El pasado viernes 13 de enero, el Consejo de Ministros hizo público un Informe elaborado por los Ministerios de la Presidencia y de Industria, Energía y Turismo, sobre el Anteproyecto la Ley modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. En él se hace especial énfasis sobre la necesidad de flexibilizar la gestión del su servicio público de comunicación audiovisual. Es decir, de permitir a la iniciativa privada entrar de lleno en las televisiones autonómicas de carácter públicas.
I.- Razones esgrimidas
La actual crisis económica es el centro argumental de esta reforma innovadora. De hecho, el Informe indica que la coyuntura financiera actual precisa recortes del gasto público. Para ello, las administraciones públicas deberán mejorar su eficiencia dotándose de nuevos instrumentos para lograrlo. Y una de las medidas pasa por ahorrar el coste que supone a los contribuyentes el mantenimiento de las televisiones públicas. De ahí que se aconseje dar más libertad a las CCAA para decidir cómo gestionar sus canales autonómicos de televisión pública.
El Informe llama la atención en la necesidad de facilitar una mayor independencia a la hora de elegir el modo de gestión de las televisiones públicas. Así se contribuirá a la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas de las administraciones autonómicas.
La finalidad de la modificación que se aborda en el Anteproyecto es, por tanto, permitir que las CCAA puedan decidir el modo de gestión del espacio radioeléctrico que les haya sido reservado o que se les reserve. En consecuencia, los ejecutivos autonómicos podrán reservar a la gestión indirecta ciertos servicios de las televisiones autonómicas mediante el sistema de concesiones.
Resalta la Exposición de Motivos del Anteproyecto que “sólo así podrá conseguirse una mejora en la gestión de las mismas (Televisiones Públicas) con su consiguiente ahorro”.
II.- Claves de la Reforma de la Ley de Comunicación Audiovisual
El elemento más importante de la reforma es la entrada del sector privado en la gestión de las televisiones públicas autonómicas. Y ¿Cuáles son los mecanismos que permiten la participación de iniciativa privada?
Externalización de los informativos.
El primero de los mecanismos contemplados es la posibilidad de externalizar los informativos. Ello que supone la implantación de un nuevo modelo de gestión de contenidos informativos, en el que se podría adjudicar a una productora, mediante concurso, la elaboración de toda o parte de la programación informativa y de actualidad. Aquí está la clave de la novedad, puesto que hasta la fecha se había permitido sacar a concurso la producción y realización de la programación de las televisiones públicas, excepto los informativos.
De hecho, el Anteproyecto de reforma elimina de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) el párrafo en el que se prohibía explícitamente a los entes "ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos”. De este modo, se adjudicará la elaboración de los informativos a un agente externo a la administración autonómica.
La Ley que reforma de la LGCA resolverá la forma de controlar el buen fin de los informativos elaborados por la productora adjudicataria de la concesión. Igualmente se determinará el sistema de adjudicación: a un agente por varios años o a diversas empresas con carácter anula a raíz de la aprobación de los presupuestos.
Fin del deber de producción propia.
El segundo de los instrumentos se basa en eliminar la obligación de que la mayoría de la programación de las televisiones públicas sea de producción propia. Con esto se abrirá un abanico de posibilidades para el sector privado de relevante consideración que favorecerá el ahorro presupuesto público.
Así, con la reforma se eliminarán los párrafos de la LGCA relacionados con la obligación de los entes públicos a impulsar la producción propia de su programación "de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas".
III.- Necesidad de modificar más legislación para extenderse a TVE
La forma en se ha plasmado los 2 grandes mecanismos que protagonizan la reforma de la LGCA: (i) Externalización de los informativos y (ii) Fin del deber de producción propia, podría dar a entender que también afecta a TVE. No obstante, el funcionamiento de la cadena pública estatal está regulado por un conjunto de leyes, entre ellas la Ley de Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que aseguran su gestión pública, y que no han sido modificadas. Por eso, sería necesario reformar estos dos textos normativos para que afecte a TVE.
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