Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 29 de junio de 2016 / Políticas - Izquierda Unida Canaria (IUC) / Gabinete de Prensa
Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denuncia que el cese de Luisa del Toro como secretaria y directora técnico-jurídica de la Gerencia de Urbanismo “se debe a la alergia de CC y PP a la profesionalidad y a la legalidad. No soportan, por ejemplo, los informes jurídicos de Del Toro que interpretaban correctamente la sentencia sobre el derribo del Mamotreto porque querían no tener que cumplir la sentencia”.
El edil de IUC afirma que “la funciones técnicas no se pueden asignar en base a criterios partidistas si se quiere que se respete la ley. Es una vergüenza que esto no se haya aprendido en la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, que tiene procesados a funcionarios que sucumbieron a las presiones de políticos hoy procesados y condenados por corrupción”.
Trujillo afirma que “velar por los intereses de la ciudadanía implica garantizar la independencia de los funcionarios que participan en el control de legalidad y es un pésimo mensaje a la ciudadanía y a los servidores públicos castigar a quienes hacen bien su trabajo precisamente por hacerlo bien”.
Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denuncia que el cese de Luisa del Toro como secretaria y directora técnico-jurídica de la Gerencia de Urbanismo “se debe a la alergia de CC y PP a la profesionalidad y a la legalidad. No soportan, por ejemplo, los informes jurídicos de Del Toro que interpretaban correctamente la sentencia sobre el derribo del Mamotreto porque querían no tener que cumplir la sentencia”.
El edil de IUC afirma que “la funciones técnicas no se pueden asignar en base a criterios partidistas si se quiere que se respete la ley. Es una vergüenza que esto no se haya aprendido en la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, que tiene procesados a funcionarios que sucumbieron a las presiones de políticos hoy procesados y condenados por corrupción”.
Trujillo afirma que “velar por los intereses de la ciudadanía implica garantizar la independencia de los funcionarios que participan en el control de legalidad y es un pésimo mensaje a la ciudadanía y a los servidores públicos castigar a quienes hacen bien su trabajo precisamente por hacerlo bien”.
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