LAS COSAS DE LA POLITICA

Las trayectorias y vaivenes a lo largo del tiempo marcan a los políticos y definen sus capacidades, dejando poco margen a la sorpresa y en Arucas hay buenos y malos ejemplo de ello.

Arucas, 14 de enero de 2011 | Politica | Gabinete de Prensa.

En política y en democracia debemos expresar nuestras discrepancias y fiscalizar la gestión municipal de todos, técnicos, gobierno y de quienes les apoyan, basándonos en la consulta, análisis y estudio porque aunque laborioso, realizarlo es respetuoso con los ciudadanos.
Le pedimos a la concejala no adscrita Sra. Collado que haga lo propio y además, que no tergiverse nuestras opiniones.

Lo que nos mueve al PP con el expediente del proyecto de la cubierta del antiguo mercado municipal, es sencillamente no gastar dinero innecesario.

Hemos afirmado, que lejos de contradecir ningún informe de funcionario, queremos dejar bien claro que nuestra solicitud de informe jurídico aclaratorio, se basa en las contradicciones de los informes positivos de Intervención que dieron curso al expediente y ahora sobre la misma cuestión, informes negativos de Técnico de Administración General que realiza consideraciones jurídicas, pero que quien debe emitirlo es, el Servicio Jurídico municipal o la Secretaria General, (que según la legislación vigente, establece entre sus competencias, el asesoramiento legal preceptivo).

¿Nos critica la Sra. Collado al PP para dar satisfacción a alguien?

¿Por qué le molesta que pidamos a la Secretaria General o al servicio jurídico que emitan un informe aclaratorio sobre un proyecto que supone estudiar la mejor solución para la cubierta del centro comercial, necesario para el funcionamiento de las distintas actividades empresariales y de forma preferente, realizar un estudio global de la cubierta para su mejor integración en el casco histórico?

Insistimos, durante el gobierno del PP se hizo escrupulosamente la tramitación que estipula la legislación vigente, esto es, la Retención de Crédito (RC) desde el área de urbanismo que se traslada a los servicios económicos y de intervención, que emiten y validan el documento RC firmado por la señora concejala de hacienda y el señor interventor.

Interventor, que dentro de sus obligaciones y plena responsabilidad está la crítica previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico, así como la intervención formal de la ordenación del pago y su fiscalización.
Con ello se emitió el Decreto, se paso a firma del señor secretario (el mismo que ahora informa como interventor) y a la del alcalde Sr. Ponce para notificar a la empresa la aprobación del gasto y que ejecutaran el contrato.

¿Qué queremos decir con todo esto? (y no lo dice el PP, sino la Ley):

1º.- La plena responsabilidad de la legalidad de la Retención de Crédito la tiene el Interventor que la autoriza y por ello no existe responsabilidad para nadie mas, ni para la actual concejala de hacienda, ni para el secretario, ni para el alcalde, puesto que dentro de sus obligaciones esta firmar el Decreto validado jurídicamente por el RC del interventor como funcionario habilitado nacional.

¿Hay firma del interventor dando validez jurídica a la Retención de Crédito? SI, la hay.

¿Hemos negado el PP que ahora un interventor diferente contradiga al anterior?, aunque usted parece no entenderlo ¿o acaso el técnico de administración es habilitado nacional? Claro que no.
No enrede Sra. Collado, hemos dicho que, lejos de contradecir ningún informe de funcionario, queremos uno jurídico aclaratorio y lo hemos pedido formalmente conforme a nuestros derechos, estando obligado a emitirlo quien corresponde.

2º.- Usted afirma:”que le gustaría que la empresa fuera al juzgado, para conocer quién le facilitó el decreto y encargó el proyecto sin informes justificativos ni contrato detallando los pormenores del mismo. Que le gustaría que el juzgado depurara responsabilidades con los responsables directos, que tramitaron y gestionaron este asunto, mencionados por el Sr. Ponce en el Pleno, y los indirectos, conocedores, avalistas, consentidores, respondan con su patrimonio, no con el de todos”.

Sra. Collado, la LRL Art. 413. 1. deja claro, que serán responsables de los acuerdos de la Corporación local, las personas que las hubieran votado.
Por ello y según sus deseos, los gastos producidos por el juicio, intereses y costas los tendrían que pagar usted, PSOE y CC, que son los que han votado denegar el pago del proyecto.

¿Usted cree que su voto esta bien sustentado con esos informes que defiende? Nos alegramos por usted, pero entienda que en el PP expresemos nuestras dudas.

Para su conocimiento, el Art. 92.2.3 y 4 LRBRL establece, que el asesoramiento legal preceptivo es una función pública reservada a funcionarios con habilitación nacional y existe variada jurisprudencia de Sentencias que han declarado nulos acuerdos adoptados sin los informes preceptivos del Secretario o Interventor y es cierto, que hay un informe del actual interventor que suscribe lo dicho por el técnico, aunque con ello esta contradiciendo la validación del interventor anterior.

Este absurdo sin sentido, aparte de la inseguridad jurídica que plantea para el ayuntamiento y que es muy grave, tendría que haber sido motivo sobrado para que este expediente se hubiese complementado por un informe de Secretaría o del Servicio jurídico y eso es lo que hemos solicitado, pero debería haberlo solicitado quien gobierna y no el PP

Sra. Collado y señores del gobierno ¿en que juzgado de España ante una reclamación de particular o empresa, los jueces van más allá de lo que trata la denuncia que es cobrar?
A través del Juzgado nunca conoceremos como le llega a la empresa un Decreto que no ha sido registrado ni tramitado, ni tampoco, si no enviar el Decreto que es la razón que no haya contrato se debió a un error administrativo o a la acción política.

En lo único que coincidimos, es en depurar responsabilidades para conocer quienes pueden haber infringido la Ley. La diferencia radica en que el PP estimamos que la fórmula no sea a través del Juzgado, para evitar que el ayuntamiento tenga que pagar los intereses y gastos del juicio. Una posibilidad que tachamos de irresponsable.

Hay otras dos formulas alternativas posibles:

1ª.- A través del propio ayuntamiento recabar los informes de quienes procede realizar la tramitación jurídica, con apertura de expediente de investigación que depure responsabilidades.

2ª.- Si se estima conveniente, optar por mandar el expediente a Fiscalía que al contrario que el Juzgado, actúa de una forma “rápida” y profundiza en las materias con todas sus consecuencias penales si procede.

En el PP tememos, que se optará por la asumida por usted, PSOE y CC, se irá al juzgado, pasarán largo tiempo, nada se aclarará, pero pagaremos la factura. Es un hecho incuestionable y justo, al que se añadirán gastos innecesarios.

Algo similar Sra. Collado, a ese otro expediente que usted alude de la gasolinera de Los Portales en la teoría de la “conspiración funcionarial” o responsabilidades políticas.

Aquí sí le reconocemos, que usted debe ser toda una autoridad y puede saber bastante más, que el PP porque fueron sus compañeros en ese entonces concejales de CC, quienes gobernaban durante ese embrollo entre 1991 y 2003. Algunos de esos años con usted de concejala.

Durante nuestro gobierno, por el contrario, nos llega una sentencia desorbitada e imprevista al ayuntamiento, que supuso pagar 800.000 euros en el año 2008, del dinero de los ciudadanos, así que si quiere, por favor, ilústrenos a todos sobre la gasolinera.

También ya puestos aclare por favor, si el contrato y cláusulas administrativas que redacto su partido CC en el año 2001 siendo usted también concejala, (¡Privatización!)Para adjudicar la concesión administrativa del antiguo mercado para centro comercial y aparcamientos, en el Anteproyecto que define las actuaciones del concurso el párrafo 4 de la cláusula 6, ¿es cierto o no, que dice?:
El ayuntamiento de Arucas no participará en la financiación de las obras ni de los servicios bajo ninguna modalidad, salvo eventualmente en los supuestos de imposición de mejoras o ampliaciones no establecidas.

¿Ha manejado usted esta documentación cláusulas, etc., para tener un criterio propio?

¿Lo han hecho, quienes dicen que no procede pagar porque es una Concesión?

El PP sí y además tenemos clarísimo, que quien tuvo la inquietud de mejorar el aspecto de la cubierta era mi grupo de gobierno y no el concesionario. El PP sigue con esa inquietud y la mantendremos.

De ahí que, este proyecto, al igual que otros en puertas entonces, buscaba enmendar errores y mejorar nuestro municipio.