viernes, 15 de abril de 2011

Carmelo Padrón, Catedrático de Arquitectura Legal de la ULPGC (director del III Congreso Canario de Derecho Urbanístico)

Sobre el caso Majanicho afirma que está “intentando colaborar con el Ayuntamiento de La Oliva para intentar minimizar el impacto de todo tipo que supone” y que “necesitamos la máxima transparencia en cuanto a la ejecución de la sentencia”


“Espero que el Gobierno de Canarias destine la mayor parte de los fondos del próximo presupuesto a ordenamiento en aquellos sitios donde la situación es preocupante, que son los municipios turísticos”, afirma

Fuerteventura, 15 de abril de 2011 | Jornadas - Urbanismo |Gabinete de Prensa.

Carmelo Padrón ha moderado en el día de hoy viernes, 15 de abril, una mesa en la que se ha debatido acerca de un tema polémico en los últimos tiempos: la supresión de los convenios urbanísticos. Sobre la anulación del Tribuanl Supremo del plan parcial de Majanicho, Padrón, autor del último informe de esta urbanización, cuyas viviendas están ya construidos, Padrón ha afirmado que está “intentando colaborar con el Ayuntamiento de La Oliva para intentar minimizar el impacto de todo tipo que eso supone. Tienen que adoptar los acuerdos de ejecución de la sentencia. Hasta donde yo tengo conocimiento, la sala se ha dirigido al Ayuntamiento para la ejecución de la sentencia. Los autores tienen que volver al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y solicitar al Ayuntamiento que ejecute la sentencia. El Ayuntamiento lo puede hacer desde ya y por tanto tiene que tomar conocimiento de la sentencia y tener por anulado el acuerdo de aprobación del plan parcial”, explicó.

“Estoy también intentado explicar que ese acuerdo tiene que publicarse porque necesitamos la máxima transparencia en cuanto a la ejecución de la sentencia. Cuando esté ejecutada habrá que dar el paso siguiente. El Planeamiento que clasifica el suelo sigue estando en vigor y el TSJ anuló el plan de Majanicho porque no se puede aprobar un plan parcial hasta que no esté en vigor el planeamiento general que le da cobertura. No vale con que esté aprobado, sino que tiene que estar en vigor. En este caso, el ayuntamiento se anticipó con la aprobación del plan parcial. No hay ningún recurso con relación a la clasificación del suelo como urbanizable”, prosiguió.

“Quiero recordar cómo la anterior alcaldesa, Claudina, a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, llevó a cabo la puesta en conocimiento del registro, para que los ciudadanos lo conocieran. También la anterior alcaldesa decidió no recurrir. Quien recurrió al ayuntamiento fue la promotora y lo perdió. Ahora toca ejecutar la sentencia”.

“Vean el debate sobre las irregularidades de las actuaciones que ha supuesto que se hayan anulado muchas licencias en la isla de Lanzarote. Es una cuestión que no se va a resolver al día siguiente. Canarias tienen en estos momentos muchos problemas que tiene que tomar en consideración y ejecutar sentencias que anula planeamientos y licencias. No es un problema exclusivo de La Oliva, que tiene muchos problemas con planeamientos que han sido anulados”, prosiguió.

Las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote están llenas, en cuanto a planeamiento, de inseguridades jurídicas, según afirma. “Vivimos del sector turístico. No es bueno para Canarias esta incertidumbre en la que estamos. Espero que el Gobierno de Canarias destine la mayor parte de los fondos del próximo presupuesto a ordenamiento en aquellos sitios donde la situación es preocupante, que son los municipios turísticos”, concluyó.

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