Las Palmas de GC, 10 de agosto de 2011 | Política Social - Socio Sanitaria | Gabinete de Prensa.
El consejero de Política Social y Sociosanitaria, Francisco Santana, aclara que “la máxima prioridad del Gobierno insular en este momento es conseguir los medios económicos necesarios para garantizar una asistencia de calidad a todos los grupos sociales en riesgo de exclusión”. En este sentido, Santana va a seguir trabajando para optimizar los recursos disponibles. Por ejemplo, adelanta su propósito de aprovechar al máximo los edificios en propiedad del Cabildo de Gran Canaria para reubicar los distintos servicios que presta la Consejería de Política Social y Sociosanitaria. Esta intervención permitiría un ahorro importante en el arrendamiento de inmuebles ajenos a la red insular y, consecuentemente, “emplear ese dinero en la atención directa de los ciudadanos en situación de riesgo”.
De esta manera, el consejero sale al paso de las últimas afirmaciones vertidas por el grupo socialista (PSC-PSOE) en la oposición en el Cabildo, en las que alegaba una supuesta falta de medios para hacer frente a los requerimientos de los mayores ingresados en centros, y a las demandas de los colectivos de discapacitados. Francisco Santana matiza que desde la Institución insular “entendemos que el ámbito sociosanitario no debe tener color político alguno, sino que todos los representantes políticos debemos estar unidos y tenemos la obligación de atender a las necesidades de los segmentos poblacionales más desfavorecidos”.
Por ello, Francisco Santana destaca que una de sus primeras actuaciones tras asumir la Consejería de Política Social y Sociosanitaria, en mayo de este año, se centró en convocar a una reunión a todas las partes con competencias en esta materia. A raíz de ese encuentro propuso la creación de una comisión para resolver los casos de máxima urgencia, integrada por la Consejería de Política Social del Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de Salud, los ayuntamientos de la Isla, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el propio Cabildo de Gran Canaria.
Se pretende que la puesta en marcha de esta comisión permita reagrupar en centros de mayores dependientes de la Institución insular y del Gobierno regional, a los mayores procedentes de diversas residencias en las que haya que intervenir, como ya ocurrió en la residencia Trinidad y en el centro Timanfaya (Jesús Abandonado) cuyos usuarios quedaron en situación de desamparo. “No entiendo la postura de la consejera Isabel Guerra, quien parece no ser consciente de que los grupos políticos estamos obligados a entendernos y coordinarnos en situaciones de este tipo para tratar de resolver los problemas que plantean los ciudadanos. Me pregunto qué hizo la consejera socialista Isabel Guerra cuando gobernó en el Cabildo de Gran Canaria hasta el 19 de junio de 2011”, añade Francisco Santana.
Pelear por incluir Agüimes y Gáldar
El responsable de la Política Sociosanitaria en la Institución insular también se compromete a intervenir ante el Gobierno de Canarias, organismo competente en la firma del Convenio II de la Dependencia, para que se incluya la financiación de los centros de mayores de Agüimes y Gáldar. En este sentido, Francisco Santana explica que “el Cabildo de Gran Canaria no ha excluido a las residencias de mayores de estos municipios en cuanto a inversión económica se refiere”.
El problema surge, según Santana, cuando en el año 2001 se negocia el Plan de Mayores de Canarias (PCAMD) y no quedan contempladas a efectos financieros las residencias y centros de mayores que ya estaban en funcionamiento. En este capítulo quedaron excluidos determinados centros de explotación privada, otros regentados por organizaciones no gubernamentales e, incluso, centros pertenecientes a la red del Cabildo de Gran Canaria, como el hospital de San Martín, el hospital Dermatológico y la Residencia Mixta de Pensionistas de Taliarte.
“Este error se corrigió cuando en el año 2004 se contemplaron todos los recursos disponibles al negociarse el Plan de Discapacidad. Sin embargo, cuando se procedió a la firma del Convenio I de la Dependencia de Mayores de 2010, no se incluyen los centros de Agüimes y Gáldar, teniendo la intención -el Gobierno de Canarias- de incluirlos en la firma del próximo convenio que aún no han planteado a los Cabildos insulares y al que se acogerían, a nivel regional, todos los centros afectados”, explica el consejero Francisco Santana.
En esta línea de trabajo, Santana adelanta, una vez más, su intención de insistir ante el Gobierno de Canarias, para que se formalice por la vía de urgencia el II Convenio de la Dependencia de Mayores, “porque entendemos la lógica preocupación de los alcaldes de Agüimes y Gáldar ante el déficit presupuestario de los centros de mayores en sus respectivos municipios”.
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