El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana presidido por la alcaldesa María del Pino Torres Melián apoya las reivindicaciones de los mercaderes autónomos de los mercadillos de Canarias, en defensa de sus puestos de trabajo frente a la directiva Bolkestein, y demanda de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias un pronunciamiento favorable a las mismas.
Al respecto, el concejal de Mercados, Eulogio Hernández Peñate, que este lunes asistió a la manifestación de los mercaderes ambulantes en apoyo a los casi 400 vendedores con puesto en el mercadillo de Maspalomas, afirma que “la solución al grave problema que plantea esta norma europea sólo y exclusivamente la tiene el Gobierno de Canarias y su Consejería de Industria”.
La directiva Bolkestein se aprobó en España en marzo pasado y establece que las licencias de los comerciantes no podrán renovarse de forma automática año tras año, sino que tendrían que sortearse sin tener en cuenta la antigüedad.
En ese sentido, el edil Eulogio Hernández sostiene que tal directiva “no contempla las situaciones particularizadas de las personas y las familias que tienen en los mercadillos tradicionales su puesto de trabajo y una forma digna y honrada de ganarse la vida”.
El concejal de Mercados sostiene que es importante que desde la Consejería de Industria del Gobierno autónomo se escuche la voz de los vendedores ambulantes, “porque son empresas autónomas y familiares que se sostienen por sus ventas en los mercadillos de los municipios”.
Eulogio Hernández sostiene que “al igual que ya se ha legislado en otras Comunidades Autónomas como Madrid o Murcia, nuestro Gobierno autónomo no debería obviar en estos tiempos de crisis la demanda que le formulan los más de 2.200 mercaderes canarios, que piden una prórroga de al menos 15 años para poder adaptarse, y corregir en ese plazo las inversiones que están realizando y que con esta directiva europea no tendrán tiempo para amortizarlas”.
Respecto de la directiva Bolkestein, el concejal de Mercados de San Bartolomé de Tirajana afirma que la Consejería de Industria “lo tiene fácil, pues sólo depende de que se tenga voluntad política para adaptar la normativa y reconocer ese plazo tal y como ya han hecho otras comunidades autónomas”. El Gobierno de Canarias, según Eulogio Hernández, “no debería retrasar más esa decisión, pues ya conoce también la posición y petición de los ayuntamientos que se ven afectados a través de los acuerdos formulados en el seno de la Fecam”.
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