Santa Cruz de Tenerife, 15 de noviembre de 2011| Política | Gabinete de Prensa.
El abogado, representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) y secretario federal de Acción Jurídica de CCN José Luis Langa González, ha pedido hoy en rueda de prensa el voto de los afectados por la Ley de Costas canarios para el PP, que tiene suscrito un acuerdo con CCN en aras de favorecer los intereses del Archipiélago, entre ellos resolver el problema de la aplicación de dicha ley en Canarias.
Langa González hace esta petición a raíz de los casos de desalojos ya anunciados en las zonas de Santa Lucía (Güimar); Los Roques (Fasnia), en Tenerife, que está afectando a decenas de personas que pueden perder sus casas como consecuencia “de una Lay de Costas injusta e indiscriminada y de la pasividad de los alcaldes de dichos municipios”, indica el letrado.
En la presentación a los medios, Langa ha asegurado que “no parece casualidad que el Gobierno Socialista que promulgó la Ley ahora la ejecute deprisa y corriendo justo unos días antes de la elecciones”, y, por ello, matiza “esperamos que el cambio venga pronto para que las más de 160.000 personas que podrían estar afectadas por derribos en Canarias no tengan de qué preocuparse”.
Langa recordó, una vez más, que la postura de la Asociación a la que representa no está en contra de la protección del medio ambiente, “antes al contrario”, asegura, “pues lo que defendemos es la cultura de un pueblo, su arraigo, su patrimonio y su idiosincrasia, y esto es defender la nuestro y lo que siempre hemos sido”. Así mismo, dejó patente que el partido al que también pertenece, CCN, lleva años pidiendo que esta situación se resuelva de una vez por todas.
El abogado recordó que en estos días se ha dictado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, un edicto de orden de precinto y desalojo de más de cuarenta viviendas en Santa Lucía, que podría afectar a más de 120 personas; así como también se requiere el desalojo obligatorio de las viviendas de Los Roques, que afectaría a otro centenar de ciudadanos, por parte de la Dirección General de Costas.
Así mismo, en una situación similar está Ojos de Garza (Telde) en Gran Canaria y en Igueste de San Andrés (Tenerife) hay interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional para demostrar que se trata de una población con arraigo de más de un centenar de años.
El letrado explicó que el adjunto segundo del Defensor del Pueblo, Manuel Ángel Aguilar Belda, ha contestado, a petición de información sobre las poblaciones que en Canarias podrían estar afectadas por la Ley de Costas, con una carta en la que “el conjunto de datos es desmesurado de modo que los organismos periféricos de Costas podrían verse en la necesidad de pedirle un reajuste de su solicitud” y añade que “es de difícil comprensión por mi parte, pues solo pido datos de algo que es objetivo”.
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