Rafael Fernández Valverde: “En Canarias hay muchos problemas de conflicto de legalidad porque ha habido mucha modificación de planeamiento urbanístico”

· “Hay una maraña legislativa que impide la seguridad jurídica. Ojalá llegáramos a que los registros de la propiedad pudieran dar una información no solamente desde el punto de vista de la situación física de la finca, sino también de la urbanística”, señaló el Magistrado del tribunal Supremo en el marco del III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se desarrolla en Fuerteventura


· Con respecto a casos como el que ha sucedido en Marbella, señala que “no volverán a producirse” y admite que en este asunto han fallado todas las instituciones


· En referencia a casos como el de Santa Cruz de Tenerife y la aprobación de planeamientos, señala que “el gran problema es que los grandes municipios están sin plan general”

Fuerteventura, 15 de abril de 2011 | Congreso - Urbanismo | Gabinete de Prensa.

“En Canarias hay muchos problemas de conflicto de legalidad porque ha habido mucha modificación de planeamiento urbanístico, pero no necesariamente quiere decir que toda discusión acerca de la legalidad implique un supuesto de corrupción. Se puede decir que son supuestos aislados en el conjunto de todo lo que es gestión urbana”. Asío lo ha manifestado Rafael Fernández Valverde, Magistrado del Tribunal Supremo, quien intervino durante la mañana de hoy viernes, 15 de abril, en el III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se desarrolla en el Auditorio de La Oliva, Corralejo (Fuerteventura).

“El problema ha sido en que hay una escala más que en el resto de las comunidades autónomas. Me refiero a los planeamientos insulares. Primero se provoca una situación complicada por aquellas directivas que se dictaron. Luego vinieron las moratorias. Luego hay que adaptar todos los planes de todos los municipios a los distintos planes insulares, y todo ese desarrollo, que es una especie de castillo que va de abajo a arriba, provoca esa litigiosidad. Hay una maraña legislativa que impide la seguridad jurídica a la hora de intervenir. Lo que ha dicho Javier Varona sobre que “la planificación territorial de Canarias favorece la corrupción” es verdad. El inversor quiere claridad absoluta de la legislación aplicable”, matizó.

“Esa dispersión entre cabildos, ayuntamientos y gobiernos en esta materia provoca. Ojalá llegáramos a un supuesto en el que los registros de la propiedad pudieran dar una información no solamente desde el punto de vista de la situación física de la finca, sino de la situación urbanística de la finca. Que alguien pueda ir a un registro público y sepa que hay una finca con tal dimensión, quién es su propietario y si tiene litigio o no. Eso es seguridad jurídica absoluta. Pero aún tenemos que avanzar mucho para conseguir esto, porque es una materia muy dispersa entre distintas comunidades autónomas. El urbanismo es autonómico, es local, pero el medio ambiente es estatal. Cada uno es muy celoso de sus propias competencias. Creo que Varona pone el dedo en la yaga”, subrayó.

Con respecto a casos como el que ha sucedido en Marbella, señala que “no volverán a producirse. En casos como éste hemos fallado todas las instituciones. La junta de Andalucía no vigiló, pero tampoco los jueces ni el Tribunal Supremo se plantearon suspender ese tipo de actuaciones. En aquellos momentos era muy duro el suspender. Nos parecía que suspender una construcción era paralizar la actividad económica y el propio funcionamiento del estado. Las cosas hoy funcionan totalmente diferentes”.

En general, explica que “no hemos sabido jugar o hemos tardado en reaccionar con las medidas cautelares. No me refiero sólo a la suspensión, sino a anotaciones preventivas para que alguien sepa que aquella promoción está sujeta a algún tipo de litigios”.

En otro orden de cosas, declaró que “son muy pocos municipios los que han conseguido adaptarse. El gran problema es que los grandes municipios están sin plan general. Fíjense lo que ha tardado ahora en aprobarse el planeamiento de Santa Cruz de Tenerife. El tema de sacar un plan general adelante es muy complicado. Aunque parece una norma sin importancia, distribuye algo tan esencial como la propiedad”.

“Hay que buscar la manera de legalizar determinadas situaciones. Los convenios de gestión urbanística son un buen instrumento para conseguir un acuerdo entre administraciones, perjudicados y titulares de edificaciones fuera de ordenación o en la legalidad tratar de conseguir algún tipo de acuerdo que no pase por el derribo de las edificaciones”.

Durante su ponencia, que versó sobre la Supresión de los convenios urbanísticos, indicó que “estamos ante un nuevo urbanismo, un urbanismo concertado. Es necesaria la trasparencia, el respeto a la biodiversidad”.

“Hay que reconocer que la causa, muchas veces, de la supresión de los convenios urbanísticos ha sido la insuficiente financiera de las corporaciones locales, el mecanismo de anticipar inyecciones económicas a cuenta del futuro planeamiento”, prosiguió.