El presidente del GPP, Asier Antona, pregunta a Paulino Rivero sobre las conclusiones de la Conferencia de Presidentes
Santa Cruz de Tenerife, 9 de Octubre de 2012 / Política - Grupo Popular / Gabinete de Prensa.
El Grupo Parlamentario Popular propiciará mañana el debate parlamentario acerca de la decisión del Gobierno de Canarias de acudir al Fondo de Liquidez Autonómico, gracias a una iniciativa popular que protagonizará el diputado Miguel Cabrera.
En una sesión plenaria de gran contenido económico, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, Asier Antona, preguntará al presidente del Gobierno, Paulino Rivero, por las conclusiones de la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada recientemente en Madrid; en particular, por la declaración institucional unánime suscrita por las autonomías y el Gobierno de la Nación.
De igual forma, la portavoz adjunta, Cristina Tavío, planteará al Gobierno regional, en la persona del consejero de Economía, la necesidad de encontrar una solución al rechazo unánime de las corporaciones locales canarias a la falta de transparencia y a la distribución interadministrativa de los recursos del REF.
Vinculada a materia sanitaria, la diputada Mercedes Roldós interpelará al Gobierno de Canarias para que aclare en sede parlamentaria qué garantías económicas y financieras puede ofrecer para el pago de la prestación farmacéutica ambulatoria.
El diputado Miguel Jorge demandará información al consejero de Obras Públicas sobre el anunciado Comité de Inversiones que el presidente Rivero prometió hace semanas.
En otro orden de cosas, el GPP, a través de la parlamentaria Milagros Bethencourt, reclamará del Gobierno información sobre las medidas adoptadas en el incendio ocurrido en agosto en La Gomera para que no se extendiese al municipio de Valle Gran Rey.
Víctor Moreno defenderá sendas iniciativas en el pleno parlamentario. La primera, para solicitar explicaciones del pago por parte de RTVC de los derechos de emisión de un documental sobre la figura de Antonio Cubillo y, una segunda, para reclamar al Gobierno que cumpla su obligación de informar al Parlamento en lo que se le solicite, después de que se desentendiera de la reclamación de datos sobre los gastos de viajes, comidas y hoteles del presidente, consejeros y altos cargos del Ejecutivo regional.
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