La Intervención General del Cabildo de Gran Canaria detectó, el pasado 4 de junio, que la Consejería de Obras Públicas había fraccionado los contratos de acondicionamiento de la carretera GC-42, por valor de 500.502,77 €, en 11 trozos adjudicados de forma directa a otras tantas empresas, por lo que formuló un “reparo suspensivo”, bloqueando el pago. Reparo que tuvo que ser levantado por el Presidente para evitar el enriquecimiento injusto de la administración
El Viceportavoz socialista en la Corporación Insular, que ya se había interesado por el elevado número de levantamiento de reparos por parte del Presidente, plantea que se interesará en la Comisión de Pleno de septiembre sobre este particular, que coincide en el tiempo con la negativa a aprobar una moción socialista de transparencia en la contratación
Las Palmas de GC (Canarias), 7 de agosto de 2013 / Políticas - PSC-PSOE / Gabinete de Prensa.
El pasado 4 de junio, el Interventor General del Cabildo Insular de Gran Canaria informó desfavorablemente y formuló reparo suspensivo del pago de una serie de facturas relacionadas con la rehabilitación de muros de la carretera GC-42 (San Mateo-Teror). Este hecho se produjo al constatar el Interventor que, durante el último trimestre de 2012 se adjudicaron, de forma directa, a través de contratos menores, obras de reparación de muros de esta carretera, por un importe total de 500.502,77 €, con un desglose en 11 contratos que van de los cincuenta mil a los veinticinco mil euros sin IGIC.
La Intervención destaca en su informe que “al concentrarse las actuaciones en un mismo periodo y en la misma carretera, sólo cabía la tramitación de un procedimiento abierto que respetara los principios generales de la contratación pública (…), la salvaguardia de la competencia y la selección de la oferta económica más ventajosa”. En este sentido, el Interventor recuerda que el límite, curiosamente, de los contratos menores de obras, los que se adjudican de forma directa, sin concurrencia alguna, son los 50.000 € más IGIC. Cantidad que no superó ningún contrato de la misma carretera, del mismo muro y en las mismas fechas.
Además, dicho informe concluye que “se ha comprobado que los proyectos ya estaban definidos con anterioridad y el Servicio los tramita según le permiten sus disponibilidades presupuestarias; lo que evidencia la posibilidad de preveer la necesidad de dichas actuaciones y, en consecuencia, la contratación de un único contrato”.
El 10 de julio, el Presidente decreta el levantamiento del reparo del Interventor para proceder al abono de 8 de las facturas (las otras tres ya se habían tramitado).
El Viceportavoz socialista en el Cabildo Insular, Augusto Hidalgo, ha avanzado que va a interesarse por este asunto en la primera Comisión de Pleno de Infraestructuras, que se celebrará en septiembre. En este sentido, sí avanzó que “resulta insólito que dos semanas después de ser rechazada en el Pleno una moción socialista que pretendía un reparto justo y lo menos discrecional posible de los contratos menores de estudios y proyectos ejecutados por esta institución, nos enteremos ahora que están troceando los contratos que por obligación deben pasar por un trámite de concurrencia competitiva para ser adjudicados. Nosotros intentando que se eviten suspicacias con los millones de euros adjudicados de forma directa por este Cabildo y van ellos y lo empeoran. Llueve sobre mojado en la Consejería de Obras Públicas, convierten los contratos grandes en múltiples contratos pequeños, saltándose la ley y adjudicándolos de forma directa”.
Hidalgo añadió que “esperamos que las explicaciones dadas en la Comisión de Pleno sean más convincentes que en el informe del Servicio para levantar el reparo. Porque argumentar, como hacen, que las obras tienen objetos distintos al distribuirse por 14 kilómetros del mismo muro suena a broma. Lo insólito sería que se hubieran hecho 11 contratos para un mismo tramo de muro. Obviamente, lo que se hizo fue hacer 11 contratos para 11 tramos distintos, pero del mismo muro y, encima, muchos adjudicados el mismo día o con un día de diferencia. Es evidente que se trata de un mismo objeto, aunque se tratara de empresas distintas, y debería haberse hecho un procedimiento negociado con publicidad al superar los 200.000 € y tratarse de proyectos de obras”.
“De hecho, el único argumento que compartimos plenamente del levantamiento del reparo por parte del Presidente es el de la existencia de enriquecimiento injusto por parte de la administración. Dado que las obras ya se han realizado y las empresas deben cobrar. Pero creemos que la diligencia y la rapidez en la gestión de los recursos públicos no puede estar reñida con el cumplimiento de la ley, en especial cuando de lo que se trata es de garantizar la libre concurrencia en la adjudicación de contratos públicos. Y que se adjudique a dedo a empresas distintas no sirve de escusa en este caso, máxime cuando rechazaron darle transparencia a la adjudicación de contratos menores hace dos semanas en Pleno”, finalizó Hidalgo.
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