La Junta Provincial de Jueces y
Magistrados de Santa Cruz de Tenerife, reunida en el Palacio de Justicia de
Santa Cruz de Tenerife el 21 de septiembre de 2012 a las 13 horas, y
constituida por 58 jueces y magistrados, 13 de los cuales lo hicieron por
representación, ha acordado por unanimidad:
1º-Hacer suya la propuesta de
medidas de la Comisión Interasociativala Magistratura ,
Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia , Foro
Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Asociación Profesional e
Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales), en concreto:
-el cumplimiento estricto de las
horas de audiencia fijadas por la ley-
-la autorregulación, instando a la Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales para que proceda a establecer la carga de trabajo que debe
desarrollarse conforme a criterios de calidad y a las normas de salud e
higiene, así como el establecimiento de un catálogo de enfermedades
laborales. Entre tanto, instar la
convocatoria de juntas de jueces sectoriales para establecer la carga de
trabajo a la que ajustar nuestra función.
Los fiscales instarán a la Fiscalía General
que fije un módulo de trabajo razonable y entre tanto, los fiscales ajustarán
sus funciones a meros criterios de calidad y salud. Instarán, asimismo, de la Fiscalía General
que fije un catálogo de enfermedades profesionales en coordinación con la
comisión de riegos laborales de los jueces.
Por la comisión interasociativa se convocará una
concentración de toda la
Carrera Judicial y Fiscal.
Si los anteproyectos de reforma de la LOPJ no se paralizan, ya que
atentan a la independencia de los jueces y a la autonomía de los Fiscales y
sigue sin abrirse una vía de negociación seguiremos adoptando medidas de
presión concretas sin descartar paros parciales y huelga.
Las asociaciones de jueces y fiscales prestarán cobertura
y asistencia a todos aquellos jueces y fiscales que secunden estas medidas.
2º-Aprobar la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, que aboga porque se tenga en cuenta la
especificidad de Canarias como territorio ultraperiférico para evitar la
reducción de los permisos para asuntos propios prevista en la futura reforma de
la Ley Orgánica
