• Domingo Berriel incide en que se trataba de una sentencia firme del TSJC que no contemplaba ninguna alternativa procesal
Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre de 2010 | Medio Ambiente | Gabiente de Prensa - Redacción.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, subrayó hoy en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo autónomo estudió todas las vías posibles para evitar el pago de 33 millones de euros a la empresa promotora del proyecto de Montaña Rayada, localizada en el municipio majorero de Pájara. Pero al tratarse de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que no contemplaba ninguna alternativa procesal, no le quedó otra alternativa que asumir la obligatoriedad de afrontar la indemnización, que fue abonada el 29 de diciembre de 2009 de forma íntegra “porque el pago aplazado implicaba un coste adicional de intereses”, aclaró.
Berriel recordó que el TSJC dictó un auto en 2003 declarando inejecutable una sentencia de 1994 y reconociendo el derecho de la empresa Montaña Rayada S.A. a ser indemnizada. El mismo tribunal fijó tres años después en un auto la cuantía a pagar por parte de la Comunidad Autónoma, que ascendía a 29.352.289 euros. Esta resolución judicial se apoya en la Ley del Suelo de 1998, que clasifica los suelos urbanizable no programado y programado como urbanizable. El Gobierno de Canarias presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que en 2008 resolvió no admitirlo.
El consejero dijo que al Gobierno, tras agotar todas las vías posibles para eludir esta indemnización, no le quedó otra alternativa que abonar la cuantía estipulada en el auto de 2006 del TSJC, que contempla el pago a Montaña Rayada S.A. de 33 millones de euros, suma que recoge los intereses acumulados desde que el mismo tribunal dictó la sentencia firme en 1994.
Entre las opciones planteadas para la resolución de este caso, Berriel se refirió hoy en el Parlamento al acuerdo amistoso que propuso la empresa reclamante en noviembre de 2000 como alternativa a la indemnización, “pero la CUMAC (actual COTMAC) rechazó tal posibilidad”. El consejero aludió a un informe emitido entonces por un técnico muy valorado por el PSC-PSOE que, tras analizar el acuerdo y la sentencia, “concluía que era inejecutable porque consideraba que la clasificación del suelo como ‘urbanizable no programado’ no debía implicar ningún derecho que debiera ser indemnizado”. Pero la realidad, matizó el consejero, fue distinta.
“Con un auto firme que reconocía a la empresa su derecho a ser indemnizada con un importe de más de 29 millones de euros, cantidad que se iba incrementando con los intereses, no hay alternativas interesantes para ambas partes, que pudiésemos proponer”, explicó el titular del departamento autonómico de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, quien matizó que “no había alternativas procesales, ya se trata de un hecho juzgado sobre el que no concurría ninguno de los supuesto posibles para un recurso de revisión”, aseveró el consejero.
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