Palafrugell (Girona), 17 de abril de 2015 / Cartas al Director / José Morales Martín
El magistrado Alberto Jorge Barreiro, del Tribunal Supremo, ha tomado declaración a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidentes de la Junta de Andalucía durante el caso de los EREs, y seguirá tomando a los ex consejeros que están aforados. Comparecían como imputados y posibles responsables de la adjudicación irregular, durante 10 años, de 850 millones de euros de ayudas de dinero público que se distribuyeron con criterios de clientelismo político.
La declaración era especialmente relevante porque de ella, y de la decisión que tome el juez, depende en gran medida la investidura de Susana Díaz. El PSOE, que en su momento aseguró que la imputación de cualquier cargo público supondría su cese, luego afirmó que en este caso los ex presidentes tenían que ser imputados por un delito concreto para retirarles sus actas de diputado y senador. Las fuerzas que podrían permitir la investidura exigen que a Chaves y a Griñán se les mande a casa. ¿Seguirán firmes las fuerzas citadas? ¿Se acabará con lo de donde dije digo, digo diego?
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