“Dar la posibilidad a las aerolíneas de dejar o tomar pasajeros y carga durante una parada técnica entre estados supondrá toda una oportunidad de desarrollo y negocio para Canarias”, afirma la ex consejera autonómica de Turismo y miembro del CCN
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 09 de enero de 2014 / Políticas - CCN / Gabinete de Prensa.
La exconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias y miembro del Centro Canario Nacionalista (CCN), Rita Martín, confía en que Paulino Rivero “haya sabido apretarle convenientemente las clavijas a Rajoy”, para que el Gobierno central apruebe “a la mayor brevedad posible una ley” que permita la aplicación de la denominada “quinta libertad del tráfico aéreo” en los aeropuertos canarios.
Dicha figura, recogida en las normas internacionales de Aviación Civil, hace referencia al derecho otorgado por un estado a otro de embarcar o desembarcar en su territorio pasajeros, correo y carga aérea procedente o destinada a un tercer estado, y se encuentra sujeta a la firma de convenios entre estados.
Según Rita Martín, la aplicación de la “quinta libertad del tráfico aéreo” supondrá “una oportunidad de desarrollo y negocio para el Archipiélago canario dada su situación de máximo interés geoestratégico como encrucijada entre Europa, América y África, pues permitirá a los operadores aéreos la apertura de importantes mercados comerciales y de nuevas rutas internacionales”.
La ex consejera autonómica de Turismo critica en este sentido la “ambigüedad” con la que la ministra de Fomento, Ana Pastor, se ha referido en sede parlamentaria a la aplicación de este derecho en Canarias “pues si bien por un lado se muestra favorable, tal como recogía el programa electoral del PP, por otro lado matiza que habrá que tener en cuenta otro tipo de intereses”.
“Dado que el PP ha expresado públicamente su compromiso de aplicar la quinta libertad del tráfico aéreo en los aeropuertos canarios, desde el CCN confiamos en que Paulino Rivero haya sabido transmitir convenientemente a Rajoy la importancia que tiene para Canarias la aplicación de este derecho como motor de desarrollo y generador de empleo, pues lo contrario sería auténticamente lamentable teniendo en cuenta la difícil coyuntura económica que está atravesando el Archipiélago”, concluye Rita Martín.
