- · El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica.
- · Las Comunidades Autónomas podrán optar por modalidades de gestión basadas en la colaboración público-privada o incluso atribuir la gestión del servicio de televisión a una empresa sin participación pública.
- Las Comunidades que así lo decidan podrán, como hasta ahora, continuar gestionando directamente estos servicios a través de un ente público.
Madrid, 15 de enero de 2012 / Consejo de Ministros / Gabinete de Prensa.
El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica y los programas de radio pública autonómica.
El objeto que persigue el anteproyecto es proporcionar mayor flexibilidad a las Comunidades Autónomas para que determinen el modo de gestión en la prestación de los servicios de televisión y radio pública autonómica que estimen más oportuno.
De esta forma, las Comunidades Autónomas podrán libremente decidir si los servicios públicos de radio y televisión que prestan en su territorio son gestionados de manera directa, como hasta ahora, a través de un ente público, u optar por fórmulas de gestión indirecta a través de distintos instrumentos de colaboración pública-privada, o incluso conceder la gestión indirecta del servicio a una empresa sin participación pública.
Para ello, además del reconocimiento expreso de la posibilidad de introducir estas nuevas modalidades de gestión, se suprimen determinadas limitaciones existentes en la vigente Ley general de comunicación audiovisual que impedían la cesión a terceros de las funciones de la producción y edición de determinados programas. Igualmente se elimina la obligación de que estos servicios sean explotados por un ente público.
Esta norma legal eliminará por tanto las restricciones legales que impedían a las Comunidades Autónomas racionalizar la gestión de sus televisiones y radios públicas, como medidas de control del gasto público y de consolidación presupuestaria.
Con esta iniciativa el gobierno da cumplimiento a su compromiso electoral de Impulsar las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas tengan libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada.
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