Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 2 de septiembre de 2013 / Cámaras de Comercio / Gabinete de Prensa.
La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, se reunió hoy con representantes de las cuatro Cámaras de Comercio de Canarias para abordar diversas cuestiones que afectan a estas entidades, entre ellas, las enmiendas de las cámaras isleñas al proyecto de ley Básica de Cámaras Oficiales de Comercio que tramita el Gobierno central, unas reivindicaciones que el Ejecutivo canario considera justas y que, por tanto, apoya.
Francisca Luengo aseguró que “de aprobarse la norma que tramita el Partido Popular tal y como está actualmente, será la sentencia de muerte para las Cámaras de Comercio, ya que si bien el proyecto de ley les da a estas entidades más competencias administrativas, no les otorga recursos para poder ejercerlas, lo que supone un perjuicio muy importante para ellas”.
Por ello, la consejera se ofreció a hacer llegar las alegaciones planteadas por las cámaras isleñas a los grupos parlamentarios canarios con representación en el Congreso de los Diputados para que puedan presentar enmiendas a este proyecto de Ley en su tramitación en las Cortes.
Luengo quiso destacar el importante trabajo que llevan a cabo las cámaras de comercio en materia de apoyo empresarial, especialmente en el ámbito del emprendimiento, el autoempleo, el asesoramiento y la formación, y aseguró que “el Gobierno de Canarias cuenta con las Cámaras y va a seguir contando con ellas en el futuro”.
Por otra parte, durante la reunión se acordó la creación de una comisión técnica que aportará soluciones a una serie de cuestiones que afectan a las cámaras de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, un equipo que en quince días deberá aportar propuestas a las diferencias surgidas a raíz de la transferencia de activos en el momento en el que se crearon las cámaras de Lanzarote y Fuerteventura. También se deberá dar respuesta a la designación de representantes de las cámaras en el Consejo Económico y Social y en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, una vez solucionada la cuestión anterior.
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