San Bartolomé de Tirajana, 30 de marzo de 2011 |Política | Marco Aurelio Pérez Sánchez.
Ante el nuevo despropósito y la clara ineficacia demostrada por el gobierno de María del Pino Torres Melián respecto al expediente del Transporte Público en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, la alianza PP-AV se ve en la necesaria obligación de denunciar que la instrucción y aprobación inicial de dicho expediente ha sido una auténtica chapuza.
Dicho expediente de Transporte Público se aprobó en el pleno de este lunes 28 de marzo después de tramitarse con una urgencia electoralista innecesaria y, además, sin contar con el rigor técnico preceptivo y aviniendo contra el mismo causas de nulidad por participación improcedente.
Este expediente ha podido y debido instruirse mucho antes y mucho mejor. Recordemos que la Concejalía de Transportes la ha dirigido durante toda la legislatura un edil de NC que es taxista y que ha ejercido como presidente de la Cooperativa de Taxistas.
Sin embargo, y esto es una clara muestra de la lamentable ineficacia e incapacidad del actual grupo de gobierno, la primera decisión realmente seria que se toma para crear el Transporte Urbano en nuestro municipio tiene lugar el 2 de octubre de 2009, cuando el pleno de la Corporación por unanimidad aprueba llevar a cabo todas las acciones necesarias para poder implantarlo.
Pese a la necesidad del servicio y a la reivindicación de los vecinos, el segundo paso que se da con respecto a dicho expediente no tiene lugar hasta dos años más tarde, cuando en el pleno del 31 de enero de este 2011 se acuerda llevar a cabo una modificación presupuestaria de urgencia para dotar la creación de este servicio con una partida de 108.135 euros.
Desde esa fecha ni la alcaldesa ni su concejal de Transportes han movido un solo papel para tramitar la aprobación del expediente, hasta el pasado 4 de marzo, cuando en un intento desesperado y claramente electoralista ordena la emisión de un informe jurídico para que el Secretario General de la Corporación señalara qué legislación debía aplicarse y cuál debía ser el procedimiento a seguir para la creación del servicio de Transporte Urbano.
El día 7 de marzo, en un intento de meter presión al expediente por la cercanía de la fecha tope del 28 de marzo como último día de “venta” preelectoral, la alcaldesa decreta la creación de una comisión de estudio para la creación del servicio de Transporte Urbano. Como miembros de esa comisión designa al edil de Transportes, que es taxista; al archivero municipal, que es hijo y hermano de taxistas; al interventor municipal; a la tesorera municipal, y a la funcionaria encargada del área de Transportes.
Dicha comisión de estudio se constituyó el 9 de marzo a las 10:15 de la mañana y finalizó media hora después. Acuerdan reunirse una semana más tarde, el 16 de marzo, a la misma hora. Durante ese tiempo el concejal se encargaría de recabar toda la información relativa a la elaboración del estudio justificativo de la tarifa, y a la recopilación de los datos necesarios para justificar los tramos de recorrido de las líneas del servicio. La tesorera elaboraría el estudio económico justificativo de las tarifas, el interventor del informe económico sobre la existencia de créditos presupuestarios con reserva de crédito y la funcionaria de elaborar el reglamento de prestación del servicio.
Lo curioso del caso es que tan sólo cinco días laborables después, el 16 de marzo, estos miembros de la comisión, ninguno de ellos especialista ni con un conocimiento técnico equilibrado y riguroso sobre el transporte urbano, ya tenían el trabajo hecho, y presentan el informe decisivo que sería elevado al pleno para la aprobación del expediente en cuestión. Proponen que el servicio lo gestione el Ayuntamiento de forma indirecta a través de una concesión administrativa.
La propuesta elevada al pleno consiste en la creación de una sola línea de transporte que una El Tablero con Playa del Inglés pasando por el Centro de Salud, las dependencias de la Policía Local y Juzgados, el Mercado Municipal, y las avenidas Alejandro del Castillo, Estados Unidos, España y Alféreces Provisionales.
Pero no es una propuesta seria ni responsable, ni atiende a la ciudadanía del municipio con la misma necesidad de transporte, porque se olvidan de los vecinos y vecinas del Salobre, Montaña la Data, Lomo de Maspalomas, Fataga, Tunte, Cercados de Araña, Castillo del Romeral, Juan Grande, Aldea Blanca, El Pajar, Cercados de Espino…etc.
Pero lo importante de este asunto es que este expediente aprobado en el pleno del lunes tendrá ahora que publicarse en el Boletín y someterse a exposición pública. Tanto la alcaldesa como el concejal de Transportes saben que el expediente será enjuiciado negativamente porque -y así se les explicó en el pleno- fue aprobado en base a un informe de una comisión sin la capacidad técnica necesaria y suficiente para hacerlo legalmente, y porque, además, de esa misma comisión forman parte dos personas (tanto el propio concejal como el funcionario José Juan Santana) que tenían el deber legal de abstenerse por ser partes interesadas al estar vinculados al sector del taxi.
Para que el informe de esa comisión hubiese tenido validez, en ella tenían que haber participado representantes de los vecinos como potenciales usuarios del futuro transporte urbano, y también de las asociaciones de taxistas y de autobuses interurbanos y de los discrecionales que en estos momentos están operando en el municipio.
Esa es la verdadera razón por la que desde NC se intenta ahora responsabilizar al PP-AV de la manifiesta ineficacia de la actual alcaldesa Mari Pino Torres como instigadora y responsable de este mal montaje. Es evidente que desde NC, conocedores de que este expediente definitivamente no saldrá porque han vuelto a equivocarse, se pretende generar confusión para ocultar la triste incompetencia de su alcaldesa, y eludir una vez más la responsabilidad que ésta tendría que asumir.
En el PP-AV apostamos por un servicio de Transporte Público responsable, verdaderamente serio y en condiciones, cómodo, seguro, económicamente asequible y fiable, con la disponibilidad de las líneas necesarias para cubrir las necesidades de toda la población de San Bartolomé de Tirajana, y no la chapuza de servicio aprobada este lunes a prisa y corriendo por el gobierno de Mari Pino Torres.
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