemos en catálogo una zona turística muy importante para el municipio destinada al turismo de familia. Tenemos la obligación de dar una buena imagen de esta zona turística y de nuestro destino turístico”, afirma el alcalde.

El esfuerzo

Mientras se acometen las obras y para evitar peligros innecesarios para los viandantes, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Vías y Obras bajo responsabilidad de los concejales Fernando González y Saida Valido, ha procedido al vallado perimetral de las tres zonas afectadas.

Con las obras, adjudicadas por el Ayuntamiento a la empresa Construcciones y Transportes Tamarán S.A (Cotasa), se pretende construir nuevos muros de contención, ejecutados con hormigón armado; su relleno posterior y la restitución de las canalizaciones de alumbrado público, del vallado protector de madera y del pavimento del Paseo.

Las obras se iniciaron a mediados del pasado mes de diciembre y se espera que puedan estar concluidas en un plazo de dos meses.

Marco Aurelio Pérez destaca el esfuerzo de su gobierno en la zona de Bahía Feliz, “donde en el poco tiempo que llevamos ya se han acometido dos obras importes: el arreglo de estos muros del Paseo Marítimo, y la reposición y adecentamiento del paso peatonal a nivel elevado, sobre la GC-500”, que estuvo pendiente de arreglo durante casi dos años, después de que sufriera serios desperfectos por el impacto de la grúa de un camión.

El Cabildo muestra su disposición a apoyar proyectos novedosos de cooperativas que sean competitivas en el mercado actual

Las Palmas de GC, 09 de Enero de 2012 / Cabildo Insular - Industria / Gabinete de Prensa.

El Cabildo de Gran Canaria explora la posibilidad de apoyar la creación nuevas cooperativas que sean viables y competitivas en el mercado actual como una nueva medida para lograr el desarrollo económico de Gran Canaria.

El vicepresidente primero del Cabildo grancanario y consejero de Industria, Comercio y Artesanía, Juan Domínguez, y el consejero de Empleo, Matías Campos, se comprometieron hoy con el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Gran Canaria, Antonio Pérez, y otros representantes del sindicato, a explorar nuevas vías de colaboración encaminadas a apoyar este tipo de iniciativas coincidiendo con el Año Europeo del Cooperativismo y el apoyo que desde la institución insular se hace al autoempleo.

Domínguez explica que la Corporación grancanaria está abierta a estudiar la posibilidad de apoyar proyectos de cooperativismo siempre que sean viables y competitivos con el mercado actual, y se trate de iniciativas autosostenibles que no dependan de la Administración insular.

En ese sentido, la propuesta de Comisiones Obreras de colaborar para la creación e impulso de cooperativas en los sectores de los servicios domésticos y de la agricultura que permita elevar la calidad del producto y poner en valor suelo agrícola en desuso, supondrá –en el caso de llevarse a cabo finalmente- una primera experiencia que servirá posteriormente de base para establecer otras líneas de colaboración con otros agentes sociales y económicos de Gran Canaria.

Juan Domínguez recalca que la intención de la Corporación grancanaria es la de crear una verdadera economía social sustentada en la viabilidad y la competitividad, por lo que está abierta a estudiar todas aquellas iniciativas que paralelamente a las acciones que se están desarrollando en materia de creación de empleo y apoyo a las pymes, contribuyan al desarrollo económico y social de la Isla.

Patronal y sindicatos se ven hoy las caras para evitar que el Gobierno decrete

NOTICIAS

Búsqueda de un acuerdo 

Madrid, 09 de enero de 2012 / Acuerdos Sindicatos y Empresarios / El Mundo.

Los máximos dirigentes de CCOO, UGT y CEOE, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Juan Rosell, respectivamente, se reunirán este lunes para "darle un tirón" a las conversaciones sobre la reforma laboral, según han confirmado fuentes cercanas a la negociación.

Sindicatos y patronales tratan así de seguir acercando posturas en aquellos temas sobre los que aún mantienen diferencias, pues en otros tienen ya prácticamente cerrados acuerdos, como en el caso de la solución extrajudicial de conflictos, el traslado de algunos festivos al lunes, y la lucha contra el absentismo laboral injustificado.

La negociación colectiva, especialmente lo referente a cómo evolucionarán los salarios en los próximos años, y la contratación son los temas que parecen estar haciéndose más cuesta arriba.

Lo cierto es que, en principio, esta semana termina el plazo dado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que sindicatos y empresarios le presenten un acuerdo para reformar el mercado laboral.

El Ejecutivo tiene intención de dar salida a esta reforma en el primer trimestre del año y ya ha advertido de que, si no hay acuerdo social, legislará. 

El freno al salario mínimo agrava las cuentas de la Seguridad Social

La medida supone congelar más de dos millones de cotizaciones - El sistema deja de ingresar 50 millones por cada punto que no sube la renta mínima

Madrid, 09 de enero de 2012 / Economía / El País.

El alivio de los empresarios ante la congelación del salario mínimo es casi idéntico al perjuicio que la medida causa a las arcas de la Seguridad Social. La primera medida laboral del Gobierno del Partido Popular exime a las empresas de elevar los sueldos este año a unas 134.000 personas, los perceptores directos del salario mínimo, según el Ministerio de Empleo. Pero, al mismo tiempo, empeora la ya adversa evolución de los ingresos del sistema, pues más de dos millones de trabajadores tienen las cotizaciones ligadas al salario mínimo. Las estimaciones más bajas de la anterior Administración calculan que la Seguridad Social deja de ingresar unos 50 millones (21 directamente de quienes cobran el salario mínimo) por cada punto que no sube esta renta.

Las pensiones crecen más que las cotizaciones y los sueldos desde 2000


En España la renta de jubilación pesa el 81% sobre el último salario percibido

Pero las consecuencias sobre las arcas del sistema son mayores. Aunque la congelación afecta a muy pocos trabajadores directamente, la suerte del salario mínimo provoca una especie de efecto mariposa. Muchos conceptos retributivos de los convenios están ligados a esta renta, al igual que todas las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social.

El colectivo que más se beneficia de la congelación son los autónomos. El 84% de ellos cotiza por la base mínima, según un reciente informe de Empleo, lo que eleva a 1,6 millones los miembros de este colectivo que aportarán al sistema lo mismo que en 2011. Si se suman las casi 300.000 empleadas de hogar registradas, cuyos empleadores suelen cotizar por el mínimo, y los perceptores del salario mínimo (o de otras retribuciones que también se rigen por la base menor) se obtiene que más de dos millones de personas ven congelada su cuota.

Más allá de esos suelos, está por ver qué ocurrirá con el resto de bases de cotización en 2012. El año pasado subieron un 1% y, al prorrogarse los Presupuestos, permanecen intactas. Si el Gobierno decidiera mantenerlas así cuando presente las nuevas cuentas del Estado, en marzo, los apuros económicos de la Seguridad Social aumentarían.

Los números rojos, los primeros desde 1999, que alcanzó el sistema en 2011 (668 millones de euros, según el avance del Gobierno), ponen de manifiesto unos desequilibrios acumulados durante los años de auge económico, al margen del problema coyuntural que provoca la destrucción de empleo que arrancó en 2008. La pensión media ha crecido en los últimos 12 años por encima de lo que lo han hecho el salario y la cotización media (véase cuadro). Y esa disociación resulta, a la larga, insostenible. No obstante, el déficit actual del sistema no implica un riesgo de impago de las prestaciones. Existen recursos más que suficientes (tesorería, excedentes de las mutuas y, en última instancia, el Fondo de Reserva) para hacer frente a las pensiones.

2012 amenaza con ahondar la brecha. El año ha arrancado con una revalorización (modesta, pero revalorización) de las pensiones. Esa pequeña mejora, del 1%, unida a que las prestaciones son cada vez más numerosas y elevadas, provocará una importante subida del gasto en pensiones (en diciembre fue del 4,7% anual, a pesar de la congelación impuesta en 2011). Y si la inflación se desvía de ese 1% inicial, el Ejecutivo restituirá el poder adquisitivo perdido, garantizado por ley.

Por el otro lado, el de los ingresos, la balanza estará descompensada. Más allá del salario mínimo, las remuneraciones de convenio tienen muchas posibilidades de crecer menos que los precios, según el pacto salarial que negocian patronal y sindicatos para los próximos años y en el que la CEOE pide congelación. Así es que la única baza que le quedaría a la Seguridad Social para remontar sería una reactivación del empleo, algo que de momento no contempla casi nadie; tanto la OCDE, que agrupa a las 30 economías más ricas, como el Fondo Monetario Internacional, contemplan para España un mayor deterioro del empleo en 2012.

Una de las consecuencias de esa mayor generosidad de las pensiones respecto de los salarios se traduce en la escasa diferencia que existe de media entre unos y otros para una misma persona, según datos de la OCDE. La cuantía que representa la pensión bruta de un trabajador con ingresos medios sobre su último sueldo percibido alcanza en España el 81%, el séptimo valor más elevado de los países que componen esta organización. El porcentaje, sin duda, irá bajando a medida que se aplique la reforma de las pensiones, que aumenta progresivamente los años que se tienen en cuenta para calcular la prestación.

Los comerciantes piden la supresión de las comisiones al pagar con tarjeta Impuestas por las entidades financieras

Madrid, 09 de enero de 2012 / Economía / El Mundo.

La patronal de comercio COCEM, que representa a más de 50.000 establecimientos comerciales y está integrada en la CEOE, exige al Gobierno que las entidades financieras eliminen las comisiones cuando se cobra con tarjeta, según ha anunciado en un comunicado.

La petición se formula después de que el Gobierno de Mariano Rajoy anunciara la limitación del pago con dinero en efectivo en compras superiores a los 1.000 euros, en una medida que pretende luchar contra el fraude fiscal. El ejecutivo pretende así aflorar parte de la economía sumergida que se lleva a cabo a través de estas operaciones.

El presidente de COCEM, Hilario Alfaro, explica que "con esta medida los comercios van a verse perjudicados porque tendrán la obligación de pagar a las entidades financieras un porcentaje de sus ventas".

Añade Alfaro que "es injusto que seamos los comerciantes quienes asumamos este gasto en beneficio de los bancos, en un momento en el que el sector del comercio está sobreviviendo con grandes esfuerzos".

Por otro parte, desde COCEM se señala que "si en España estuviera perseguido y penalizado el pago con cheques sin fondos, podríamos tener esta alternativa como medio de pago".

Una multinacional tributa por Sociedades al mismo tipo que un contribuyente medio

El gravamen de una compañía que ingresa 1.000 millones asciende al 17%

Madrid, 09 de enero de 2012 / Economía / Cinco Días.

Un contribuyente con una base imponible de 33.000 euros tributa por IRPF a un tipo efectivo del 16,3%, un gravamen similar al que aplica una empresa con una cifra de negocios superior a 1.000 millones en el impuesto sobre sociedades, según los últimos datos disponibles de Hacienda que corresponden a 2009.

El impuesto sobre sociedades es el tributo en el que mayores diferencias se producen entre el gravamen nominal y el efectivo, es decir, el tipo que se aplica una vez descontados los beneficios y deducciones fiscales.

De hecho, formalmente, el impuesto sobres sociedades, al igual que el IRPF, es progresivo. La legislación contempla que las pymes apliquen tipos menores que las grandes empresas. Sin embargo, las múltiples deducciones revierten esta tendencia de tal modo que, en la práctica, a medida que aumenta el tamaño de una empresa, menores impuestos paga en términos relativos. Una pequeña empresa con una cifra de negocio que no alcance los seis millones de euros tributa al 20%, mientras que una gran compañía que ingrese más de 1.000 millones lo hace al 16,9%. En este sentido, el PSOE incorporaba en su programa electoral propuestas para cambiar esa situación. La exvicepresidenta Elena Salgado propuso, sin llegar nunca a concretarlo en una ley, una reforma de un tributo que ha sufrido una merma en su recaudación del 68% desde 2007. En cualquier caso, el Plan General de Control Tributario que el Gobierno de Mariano Rajoy anunció el viernes y aprobará en breve, incluirá propuestas para "evitar abusos en el impuesto sobre sociedades".

Sin citarlo, Hacienda apunta directamente a las grandes compañías, y especialmente a los grupos consolidados, es decir, los conglomerados empresariales que tributan como una sola sociedad. Los inspectores de Hacienda llevan años reclamando, entre otras medidas, que se limiten los gastos financieros deducibles por préstamos entre empresas de un mismo grupo empresarial.

El impuesto sobre sociedades en España se caracteriza por mantener un tipo oficial muy alto (30%), que se compensa por los numerosos beneficios fiscales que contempla la legislación. En un cajón de la Agencia Tributaria existe un proyecto de reforma del tributo que contempla una rebaja del tipo nominal y una reducción de deducciones. La propuesta, que ordenó elaborar el anterior Gobierno, nunca llegó a debatirse en el Consejo de Ministros.

El único de los grandes tributos que no ha sufrido un incremento de tipos desde que se inició la crisis es el impuesto sobre sociedades. Es más, el anterior Gobierno rebajó en cinco puntos el tributo para las microempresas que conservaran su nivel de empleo. Una medida que el Ejecutivo de Rajoy mantendrá.

En cambio, las rentas del trabajo y del ahorro han sufrido la mayor parte de los incrementos de impuestos. En cualquier caso, al comparar los gravámenes entre el IRPF y el impuesto sobre sociedades hay que tener en cuenta que el impuesto por renta se aplica sobre los ingresos, mientras que por sociedades solo grava los beneficios empresariales.

El deterioro de la economía explica parte de la caída de la recaudación. Los últimos datos de Hacienda de 2010 indican que solo el 32,8% del casi millón y medio de compañías que tributan por sociedades obtuvo una base imponible positiva. Ante esta situación, un incremento del tributo que grava los beneficios empresariales tendría una capacidad recaudatoria limitada.

En 2007, último año del ciclo expansivo de la economía española, los ingresos derivados del impuesto sobre sociedades supusieron el 22,3% de la recaudación tributaria total de la Administración central. En el caso del IRPF, el porcentaje alcanzó ese mismo ejercicio el 36,2%. A día de hoy, la recaudación por sociedades ha caído en picado y equivale al 9,6% del total. Mientras que el IRPF, a pesar del incremento del paro, ha seguido el camino contrario y ya supone el 43% de los ingresos fiscales. Este aumento se explica porque el Ejecutivo socialista logró mantener la recaudación por IRPF a través de medidas como la eliminación parcial de la rebaja de 400 euros, la subida de tipos a las rentas altas y a los rendimientos del ahorro o la supresión del llamado cheque-bebé.

Así, la financiación del Estado y de las comunidades autónomas, que reciben el 50% de los ingresos por IRPF, se cimienta, sobre todo, en las rentas del trabajo y del ahorro. El IVA, que grava el consumo y que, en principio, es un impuesto neutro para las compañías, supone el segundo gran tributo por ingresos fiscales.

Más presión fiscal

La tendencia de los últimos años se mantendrá en el corto plazo y el IRPF seguirá ganando peso después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobara en diciembre la mayor subida fiscal en el impuesto sobre la renta de la democracia. A diferencia de su antecesor, Rajoy incrementó los tipos para todos los tramos de renta. La subida, bautizada por el Gobierno como un "recargo temporal de solidaridad" llega hasta el 7% para las bases liquidables superiores a 300.000 euros. Con esta medida, Hacienda prevé recaudar 4.111 millones de euros.

Así, el tipo efectivo en el IRPF se incrementará notablemente en los dos próximos ejercicios. El Ejecutivo asegura que el aumento del impuesto sobre la renta será temporal. A efectos prácticos, para los asalariados supondrá un descenso de su sueldo neto. Las rentas entre 20.000 y 30.000 euros perderán entre 80 y 250 euros de poder adquisitivo al año. Por otra parte, la presión fiscal también avanzará para los rendimientos del ahorro. Hasta 6.000 euros, las plusvalías tributarán al 21% y entre 6.000 y 24.000 euros, se aplicará un tipo del 25%. A partir de ese nivel, Hacienda se llevará el 27% de los beneficios.

La cifra

42,9% es el porcentaje que representan los ingresos por IRPF sobre el total de la recaudación de la Administración central. El impuesto sobre sociedades no alcanza el 10%.

Hacia una base armonizada en la UE

Establecer un impuesto sobre sociedades armonizado en la UE es una vieja propuesta que lleva más de 10 años apartada de la agenda política comunitaria.

Ahora, la Comisión Europea, presionada por Alemania y Francia, ha decidido poner en marcha la lenta maquinaria política para fijar un tributo armonizado sobre los beneficios empresariales. Ello no significa que todos los Estados miembros establezcan un mismo tipo nominal. El objetivo es que los cálculos para determinar la base imponible se igualen en toda la Unión Europea. Cualquier avance en fiscalidad requiere de la unanimidad de los Estados miembros, lo que dificulta que se apruebe en un plazo breve de tiempo esta iniciativa.

La medida tiene el apoyo de los grandes grupos multinacionales. Actualmente, una compañía que cuente con distintas filiales en países de la UE debe presentar una declaración de impuesto sobre sociedades en cada una de las Administraciones tributarias donde opera. Con una base armonizada, esta carga administrativa se reduciría, ya que la empresa solo presentaría una declaración en la Hacienda del país donde tenga ubicada la matriz.

Las 17 auditorías que necesita España

La crisis, que en los últimos meses ha colocado a la empresa España S.A. al borde de la bancarrota, exige un benchmarking interno para comprobar cuáles Administraciones son las imprescindibles y cuáles no.

Madrid, 09 de enero de 2012 / Fiscal - Crisis / Expansión

Benchmarking es un término anglosajón que define la comparación de distintos productos, servicios y métodos de trabajo para saber cuáles son los mejores y más eficientes. La evaluación puede realizarse comparando empresas de un sector o incluso diferentes departamentos dentro de una misma compañía.

El pasado jueves, el Gobierno anunció un escrutinio detallado de las empresas públicas, en especial las dependientes de las comunidades autónomas, ya que deben eliminarse 445 de éstas. En total, los entes estatales, autonómicos y locales superan los 4.000, contribuyendo a un déficit y una deuda que despiertan los recelos de los que quieren invertir en España S.A.

Sin embargo, pese a la perentoria necesidad de estos recortes, el abrumador poder del PP en casi todos los estamentos del país supone una oportunidad única para plantearse de una vez por todas lo razonable de mantener 17 miniestados cuyos tentáculos invaden las competencias del Estado central. Según un informe de UPyD, las duplicidades y redundancias generadas por los cuatro escalones administrativos del país cuestan 32.300 millones de euros al año.

Además, los aproximadamente 120 tribunales, agencias, observatorios y órganos consultivos repartidos por las regiones han fomentado un paraíso de despachos, ventanillas y documentos.

Las propuestas de ajuste no obedecen a un debate partidista y las críticas (por lo general, documentadas) proceden de todos los frentes políticos. Al citado informe de UPyD se añade otro elaborado por FAES (de clara vinculación al PP) titulado Por un Estado autonómico racional y viable, que defiende grandes acuerdos para reformar la Constitución y redefinir el engranaje nacional.

Algunos peces gordos del PSOE también se han pronunciado al respecto. El pasado 29 de agosto, el entonces presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, tildó de “disparate” que existan “17 defensores del pueblo, 17 consejos económicos y sociales, 17 defensores del mayor y del menor, 17 consejos consultivos, 17.000 televisiones públicas” y demás organismos.

Por su parte, tanto el expresidente del Gobierno Felipe González como el candidato socialista a las últimas elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, han pedido varias veces la supresión de las diputaciones provinciales.

Pero, con algunas excepciones tras los duros recortes emprendidos en los últimos meses en varias regiones (Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña), la mayoría de las estructuras orgánicas permanecen, de momento, inmarcesibles.

Órganos consultivos

Además de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), órgano estatal que vela por el buen cumplimiento de las reglas del mercado, casi todas las autonomías cuentan con su propio Tribunal de Defensa de la Competencia.

Lo mismo sucede con el Tribunal de Cuentas, creado para revisar los balances de los órganos públicos y sufragado con 62 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado. Tiene clones repartidos por todo el país, aunque en la mayoría de las regiones se les conoce como Sindicatura de Cuentas.

No obstante, la eficacia de éstas despierta algunas dudas. El Tribunal central, presidido por Manuel Núñez, reveló recientemente al informar sobre el uso de subvenciones a pymes que “entre las justificaciones de gastos presentadas por las comunidades autónomas y por el Ayuntamiento de Barcelona existen importes elevados dedicados a comidas, cátering y conferenciantes”.

Es decir, que no fueron las Sindicaturas las que alertaron sobre este despilfarro en sus respectivas regiones, sino la Administración central.

De forma similar, el Defensor del Pueblo dispone de réplicas a su imagen y semejanza, aunque en el plan de recortes aprobado el pasado septiembre el Gobierno de Castilla-La Mancha (PP) suprimió tanto este organismo como el Consejo Económico y Social, otra instancia reproducida por las comunidades con el CES central como modelo. De momento, ningún otro presidente autonómico ha imitado en este sentido a María Dolores de Cospedal.

Los gobiernos regionales, asimismo, albergan departamentos casi iguales entre sí como los Institutos de Estadística (que compiten con el INE), los observatorios de inmigración y de igualdad, las agencias de protección de datos o las agencias de consumo, estas últimas en clara competencia con el Instituto Nacional del Consumo o el Consejo de Consumidores y Usuarios. Por no hablar de las incontables televisiones autonómicas y locales, que cuestan casi 2.000 millones por año.

Esto tiene un impacto directo en las cuentas. Por ejemplo, más de la mitad de los 3,2 millones de funcionarios del país trabaja para las comunidades: 1,7 millones de personas. Un análisis de la Fundación BBVA indica que uno de cada cinco euros de los salarios que se pagan en toda una comunidad va a parar a trabajadores de su Administración.

Municipios

Un cálculo elaborado el pasado abril por el Círculo de Empresario cifró en 22.000 millones de euros anuales el coste de las diputaciones provinciales. En concreto en España hay 41 diputaciones, 3 diputaciones forales, 4 consejos y 7 cabildos insulares. Son administraciones intermedias entre las comunidades y los ayuntamientos.

España cuenta con 8.114 municipios, de los que un 60% tiene menos de 1.000 habitantes. Entre las propuestas de ahorro del Círculo figuraba la fusión de consistorios, una medida que adoptó Italia este verano al eliminar 34 provincias y 1.500 ayuntamientos.

UPyD va más allá y propone recortar nada menos que 16.000 millones de euros mediante la unión del 95% de municipios españoles: en concreto, que se fusionen los 7.370 que cuentan con menos de 10.000 ciudadanos.

Sector exterior

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) gastó en 2011 186 millones de euros en promocionar a las empresas españolas en otros países. Pero para las comunidades esto no parece suficiente y sólo quieren representarse a sí mismas, por lo que han creado más de 300 embajadas comerciales: oficinas, técnicos, programas de colaboración, etcétera.

El coste conjunto de organismos de promoción exterior como ACC1Ó (Cataluña), Igape (Galicia), Extenda (Andalucía) o Ivex (Comunidad Valenciana) oscila entre los 300 y los 400 millones de euros.

En el informe de UPyD titulado El coste del Estado autonómico, el diputado por Madrid Ramón Marcos Allo critica así este sistema: “¿Cuál sería la imagen que tendríamos si de repente el Estado de Texas abre Embajada en Madrid y dicen ‘esto no tiene nada que ver con la Embajada de EEUU?’ ¿Realmente eso mejoraría su imagen en España y las ganas y garantías de nuestros empresarios de invertir allí?”.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, recomendó esta semana a las autonomías que integraran sus delegaciones comerciales en las embajadas españolas.

Universidades

En España existen 50 universidades públicas, que emplean en total a 100.000 personas y reciben 6.700 millones de euros de presupuesto. No obstante, no parece que esta proliferación de centros contribuya al éxito formativo. De todas las universidades públicas del país, sólo diez están entre las 500 mejores del mundo, según la clasificación académica mundial conocida como Ránking de Shanghai.

Por este motivo, el anterior Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, dejó abierta una puerta legal para que en el futuro estas instituciones puedan fusionarse, al estilo de las cajas de ahorros.

Inmuebles

La Administración central también podría apretarse el cinturón. Un estudio de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman señala que si el Estado vendiese el 34% de sus edificios (muchos de ellos infrautilizados), se podrían ahorrar 14.000 millones de euros.

Deuda

La red de sociedades y fundaciones sirven como trastero donde las autonomías y los ayuntamientos acumulan buena parte de la deuda que después no consta en los datos oficiales. Desde el inicio de la crisis en 2007 cada nueva empresa pública ha sumado hasta la fecha 90 millones de endeudamiento al erario público. O sea, 10.000 millones en todo el país en los últimos cuatro años.

Los europeos mayores de 80 años se triplicarán en el 2050

Madrid, 09 de enero de 2012 / Articulo / Gabinete de Prensa.

El Parlamento Europeo ha de mostrarse conforme, oficialmente, a la “Alianza de las Familias” para luchar contra el imparable descenso demográfico. La Unión Europea pretende afrontar el drama de natalidad que sufre el Viejo Continente.

Se ha despertado la sensibilidad hacia los enigmas de la familia y la urgencia de alzar la tasa de nacimientos. Diversas investigaciones apuntan a que el número de europeos mayores de 80 años se triplicará en el año 2050. Por otra parte, la ministra germana de Familia, Mujer, Juventud y Mayores y presidenta del Consejo de Asuntos Sociales de la Unión Europea, aseveró que: “Unas políticas familiares activas desempeñan un papel esencial en el contexto de un verdadero desarrollo demográfico… Los estudios internacionales nos muestran que las medidas en favor de una eficaz política familiar, pueden crear un marco de trabajo para la gente joven que desea tener hijos, que les permita ser capaces de realizar ese deseo”.

Tras la decisión del Consejo Europeo de aceptar la iniciativa pro familia, es el momento de que las asociaciones que apoyan a la familia trabajen a fondo para que las declaraciones se concreten en realidades políticas con memoria económica y la dotación de los presupuestos necesarios.

Algunas de estas asociaciones familiares ya han comenzado a trabajar en la sede del Parlamento Europeo. En el caso del Instituto de Política Familiar (IPF), cuyo informe sobre la evolución de la familia en Europa comienza a ser un referente entre los eurodiputados.

Por otra parte, el Parlamento Europeo publicó una comunicación en la que se solicitaba a los Estados miembros promover políticas orientadas para acrecentar la tasa de natalidad. Se trata de proporcionar a los jóvenes europeos ayudas para que pudieran engendrar los hijos que desearan tener, conciliando su vida familiar y laboral.

Según el informe anual sobre la situación de la familia del IPF, en la Unión Europea se produce un aborto cada 25 segundos, siendo ésta la principal causa de mortalidad en Europa. Por lo tanto, el crecimiento de la población europea se debe a la inmigración, que se ha convertido en la base del crecimiento poblacional en la mayoría de los países que conforman la Unión Europea.

(*) Presidente del Instituto Europeo de Marketing

El doctor en Historia y escritor Mariano Gambín recibe el premio Rumeu de Armas de El Día por un trabajo de investigación en el Sahara

El recién galardonado cuenta con varios premios como historiador y ha escrito dos novelas, Ira Dei y El círculo platónico, de gran éxito de ventas

Santa Cruz de Tenerife, 9 de enero de 2012 / Reconocimiento / Gabinete de Prensa.

El doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, escritor y abogado, Mariano Gambín, recibe el XXXIX Premio de Investigación Histórica Antonio Rumeu de Armas, que concede el periódico El Día y que, en esta ocasión, ha distinguido el trabajo de investigación que recientemente ha realizado Gambín sobre la torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña, levantada a finales del siglo XV en el Sáhara y que constituye la huella más antigua de los canarios y de los castellanos en Marruecos, según indica su autor.

Gambín, quien también, o especialmente, es conocido en el mundo editorial por el éxito de sus dos novelas de ficción Ira Dei y El círculo platónico que forman parte de la llamada Trilogía de La Laguna, ha realizado un importante trabajo de campo que le ha llevado a “descubrir” la olvidada, y cuasi enterrada por la arena del desierto, torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña, que ubicada en la costa marroquí de Berbería fue levantada en 1496 como enclave comercial, según apunta el trabajo de investigación de este doctor en Historia.
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Es por este trabajo de investigación que ahora este historiador recibe uno de los premios con más arraigo de la Isla y que lleva el nombre del prestigioso historiador santacrucero Antonio Rumeu de Armas, fallecido en Madrid en 2006 y cuya obra ha sido siempre un referente constante en la labor de investigación de Mariano Gambín, quien ya ha sido dos veces premiado por el Cabildo de Gran Canaria por sendos trabajos sobre la Historia de Canarias.

En la actualidad, junto con su trabajo como abogado, Mariano Gambín escribe la tercera entrega de la Trilogía de La Laguna; promociona sus dos primeros libros, publicados en la editorial Oristán y Gociano Editores, cuyo éxito los han convertido en dos de las novelas de ficción más vendidas en Canarias en los últimos años y sigue con sus trabajos como historiador.