Girona (Cataluña), 2 de junio de 2012 /Cartas al Director / Jesús Domingo Martínez
La campaña que ensucia estos días todo lo relativo a la financiación de la Iglesia Católica y su régimen fiscal, arrecia con una intensidad desproporcionada. Es más que curioso que a esta campaña se han sumado medios de comunicación como Televisión Española, que además de estar financiada con el dinero de todos, tiene como obligación legal y ética el rigor informativo como servicio público. En Internet se pueden ver los vídeos de las noticias ofrecidas por el Ente Público sobre este tema en días pasados que producen, como mínimo, estupor e indignación.
Pienso que en un momento en que la Iglesia genera cohesión social, aporta esperanza y ofrece una respuesta inmediata a los dramáticos efectos de la crisis, empeñarse en que pierda la credibilidad social es ir contra la realidad y el interés de los ciudadanos. La función de los medios de comunicación, públicos y privados pero especialmente los primeros, no es inventar fantasmas sino presentar la realidad sin manipulaciones ni obsesiones ideológicas.
El hecho de que la Iglesia no pague el IBI de algunos inmuebles que están exentos por ley responde a una media de incentivo fiscal con el que el Estado reconoce el especial valor de algunas actividades que benefician a los ciudadanos. Una exención que afecta también a sindicatos, partidos políticos, federaciones deportivas, fundaciones, asociaciones de utilidad pública, y otras confesiones religiosas. Desgraciadamente, esto se olvida con sospechosa frecuencia.
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