San Bartolomé de Tirajana, 12 de abril de 2011 | Política | Gabinete de Prensa.
El portavoz del PP-AV, Marco Aurelio Pérez, considera lamentable que una semana después la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana todavía no haya convocado ni reunido a los portavoces de la Corporación Municipal, ni tampoco celebrado un pleno extraordinario del Ayuntamiento, para abordar las numerosas y graves consecuencias que ha tenido para la población el sabotaje contra el suministro de agua de abasto público ocurrido el pasado martes 5 de abril.
“En la resolución de este asunto la alcaldesa como siempre ha llegado mal y tarde. Mari Pino Torres ha demostrado una vez más su completa nulidad, porque no ha sabido afrontar con la decisión necesaria, con la entereza necesaria y con verdaderas garantías, el serio problema que se le ha generado a más de 4.000 vecinos de este municipio”, afirma Marco Aurelio Pérez.
Una semana después del acto vandálico contra el suministro que afectó a los barrios de Montaña La Data, Lomo Gordo, El Tablero, El Salobre y Media Fanega, el agua de abasto sigue saliendo por los chorros de los domicilios particulares y de las instalaciones públicas con un fuerte olor y sabor a gasoil. Además sigue sin poder utilizarse para el consumo humano, e incluso ni siquiera es apta para el aseo corporal en algunos de esos núcleos. Todavía siguen los vecinos de La Montaña sin este necesario servicio, y también se han empezado a detectar algunos problemas de salud con vecinos que han tenido que acudir a consulta médica por molestias en los ojos y la piel.
Alcaldesa negligente
El dirigente y portavoz del PP-AV sostiene que el mandato de la alcaldesa en la prensa para que la empresa suministradora, Canaragua S.A., corra con todos los gastos ocasionados por este problema sólo constituye “un palabrerío hueco y sin fundamento para quedar bien. Es sólo un brindis político de cara a la galería, porque se trata de un ordeno y mando franquista sin cobertura jurídica legal ni administrativa”.
“La obligación que ahora tendrá que afrontar la empresa de no facturar a los vecinos por el gasto de agua contaminada es un asunto tan serio y de tanto alcance jurídico-administrativo para el Ayuntamiento y los propios vecinos, que tendrá que abordarse necesariamente por acuerdo plenario de la Corporación y con los preceptivos informes de la Concejalía de Aguas y de los servicios jurídicos municipales que lo avalen para que surta con efecto legal. Lamentablemente eso la alcaldesa todavía no lo ha hecho. No ha convocado a los portavoces ni al pleno. ¿Por qué?. Posiblemente porque no le interesa que este asunto se lleve a pleno o porque ni siquiera sepa que tiene que hacerlo de esa forma”, afirma Marco Aurelio Pérez.
Al respecto, el dirigente del PP-AV sostiene que la postura de la alcaldesa en este asunto “es nula y además negligente”, porque no basta con ordenar a la empresa concesionaria del suministro de agua que asuma los gastos ocasionados por el sabotaje, sino que hay que articular un protocolo serio y riguroso de actuación, donde se precise y se requiera un informe exhaustivo y detallado de esos gastos de forma pormenorizada según viviendas, estanques o aljibes; sobre cómo cuantificar esos gastos; sobre cómo debe proceder la empresa al respecto: si descontando o no facturando el aumento de la demanda…etc, y todo eso debe quedar claramente tipificado y amparado por un informe jurídico municipal, y someterse finalmente a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento para que tenga validez legal”. Lo demás -afirma Marco Aurelio Pérez- “son tonterías sin ninguna repercusión positiva para las reclamaciones y demandas de los vecinos por el daño y las molestias que se les ha causado”.
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