La diputada por Gran Canaria asegura que la principal preocupación de su grupo es defender el interés general, “no los intereses de una empresa privada como hacen otros”
La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario manifiesta que, entre otras cuestiones, esta nueva ley hace que Canarias no pueda establecer un sistema de referencias tarifarias que abarate el coste de la energía para los ciudadanos de las islas
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 9 de abril de 2013 / Energías - Política / Gabinete de Prensa.
La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) y diputada por Gran Canaria, María del Mar Julios, ha mostrado hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias su sospecha de que la nueva regulación sobre los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares del Gobierno de España “solo persigue una finalidad económica para el Estado, no el abaratamiento de la factura de la luz para los ciudadanos de Canarias”.
Durante su intervención, la portavoz adjunta aseguró no entender cuál es la intención de este Proyecto de Ley “que, además, se ha hecho sin consultar a Canarias, que pierde la oportunidad con este texto de establecer un sistema de referencias tarifarias que abarate el coste de la energía”. “El objetivo de mi grupo es velar por el interés general en contra de un proyecto que parece estar más hecho para beneficiar a una empresa”, insistió Julios, quien calificó de una auténtica deslealtad institucional que el Gobierno de España haya elaborado este texto de forma unilateral.
En este sentido, Julios mostró su preocupación de que el Estado esté negando a Canarias la posibilidad de decidir sobre el modelo energético que quiere para las islas, “y me temo que detrás de todo esto pueda haber un intento más de paralizar el desarrollo de las renovables en las islas”, y se preguntó si serán compatibles para el Ministerio de Industria determinadas generaciones que no consumen petróleo con sus planes para las islas.
Para María del Mar Julios, además, los cambios introducidos en los sistemas de bombeo, tanto de Gran Canaria como de El Hierro, son “muy graves porque se estaba esperando por que se definieran las retribuciones y ahora, unilateralmente, y con dudosa legalidad, el proyecto adjudica a dedo a una empresa privada algo que ya estaba adjudicado por ambas islas”, insistió.
Para Julios, esta ley evita que Canarias decida sobre su futuro energético, y que los canarios y las canarias estén en igualdad de condiciones con una factura de la luz ajustada e igualitaria con los sistemas peninsulares.
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