Con los objetivos de informar a los técnicos municipales sobre las nuevas obligaciones en materia de gestión de residuos y tomar contacto con las dificultades a las que se enfrenta a diario los especialistas en la materia
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de marzo de 2010 | Administración - Gabinete de Prensa.
La consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria organizó la I Mesa de Trabajo sobre la aplicación del Real Decreto 105/2008: “Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición”, dirigida a los técnicos municipales de Medio Ambiente, Obras y Urbanismo de los Ayuntamientos de la isla de Gran Canaria.
La I Mesa de Trabajo se celebró con los objetivos de informar sobre las nuevas obligaciones en materia de gestión de residuos y tomar contacto con las dificultades a las que se enfrenta a diario los especialistas en la materia.
La convocatoria contó con los participación de los concejales y técnicos municipales de los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, Santa María de Guía, Gáldar, Agaete, Moya, Santa Brígida, Ingenio, Agüimes, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, así como técnicos de las consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas del Gobierno de Canarias.
El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Salvador León, mencionó la necesidad de llevar a cabo la aplicación de las nuevas obligaciones que indica este Real Decreto, resaltando como prioridades la limpieza de los barrancos, evitando que se llenen de residuos así como poner en valor los residuos aportados por la sociedad ya que contribuyen a alargar la vida de los vertederos de la Isla.
Durante la reunión, el Cabildo de Gran Canaria informó sobre las nuevas obligaciones que contempla el Real Decreto, resaltando la obligatoriedad del constructor de incluir en el proyecto de ejecución de obra, un “Estudio de Gestión de Residuos”, es decir, el constructor deberá elaborar una memoria que detalle el modo en que va a gestionar los residuos que genere la obra a realizar.
Otro de los aspectos novedosos que marca el Real Decreto son las obligaciones de control, vigilancia y sanción de las administraciones locales así como la herramienta jurídica “fianza medioambiental” para las obras privadas, es decir, los ayuntamientos deben solicitar al constructor una fianza económica, cuya cuantía dependerá de la dimensión de la obra, como garantía al cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos.
Los participantes expusieron las diferentes dudas y dificultades a las que se enfrentan a diario en la aplicación del Real Decreto y propusieron, con el fin de mejorar la efectividad de la misma, la elaboración de una Ordenanza sobre la aplicación de la “fianza medioambiental” y la creación de un Sistema Público de Gestión de residuos de demolición y construcción (RCD).
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