Me gusta la idea de que UPyD se defina como un partido “nacional, que defiende la igualdad de todos los españoles”, principio reconocido constitucionalmente en el artículo 14 de nuestra norma fundamental (“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”).
Me gusta igualmente la idea de intentar devolver algunas competencias de las delegadas a las comunidades autónomas aunque, se antoja, una ardua tarea pues, en política, existe una ley irrefutable, “el poder tiende a crecer”. Una red que sostiene a una infinidad de clientes y políticos profesionales y las comunidades autónomas no estarán por la labor de perder tales poderes. No puede existir la igualdad de todos los españoles si, en cada comunidad autónoma se regula de forma distinta una misma materia. A modo de ejemplo, ¿cómo se puede proteger algo tan esencial para el interés general de todos los ciudadanos como el medio ambiente si lo que se considera infracción ambiental en una comunidad no lo es en otra?
Me parece interesantísimo que UPyD cuente entre los suyos con el Premio Nobel D. Mario Vargas Llosa como personaje defensor de la igualdad (volvemos al artículo 14 de la Constitución), la libertad (artículo 1 de la Constitución Española: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”) y el progreso. Un personaje socialmente reconocido ayuda a la imagen de nuestro partido.
Espero y deseo que nuestro partido ayude a incidir sobre el sistema político viciado que tenemos. Somos un partido que no acepta transfuguismos, personas que vengan de otros partidos para aprovecharse de nuestra fuerza. Abogamos por una reforma electoral inmediata. Se supone que el Parlamento representa al pueblo español (artículo 1.2 de la Constitución Española: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”) y, en cuanto a los poderes del Estado, se incluye el poder legislativo claro está, y se supone que la Ley debe ser resultado de la expresión de la voluntad popular, manifestada a través de sus representantes en el Parlamento. Sin embargo, realmente, lo que se legisla en el Parlamento no es más que la voluntad de los que gobiernan si tienen mayoría absoluta en el Parlamento o de lo que quieran hacer los nacionalistas cuando pactan con gobiernos que no obtienen dicha mayoría. ¿Dónde está ahí la voluntad del pueblo? ¿Quién es realmente el soberano en una forma política como la Monarquía Parlamentaria (artículo 1.3 de la Constitución Española)?
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