Diputados del Grupo Parlamentario Popular recibieron hoy al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor
· En lo que va de año se han destruido 440 empleos autónomos en las Islas, mientras en toda España se han creado 1.153
· ATA remarca los “efectos positivos” del pago de 650 millones a proveedores canarios, impulsado por el Gobierno de España
· La portavoz adjunta del PP, Cristina Tavío, pide al Ejecutivo autonómico que adopte medidas de ahorro en lo público
Santa Cruz de Tenerife, 19 de julio de 2012 / Política - PP / Gabinete de Prensa.
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, reclamó hoy al Gobierno de Canarias apoyo para el colectivo de autónomos de las Islas, formado por más de 105.000 profesionales, “de los que el Ejecutivo de Paulino Rivero parece que solo se acuerda para recaudar”, tras mantener un encuentro con al presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor.
En la reunión estuvieron presentes, asimismo, el portavoz de Presupuestos y Economía del Grupo Popular, Jorge Rodríguez, las diputadas, María Teresa Pulido y Milagros Bethencourt, la vicepresidenta ejecutiva de ATA, Celia Ferrero, y el presidente de la asociación en Canarias, Juan Carlos Arricivita.
La portavoz adjunta del PP mostró su preocupación ante la destrucción de 440 empleos de autónomos en lo que va de año en el Archipiélago, mientras en el conjunto de España se han creado 1.153 puestos de trabajo autónomo, “lo que prueba que el Gobierno de Canarias sigue trabajando de espaldas a la iniciativa privada, que es la que nos ha de ayudar a lograr la recuperación económica”.
“Las primeras medidas de reducción del gasto público que debería haber adoptado Rivero pasan por un drástico adelgazamiento de la estructura de la administración y del entramado empresarial público de la comunidad autónoma, por un cambio en el modelo de gestión de la Televisión Canaria, la supresión de la Policía autonómica, y prescindir del Diputado del Común; en definitiva, por eliminar todo gasto que en estos momentos no sea imprescindible para mantener el núcleo de los servicios públicos esenciales”, agregó Tavío.
La parlamentaria popular animó, además, al Gobierno autonómico a tomar las medidas necesarias “para reducir el alto coste de la Administración pública canaria, incentivar la creación de puestos de trabajo y dotar un verdadero plan de acción que dé liquidez al sector empresarial privado”.
Pago a proveedores
Por su parte, el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor coincidió con los populares en los efectos positivos que ha supuesto el pago de unos 650 millones de euros a proveedores de Canarias, gracias al Plan de Pagos puesto en marcha por el Gobierno de España, y mostró su convencimiento respecto a que “de esta vamos a salir con realismo e ilusión”.
Sin embargo, Amor mostró su preocupación porque tanto el Ejecutivo autonómico, como los Cabildos Insulares y la mayor parte de los ayuntamientos de las Islas siguen sin pagar a tiempo a sus proveedores, y cifró este incumplimiento en un 95%.
Cristina Tavío recordó en este punto que el Gobierno de España ha retrasado a septiembre la puesta en marcha de medidas fiscales, mientras que el Ejecutivo canario “no ha tenido la misma sensibilidad, y se ha apresurado a aplicar una desproporcionada subida del 40% en el IGIC”.
Formación y capacitación
ATA y el Grupo Popular coincidieron, además, en su preocupación ante la falta de acciones dirigidas a mejorar la capacitación y formación profesional a través de pymes y autónomos. Según puso de manifiesto Jorge Rodríguez, portavoz del PP en materia económica, poco más de 1.000 de los más de 350.000 parados de Canarias acceden a cursos de formación y capacitación, “lo cual demuestra que el Gobierno, ante todo, debe cambiar su mentalidad”.
“Si no se dan cuenta que en Canarias no habrá empleo sin iniciativa privada será muy difícil que prosperemos, especialmente cuando es muy costoso ser empresario en esta comunidad autónoma”, reflexionó el diputado popular.
Los parlamentarios asumieron el compromiso de presentar iniciativas en el Parlamento de Canarias, dirigidas a que las partidas del Fondo Social Europeo favorezcan la formación y posterior contratación de trabajadores en el ámbito empresarial privado.
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