Santa Cruz de Tenerife, 18 de abril de 2012 / Sanidad - Política - CCN / Gabinete de Prensa.
El presidente
de la Comisión de Sanidad y Consumo del CCN, Alfonso López, afirma que por
medio de fórmulas innovadoras que recorten el gasto o mejoren la gestión se
podría seguir garantizando un sistema sanitario que no afecte a la calidad
asistencial y que asegure las prestaciones sanitarias y farmacéuticas básicas y
suficientes.
El sistema sanitario, tal y como lo hemos conocido hasta
ahora, es el definido por la Ley General de Sanidad de 1986 que impulsó Ernest
Lluch, que garantiza la cobertura universal asegurando que no hay barreras de
acceso al mismo, que se financia con impuestos para asegurar que pague más
quien más gane, con gratuidad en el momento de uso para asegurar el acceso al
mismo por quien más lo necesite y con provisión pública de servicios de manera
mayoritaria.
Por otro lado, las medidas de recorte del gasto
farmacéutico parecen haber intentado todo lo inimaginable para reducir el
mismo, mientras que paralelamente el número de recetas fluctúa, alcanzando en
estos momentos su número más bajo, y lo único que se consigue es que se acaben
utilizando medicamentos más caros y no por ello más eficaces, o más baratos y
de menor eficacia, por lo que a la larga no se conseguirá un ahorro suficiente
por esta vía como para conseguir que el Sistema siga siendo sostenible.
Alfonso López expresa el rechazo de los centristas a la
implantación de tasas por consulta médica o por receta, ya que el mismo puede
resultar especialmente peligroso en Canarias, dada la alta prevalencia de
enfermedades crónicas, el elevado número de personas de edad avanzada y la alta cantidad de personas con rentas
bajas, ya que el pago de dicha tasa podría implicar un aumento de
complicaciones de enfermedades al incumplir los tratamientos por meros motivos económicos, conduciendo a una mayor
morbilidad y a un mayor número de ingresos hospitalarios.
No obstante, el actual sistema de copago de medicamentos
está anticuado. La simple clasificación entre pensionista y trabajador activo,
por la que los pensionistas no pagan nada por los medicamentos con receta
médica y los trabajadores activos abonan el 40% del importe, que es la que
actualmente está vigente, no responde a la situación social y económica actual,
por lo que la primera medida propuesta por el CCN debe ir encaminada a buscar
un pago equitativo según la renta.
La segunda medida propuesta por los centristas, va
encaminada a corregir la política de financiación que sigue el Sistema Nacional
de Salud y que pagan las Comunidades Autónomas. No tiene sentido actualmente
que la sanidad pública ofrezca la más completa oferta farmacológica del
mercado, por lo que habría que optimizar la gestión, dejando de financiar ese
30 ó 40% de medicamentos y equipamientos técnicos de dudosa aportación
sanitaria y adquiriendo los necesarios al por mayor aprovechando las economías
de escala.
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