Gran Canaria (Canarias), 2 de mayo de 2015 / Viviendas - PAH STOP DESAHUCIOS GRAN CANARIA / Gabinete de Prensa.
En GRAN CANARIA hay alrededor de unos 15000 y 20000 demandantes de vivienda, tanto para acceder a su 1a vivienda como por necesitar cambiar de vivienda habitual en los próximos 4 años. Y en un alto porcentaje no sólo no
puede acceder con los precios de mercado sino que pasa por fuerte dificultad económica. Con todo esto se disminuye la población joven quienes, sino se remedia, acabarán fijando su residencia en el extranjero. La gran cantidad de viviendas vacías tanto públicas como privadas, así como la escasa inversión pública en política de empleo digno, no pueden ser nuestra referencia para esta GENTE SIN CASA!
Por otro lado, según datos oficiales del INE-2011, en Gran Canaria hay casi 40.000 viviendas vacías (no son ni 2a residencia), CASAS SIN GENTE. Y teniendo en cuenta que en los años posteriores hasta el momento actual, han
aumentado de forma vertiginosa, a raíz de todos las ejecuciones hipotecarias y lanzamientos que se han practicado a lo largo de estos años, así como de todas aquellas promociones que quedaron sin vender por parte de las grandes promotoras y constructoras. Se calcula que hay 130.000 viviendas vacías en Canarias en la actualidad, tan solo en el año 2014 se contabilizaron 4.298 desahucios de los cuales 2.042 fueron por ejecución hipotecaria y 2.086 por
impago de alquiler, produciéndose un desahucio cada pocas horas.
Tabla de datos de viviendas vacías del INE- año 2011
DATOS INE-2011
MUNICIPIOS No VIVIENDAS VACIAS
Agaete 321
Agüimes 1750
La Aldea 312
Las Palmas de Gran Canaria 29604
Arucas 2463
Firgas 366
Galdar 1715
Ingenio 1603
Mogan 1015
Moya 867
San Bartolomé de Tirajana 1979
Santa Brígida 95
Santa Lucia de Tirajana 4405
Santa Maria de Guía 1010
San Mateo 430
Tejeda 32
Telde 7062
Teror 932
Valleseco 100
Valsequillo 768
Artenara 0
Por ello y cercano al modelo europeo nuestra propuesta se encamina decididamente por el alquiler asequible. Para ello, la puesta en el mercado de alquiler de la mayor cantidad posible de viviendas vacías -tanto privadas como
públicas-, es un paso lógico y decisivo hacia un horizonte final donde el alquiler social sea universal, frente el negocio que un modelo especulativo ha explotado en estas décadas sobre un derecho básico. Tienes derecho a una vivienda digna y asequible, y a que se redistribuyan en la comunidad las plusvalías que genere la acción urbanística, para que no destines más del 30% de tu renta en pagar tu techo. SÍ SE PUEDE, ES NECESARIO Y ADEMÁS ES JUSTO, o podemos seguir engordando a la banca sin contraprestación.
COMPROMISOS GENÉRICOS
1.- Dación en pago retroactiva, moratoria de todos los desahucios y alquiler social.
2.- Creación de un parque público de viviendas a través de pisos vacíos en manos de entidades financieras y grandes tenedores de viviendas (grandes promotoras y constructoras). Las entidades financieras deberán destinar a alquiler social todas las viviendas que sean necesarias para garantizar el acceso universal a una vivienda digna en tanto el parque público no llegue a cubrir estas necesidades.
3.- Mecanismos contra la pobreza energética que garanticen el acceso a los suministros básicos de luz y agua.
Prohibición de los cortes de suministros debido a impagos, en familias que se encuentran en exclusión social.
CUESTIONES IMPRESCINDIBLES
1. Realización de una auditoría seria de vivienda vacía en GRAN CANARIA, con su estado y disposición para alquiler.
Tras esta primera auditoría, se mantendrá un registro público de viviendas públicas y privadas vacías, con su expediente municipal asociado.
2. Potenciar la oficina municipal de Apoyo al Alquiler (creándose y optimizando los planes de alquiler existentes en los diferentes municipios de la isla y evitando duplicidades con el mismo), que garantice a los particulares el cobro
del alquiler, el estado del inmueble y su defensa jurídica de forma estable, a cambio de que el importe de la renta mensual se adapte a la realidad de los ingresos de las familias de Gran Canaria, es decir, alquileres acordes a la situación actual económica. Se reforzará con el plan de rehabilitación municipal.
3. Poner absolutamente todas las viviendas de VISOCAN a disposición de la ciudadanía en precario, con adjudicaciones con mayor transparencia y carácter social.
Esto NO es posible hacerlo a medias y debe sustentar junto con otro pilar público básico: la promoción de un EMPLEO suficientemente remunerado e igualitario.
Con este punto de partida, se adoptarán las siguientes medidas:
4. Municipios/ Isla oficialmente libre de desahucios:
4.1 Ante entidades financieras:
Soporte a los afectados y mediación del Ayuntamientos – Cabildo y Parlamento, tanto a nivel técnico y jurídico como a alto nivel político, para lograr junto a la PAH paralizar todos los desahucios y facilitar una resolución del problema vía refinanciación o alquiler social.
4.2 Ante alquileres:
Se revisará el baremo de ayudas al alquiler social para, allí donde el plan municipal de alquiler no fuera suficiente:
Subvencionar el alquiler de vivienda habitual a familias con ingresos inferiores a 15.000€, por un tiempo de hasta 4 años si se mantiene el riesgo de exclusión social. Para que vayan a mejor fortuna, participarán obligatoriamente en un plan integral de intervención social y de empleo.
Dentro de estas familias por debajo del mileurismo (buena parte de ellas con un subsidio de 426€), se fijarán colectivos preferentes como mujeres maltratadas, viudos o monoparentales con varias personas a cargo, mayores de 45 años con baja empleabilidad... para estipular el importe de la subvención, quizás 00€/mes, que será destinada al alquiler.
4.3 Priorizar el riesgo de exclusión social por desahucio de vivienda habitual en el baremo para optar a los cursos remunerados de formación que organice/coorganice el Ayuntamientos – Cabildo y Parlamento, y solicitar lo mismo al SEPE.
4.4 Dotación inmediata y transparente de un numero de viviendas de emergencia , acorde al número de población de cada municipio , para familias desahuciadas o con orden de desahucio y sin una alternativa habitacional digna, si no se consiguiera un alquiler social a través de la entidad bancaria o del fondo social de viviendas. Incluyendo un servicio de guardamuebles municipal.
5. Alquiler para jóvenes: Subvencionar a jóvenes de hasta 35 años, a quienes la renta del alquiler suponga la mitad de sus ingresos, para facilitar que puedan ser independientes y formar familia sin tenerse que marchar de Gran Canrias o hacinándose en casa varias generaciones.
La oficina de Apoyo al Alquiler lo potenciará además en barrios con menor población joven para aumentar la cohesión social.
6. Garantizar los suministros básicos contra la pobreza energética: Ninguna familia sin agua, tanto fría como caliente, ni electricidad.
Dotación de presupuesto en Servicios Sociales para subvencionar estos costes a familias en riesgo de exclusión social, mientras dure dicha situación.
Convenios con empresas suministradoras, que incluyan condonaciones y quitas, además de la reestructuración de la deuda.
7. Tasas e impuestos:
7. 1 Penalizar con multa las viviendas vacías de entidades financieras y SAREB que no se pongan en el mercado de alquiler a precio razonable. Lo recaudado tendría un fin social, preferentemente en políticas activas de empleo.
7.2 Penalizar vía IBI a las viviendas que permanezcan cerradas por causa injustificada y no se pongan a disposición de un mercado de alquiler o de uso social de la vivienda, cuando fuera factible que estuviera en un plan de alquiler,
cesión o rehabilitación municipal. Lo recaudado tendría un fin social.
7.3 Facilitar el aplazamiento del pago de tasas e impuestos a las personas en riesgo de exclusión social cuando no sea posible su exención como en el caso de la plusvalía, exonerando sanciones y con carácter retroactivo.
7.4 Mediar con organismos provinciales para la paralización/retirada de embargos sobre la vivienda habitual para deudores de buena fe.
8. Promoción de vivienda pública:
8.1 Construcción de promociones de vivienda pública para ALQUILER social, esto es, cuya renta anual no supere el 30% de los ingresos anuales de la unidad familiar.
8.2 Si bien no solicitamos la construcción de nueva vivienda para venta, como en todo proyecto con dinero público se revisarán los precios a aplicar, así como se participará en el control de la adjudicación (primándose proyectos con mayoritario porcentaje de terreno dedicado a viviendas de protección pública) y en los requisitos y condiciones a cumplir para ser beneficiario. Cualquier plusvalía generada se reinvertirá en políticas para mejorar el acceso a la vivienda y el empleo.
8.3 Que con carácter general no se adjudiquen bienes públicos como suelo e inmuebles a empresas privadas para desarrollar viviendas de alquiler públicas. Es decir, con el fin de evitar sobrecostes especulativos por empresas constructoras, que el recurso público que se construya o rehabilite, lo desarrolle y lo ponga a disposición de una oficina especializada en alquiler para la ciudadanía. Se prohibirá la venta o gestión de los activos públicos por parte
de fondos buitres especuladores.
8.4 Que el Ayuntamiento fomente crear cooperativas locales de vivienda, aliviando el terrible drama del desempleo.
En caso de contratación de empresas constructoras, que sean locales y/o contraten preferentemente trabajadores de la localidad.
9.- Creación de un observatorio de la vivienda.
Este observatorio estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Entre sus funciones estaría hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer seguimiento de las políticas públicas, elaborar
informes; contaría con capacidades no sólo consultivas sino también control, seguimiento, denuncia, ejecutiva y de propuesta legislativa.
10. Recuperar la soberanía popular:
9.1 Participación con alta periodicidad de la sociedad civil (PAH, Cruz Roja, Consejos de barrio etc.) en el desarrollo y fiscalización de la política de vivienda social. Contaría con capacidades no sólo consultivas/control sino también de
denuncia, ejecutivas y de propuesta legislativa.
9.2 Auditoría ciudadana de la deuda de VISOCAN. Se aplicará la responsabilidad correspondiente sobre los inmuebles mal gestionados, reclamándose una compensación allí donde hubiera habido un perjuicio.
9.3 Declaración institucional que inste a la Comunidad Autónoma y al Gobierno español la modificación de la legislación en materia de vivienda y consumo, para que la vivienda cumpla su fin social y se retiren las cláusulas abusivas sobre la misma, como las cláusulas suelo o el actual IRPH.
Porque son de sentido común y garantizarán un futuro digno, son necesarias AHORA.
