Ante el anuncio por parte
de la Consejera de Sanidad relativo a que el 012 será el encargado de resolver
las dudas sobre el nuevo copago de los medicamentos el CCN advierte que podría
vulnerar la Ley 4/2005 de Ordenación Farmacéutica de Canarias.
Canarias, 8 de julio de 2012 / Sanidad - Politica / Gabinete de Prensa.
Alfonso López, Presidente de la Comisión de
Sanidad y Consumo del CCN, recuerda a la Consejera de Sanidad, Brígida Mendoza,
que según el artículo 8 de dicha Ley, es la Oficina de Farmacia la única
responsable de colaborar con el Sistema Nacional de Salud en la prestación
farmacéutica, verificando el cumplimiento de las exigencias relativas a los
usuarios, así como de dar consejo a los usuarios.
Es por ello que al Centro Canario le sorprende
sobremanera el anuncio hecho por la Consejera de habilitar a través del 012 un
procedimiento de información sobre las dudas de los ciudadanos sobre el copago
farmacéutico. De igual manera preocupa a los centristas el sobrecoste que pueda
tener la formación del personal de dicho servicio de información telefónica
dado que en modo alguno están cualificados ni formados profesionalmente para el
desempeño de tal labor.
Más preocupante es aún, según el portavoz
centrista, que esta medida se adopte en estos precisos momentos en que la
Administración adeuda más de 80 millones de euros a las Farmacias y éste
colectivo haya amenazado con acudir a la huelga si la Consejería de Sanidad o
el Gobierno de Canarias no avalan al menos los pagos de 2012.
No debemos olvidar que las Farmacias, uno de
los pilares del Sistema Nacional de Salud, sufren actualmente tal situación de
desamparo por parte del Gobierno de Canarias que ha llevado ya a que sean 73
las Oficinas que tienen problemas de abastecimiento al carecer de liquidez para
el pago a proveedores, debido a la deuda acumulada con ellas por parte de la
Consejería.
Da la impresión, concluye Alfonso López, que la
Consejería pretende vaciar de contenido y funciones las Oficinas de Farmacia,
establecimientos sanitarios privados pero de interés público, en estos precisos
momentos como una manera de desviar la atención al problema del impago por
parte de la Administración hacia las mismas y como una forma de minusvalorar y
subestimar la labor profesional de la Farmacia y los Farmacéuticos.
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