AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS

AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS
Por una Democracia Real Ya

________________________________________, con DNI _______________, mayor de edad y domicilio a efecto de notificaciones en ______________________________________________________________________, atendiendo al Derecho de Petición que a todo ciudadano asiste, en relación con el concurso para la adjudicación de 156 licencias de radio y las recientes propuestas de adjudicación por parte de la mesa de evaluación, ante su Institución comparece y a los efectos oportunos MANIFIESTA,

Haber tenido conocimiento de buena parte de las vicisitudes que rodean el proceso no estando en absoluto de acuerdo con ellas, en base a los siguientes motivos:

Primero. Porque un Gobierno en funciones parece ser que no puede resolver asuntos que afecten a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, como sucede en este caso con el derecho a recibir libremente información veraz (Artículo 20), un derecho que viene asegurado en el mismo artículo 20 apartado 3 cuando se afirma: La Ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

Pues si bien es cierto que la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias no contempla expresamente la regulación del gobierno en funciones, no existe laguna legal porque la misma Ley en su Disposición Final Primera remite a lo establecido al efecto en las disposiciones legales del Estado en la materia, y la ley estatal relativa al caso es la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la cual, en su artículo 21.3 dice lo siguiente: El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.

Segundo. Porque al margen de que su Gobierno pueda o no pueda resolver asuntos de esta índole, en aras a preservar el derecho a la pluralidad no me parece que sea justo ni plural ni procedente que tres empresas acaparen el 56% del total de las licencias disponibles para toda Canarias, con todos mis respetos para las 3 empresas. Y abundando en este detalle, tampoco me parece factible que estas tres empresas, con 32, 29 y 27 licencias, sean capaces de crear en torno a una treintena de estudios de producción manteniendo 32, 29 y 27 parrillas independientes con programaciones autónomas para cada localidad en la que han obtenido licencia.

Tercero. Porque por el contrario, han quedado fuera de las adjudicaciones muchas radios con un fuerte arraigo entre la población que llevan años cumpliendo una labor social incuestionable, que si se pierden dejarán huérfanos de voz a muchos canarios y en el paro a más de 200 trabajadores.

Cuarto. Porque hasta el propio Parlamento, que es el órgano que representa al pueblo canario, ha instado al ejecutivo saliente a que se abstenga de seguir adelante con este concurso y deje en manos del nuevo gabinete las adjudicaciones, para que se aplique mayor transparencia en el proceso en cumplimiento de la legalidad y sujeción a la normativa europea, cosa que al parecer hasta ahora no se ha cumplido, especialmente en lo relativo a la existencia de una autoridad audiovisual independiente que otorgue las licencias, como sí existe ya en otra Comunidades Autónomas (Cataluña, Andalucía, Baleares o Navarra).

Quinto. Porque en vista de estas y otras aparentes irregularidades, son muchas las emisoras perjudicadas en el reparto que están acudiendo a los Tribunales, habiendo precedentes similares dentro (licencias de la TDT) y fuera de Canarias (Murcia) en los que la Justicia anuló lo dictaminado obligando a la Administración a rehacer el procedimiento. Si esto llegara a producirse también esta vez, el perjuicio sería doble, por un lado para las empresas que han recibido la adjudicación, que se verían claramente perjudicadas sin merecerlo, y por otro para la propia ciudadanía canaria, que vería como una parte del presupuesto de la CCAA tiene que dedicarse a cubrir indemnizaciones y otros desaguisados del Gobierno en detrimento de otras muchas necesidades de primer orden que afectan a los canarios.

Tras todo lo dicho, por interés general RESPETUOSAMENTE LE PIDO: que reconsidere el asunto y tenga a bien repetir el concurso con el gobierno entrante, en aras a preservar el pluralismo que corresponde a cualquier sociedad democrática que se precie de querer serlo.

En ________________________________, a ____ de __________ de 2011

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