- Irán destinados a dar cobertura a un convenio que permitirá que el Cabildo colombino ejecute seis proyectos en varias zonas de la Isla
Canarias (España), 4 de agosto de 2017 / Consejo de Gobierno de Canarias/ Gabinete de Prensa.
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana la firma de un convenio con el Cabildo Insular de La Gomera que da cobertura a un convenio para la ejecución de seis proyectos hidráulicos en diferentes zonas de la Isla. La inversión que destina el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, es de 700.000 euros que serán destinados a obras para mejorar redes de saneamiento y de abastecimiento en Agulo, Alajeró, San Sebastián, Valle Gran Rey y Vallehermoso.
Según el propio convenio, será el Cabildo el encargado de la contratación y ejecución de estas infraestructuras, que cumplen con los objetivos de la Directiva Marco del Agua respecto a la racionalización de dichas redes y su uso en armonía con el medio natural.
La obra de más envergadura se desarrollará en San Sebastián, donde se invertirán 269.737 euros en la mejora y optimización de la red de agua potable. En Valle Gran Rey se destinarán 137.932 euros a la adquisición de un camión de limpieza de la red de saneamiento, mientras que en Vallehermoso está previsto mejorar el filtro verde en El Cercado, con una inversión de 102.238 euros, lo que evitará actuales vertidos sin control.
También se ha incluido en este convenio, que tiene como plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2017, la mejora de la red de saneamiento en La Quebrada (en el municipio de Agulo), donde se invertirán 45.069 euros; la mejora de la red de agua potable de abastecimiento en la zona de La Punta, en Playa de Santiago (Alajeró), que tiene un presupuesto de 73.800 euros; y la mejora de la red de abastecimiento en El Cedro, así como varias acciones para reducir las fugas de agua en la red del mismo municipio, Hermigua (71.220 €).
- Junto al inmueble y el entorno, quedarán protegidos el reloj carrillón y las vidrieras
El Consejo de Gobierno acordó hoy la declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de monumento, para el Palacio Insular donde radica la sede del Cabildo de Tenerife, uno de los edificios más emblemáticos de la capital tinerfeña e icono de la isla. Se complementa así la protección que ya tienen, desde 2011, los murales de José Aguiar situados en este edificio.
La declaración de BIC en la categoría de monumento se adjudica a ‘aquellos bienes que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras singulares de escultura, siempre que sobresalgan por su valor arquitectónico, técnico, histórico, artístico, científico o social’.
Sobre este principio se asienta el BIC al edificio que alberga en la actualidad la sede del Cabildo de Tenerife, así como a su entorno de manera que se pueda preservar el ambiente urbano más inmediato al inmueble frente a futuras obras o transformaciones físicas que puedan generar impactos perjudiciales en el inmueble.
Junto al inmueble quedarán protegidos por esta declaración de Bien de Interés Cultural bienes muebles como las vidrieras policromadas que se encuentran en el entresuelo, entre la planta baja y la planta alta por la entrada principal al Palacio Insular y el reloj carrillón de la torre, único por sus toques de campanas ya que cada cuarto de hora emiten los sones del tajaraste, un sonido que le distingue.
Historia
El proyecto de este edificio fue encargado en 1934 por el entonces presidente de la Corporación, Máximo Acea, al arquitecto de la misma, José Marrero Regalado, quién trabajó con el también arquitecto Schneider.
Las obras se iniciaron ese mismo año y se prolongaron a lo largo de seis.
La amplitud del edificio hizo pensar en compatibilizar sus funciones, aunque finalmente, ante el peligro de que el gremio militar se hiciera cargo de él, se llevó a cabo una apresurada mudanza.
Su planta es de forma rectangular desarrollada sobre un gran patio de luces con cinco pisos y un sótano en el cuerpo central.
Aprobada la modificación del decreto que establece las bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros
- La nueva regulación establece que el porcentaje de bonificación aplicable a los residentes canarios que sean usuarios de la línea marítima insular de La Gomera será del 75%
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy viernes, 4 de agosto, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la modificación del decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular e insular de viajeros residentes en Canarias.
En concreto, la reforma se ha efectuado en el artículo 2 del decreto. Por un lado, se ajustan los porcentajes de bonificación aplicables a los transportes marítimos interinsulares tras la aprobación de la Ley de Presupuestos del Estado para 2017, con la que el Gobierno de España fija por su parte, en un 50%, el porcentaje de bonificación de las líneas marítimas interinsulares para los residentes canarios.
De este modo, el decreto ahora establece que por parte del Gobierno regional, el porcentaje de bonificación aplicable en los precios de los billetes de transporte marítimo regular interinsular de viajeros residentes en Canarias será del 25%.
Por otro lado, los cambios efectuados en el decreto también ajustan los porcentajes bonificables en los trayectos interiores de las Islas incrementándolos. Así, establece que el porcentaje de bonificación aplicable a los residentes canarios que sean usuarios de la línea marítima insular de La Gomera “San Sebastián de La Gomera-Playa Santiago-Valle Gran Rey”, será del 75%. Hasta ahora, al 75% solo se podían acoger los residentes de La Gomera y el Gobierno de Canaria ha impulsado esta medida con la finalidad lograr la dinamización industrial, turística y económica en general de la isla de La Gomera.
El Gobierno autoriza 5,9 millones de euros para la ampliación del CEIP El Cardón
- La obra permitirá duplicar la capacidad de escolarización del centro educativo grancanario
El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy, a propuesta de la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, el gasto plurianual de 5.906.068,70 euros para la ejecución de las obras de ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Cardón, de Gran Canaria, unos trabajos que permitirán duplicar la capacidad del centro con un nuevo edificio de aulas y la ampliación de la superficie útil de cada dependencia educativa, que pasará de los 45 metros cuadrados actuales a 60 metros cuadrados.
Además de las nuevas aulas, el proyecto incluye instalaciones para mejorar la calidad de las enseñanzas: dos nuevas salas para la especialidad de Pedagogía Terapéutica, dos dependencias de apoyo educativo, una sala de artes, un aula de idiomas, una de música y la ampliación del salón de actos. El centro de Primaria también contará con mejores instalaciones deportivas, ya que el proyecto recoge la construcción de un nuevo gimnasio, y tendrá mejores servicios para el alumnado, con la instalación de un comedor escolar y una cocina.
En el acuerdo alcanzado esta mañana por el Consejo se recoge un presupuesto de licitación y contratación de la obra de 5.906.068,70 euros, con una previsión de anualidades hasta 2019. Con la aprobación de esta partida, podrá comenzar el proceso de licitación de la obra, que responderá a la demanda de la comunidad educativa del centro y mejorará las condiciones de escolarización del alumnado del municipio de Santa Lucía de Tirajana, población que se ha visto afectada por un aumento demográfico en los últimos años.
Desde el inicio de la Legislatura, la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias ha reforzado el trabajo en materia de mejora de las infraestructuras en el Archipiélago.
Así, se han iniciado los trabajos de construcción de nuevos centros educativos, como el CEIP La Destila, el CEIP Villaverde, el CEO Playa Blanca, el nuevo IES Haría, el CIFP Llanos de Aridane o el nuevo módulo del CIFP Agüimes, y se han aprobado, en Consejo de Gobierno, los presupuestos para contratar la construcción de más centros educativos, como el CEIP Morro Jable, que ya ha salido a licitación, los CIFP Arucas, Icod de los Vinos y Adeje, o el IES Guaza.
Además, otros proyectos, como el CEIP El Castillo, en Fuerteventura, se encuentran ya en fase de supervisión, como paso previo a la solicitud al Gobierno de la aprobación del gasto plurianual. La Consejería trabaja, paralelamente, en la preparación de nuevos proyectos, como es el caso del nuevo IES Chafiras, para el que el equipo técnico de Educación y Universidades ya desarrolla los trámites administrativos que permitirán contratar el proyecto de ejecución.
También se está trabajando en la elaboración de los proyectos de ejecución de los CEIP El Quintero y Costa Teguise, en Lanzarote, y gestionando los trámites de suelo para edificar un centro educativo en el municipio herreño de Valverde; un IES en La Lajita, en Fuerteventura; y, en Tenerife, un Centro de Educación Especial, que sustituya al actual CEE Adeje.
El Gobierno amplia en dos años la adaptación a la normativa de los centros para personas con discapacidad
El Consejo de Gobierno ha modificado el Decreto por el que se aprueba el reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias.
Mediante este Decreto se amplia el plazo en dos años, para que los centros de atención a las personas con discapacidad se adecuen a las exigencias del Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, de 20 de julio.
La ampliación de plazo de adaptación se fundamenta en la importancia de mantener en funcionamiento estos centros y servicios por las esenciales prestaciones que se ofertan al colectivo de personas con discapacidad y teniendo en cuenta las dificultades para su adaptación a la normativa vigente dado que no se ha procedido a la actualización en los últimos años del valor económico del coste de las plazas de las personas usuarias de los mismos.
El Gobierno también acuerda derogar los capítulos V y VI del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos.
La derogación de estos dos capítulos se justifica porque actualmente ya están regulados por normas técnicas que se fueron dictando por el Estado con posterioridad de forma que ya está garantizada la deseada seguridad en los establecimientos a los que se refiere, y una duplicidad no justificada a día de hoy, está creando confusión y distorsión en el actual marco normativo de la actividad empresarial.
Aprobada la declaración de interés estratégico de siete proyectos de energías limpias en el Archipiélago
El Consejo de Gobierno de Canarias ha validado la propuesta del Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos en su reunión del día 31 de julio, por el que se declara de interés estratégico para el Archipiélago siete proyectos de inversión.
En concreto, tendrán esa consideración los parques eólicos Magua I y Magua II, y la instalación fotovoltaica Güímar I y Güímar II, en Tenerife; la instalación fotovoltaica Tibicenas I, y el parque eólico la Botija, en Gran Canaria; además de la instalación fotovoltaica conectada a red de 5,2 MW, también en Gran Canaria; y una planta solar y un parque fotovoltaico, ambos en Puerto del Rosario.
La Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias fue aprobada con el objetivo de agilizar la tramitación, en las administraciones públicas, de los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión que sean declarados de interés estratégico por parte del Gobierno de Canarias.
En ese sentido, el texto legal establece que tienen la consideración de inversiones de interés estratégico las que sean declaradas como tales por parte del Gobierno de Canarias, en atención a su especial relevancia para el desarrollo social y económico de las Islas.
Así, por ejemplo, aspectos como el impacto sobre la economía insular o canaria, especialmente en el ámbito de la generación de empleo; la capacidad para movilizar inversión privada interna o externa, o la repercusión en sectores de especial interés para el Archipélago, como el turismo, las energías, la industria, la innovación, el tratamiento y reciclado de residuos, la internacionalización, entre otros, son criterios sobre los que apoyar la declaración de una inversión como de interés estratégico para Canarias.
La Ley contempla que estos proyectos pasarán a ser tramitados en la mitad de tiempo en los procedimientos administrativos previstos en la normativa de cualquier administración publica canaria, salvo en los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, los procedimientos de concurrencia competitiva y los de naturaleza fiscal.
Además, se establece que en la tramitación, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, cuando tenga por objeto exclusivo obras e instalaciones de inversiones declaradas de interés estratégico, los plazos también se reducirán a la mitad.
Asimismo, se reducirán a la mitad los plazos para el otorgamiento de cualquier licencia que resulte necesaria para la ejecución, apertura o funcionamiento de dichas obras e instalaciones, salvo en las que la normativa estatal lo impida. De igual manera ocurrirá con los plazos establecidos para los procedimientos medioambientales.
El Gobierno y el Cabildo de El Hierro suman esfuerzos para mejorar el cultivo y la comercialización de la piña tropical
- Agricultura aporta 1.050.000 euros hasta 2019 para un proyecto que desarrollará la Corporación insular y cooperativas herreñas
El Gobierno de Canarias, el Cabildo de El Hierro y las cooperativas de esta Isla realizarán en los próximos meses un trabajo de mejora en el cultivo y comercialización de la piña tropical, con el objetivo de impulsar este subsector agrario en la Isla. Así queda reflejado en el convenio aprobado esta mañana por el Consejo de Gobierno de Canarias que prevé la inversión de 1.050.000 euros hasta 2019, a través de su Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en una subvención para que el Cabildo Insular ejecute el citado proyecto.
El Hierro es la Isla en la que mayoritariamente se cultiva la piña tropical con unas 130 hectáreas destinadas a la producción de alrededor de 1,3 millones de kilos cada año. Es un recurso económico importante para la Isla y presenta dificultades para su comercialización debido a su falta de homogeneidad en el tamaño y presentación y su sabor, poco azucarado. Así mismo, se ha detectado la necesidad de regenerar los ejemplares para cultivo para garantizar la buena salud de las cosechas o la bajada en la producción.
Este convenio, que será firmado por dos de las más importantes cooperativas de la Isla (Sociedad Cooperativa Frontera y Frutas del Hierro) aunque pueden sumarse otras, tiene como objetivos regenerar y mejorar la comercialización, establecer unos parámetros de calidad homogéneos para toda la producción insular y, en definitiva, dar impulso al sector para satisfacer la actual demanda.
Se realizarán cuatro acciones diferenciadas. Se pretende mejorar las plantas ‘madre’, en invernadero, y aumentar el número de plantas. Además, se seleccionará, catalogará, evaluará y multiplicará material vegetal de este cultivo de interés para las condiciones de El Hierro y se elaborará un proyecto de recuperación de materia orgánica y elaboración de compost.
Este proyecto será ejecutado por personal del Cabildo de El Hierro, que deberá elaborar una memoria anual sobre el estado de ejecución de los trabajos durante los tres ejercicios que tiene de vigencia este convenio durante los que se invertirá la citada cantidad, dividida en 350.000 euros cada uno de los tres años.
El Gobierno de Canarias invertirá 3,4 millones de euros en la reforma del parque público de viviendas
- La inversión se destinará a obras de rehabilitación, reforma y conservación de un total de 3.452 viviendas protegidas que forman parte del parque público del Instituto Canario de la Vivienda
El Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ha autorizado conceder al Instituto Canario de la Vivienda la realización del gasto que conlleva el acuerdo marco para la contratación de las obras de reforma, reparación y conservación, de las viviendas protegidas adscritas al patrimonio del Instituto Canario de la Vivienda, de la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 3.400.000 euros.
La inversión contempla un gasto total de 3.400.000 euros, con una distribución bianual para 2017 y 2018 de 1.700.000 euros cada año, de las que se beneficiarán un grupo de 3.452 viviendas que forman parte del parque público de viviendas dependiente del Instituto Canario de la Vivienda, distribuidas en 53 actuaciones en viviendas ubicadas en las dos provincias.
En concreto, se llevarán a cabo 34 actuaciones en la provincia de Las Palmas y 19 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que incluyen diversas actuaciones en las edificaciones, entre ellas, impermeabilizaciones, tratamiento de carpintería de madera y metálica, además de mejoras en las instalaciones eléctricas y mecánicas.
Con esta inversión se permitirá la contratación de las obras de reforma, reparación y conservación de las viviendas protegidas adscritas al patrimonio del Instituto Canario de la Vivienda de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la finalidad de dotarlas de condiciones de habitabilidad, posibilitar el ahorro de consumo energético o la adaptación a la normativa vigente en materia de aguas, electricidad, protección contra incendios o planeamiento, o de suprimir barreras arquitectónicas, entre otras.
Vivienda destina 500.000 euros a la Fundación Canaria de la Construcción
Por otra parte, el Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ha autorizado conceder una subvención a la entidad Fundación Canaria de la Construcción para el desarrollo de un proyecto de obras de rehabilitación y acondicionamiento de un conjunto de viviendas protegidas pertenecientes al parque público de la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 500.000 euros.
Esta subvención tiene como objeto la mejora y mantenimiento del parque de vivienda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias así como el fomento del empleo, a través del proyecto mixto de formación y aprendizaje y el asesoramiento especializado de cara a la inserción laboral, dentro del marco del convenio suscrito en diciembre de 2016 entre el Servicio Canario de Empleo, el Instituto Canario de la Vivienda y la Fundación Laboral de la Construcción, para el desarrollo de un proyecto mixto de Formación y Empleo, llevándose a cabo obras de rehabilitación y acondicionamiento de un conjunto de viviendas protegidas.
De esta forma, el proyecto mixto contempla, por un lado, la formación durante 11 meses inherente a los certificados de profesionalidad, así como formación complementaria, adquiriendo experiencia profesional dirigida a la adquisición de las competencias profesionales que faciliten su inserción en el mercado laboral, y por otro, un conjunto de actuaciones de rehabilitación y acondicionamiento de viviendas sociales, entre ellas, de 384 viviendas, en el polígono industrial de Jinámar, en Telde, y de 88 viviendas ubicadas en la Avda. Luis Celso García Guadalupe, en Santa Cruz de Tenerife.
La Fundación Laboral de la Construcción cuenta con una experiencia y contrastada solvencia que la hacen idónea para el desarrollo de un programa de esta envergadura, asegurando unos estándares de calidad y conocimiento que resultan prácticamente imposibles de igualar, pues esta entidad cuenta con un equipo técnico de amplia experiencia en acciones destinadas al fomento de la formación práctica de formación profesional y de certificados de profesionalidad, de asesoramiento laboral y dispone de unas infraestructuras adecuadas para la ejecución de este tipo de programa, instalaciones acreditadas en el Servicio Canario de Empleo para la concesión de los certificados de profesionalidad, por lo que puede desempeñar con éxito las acciones que se engloban en el mismo.
Nombramientos
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, acordó los siguientes nombramientos:
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento
Juan Manuel Santana Pérez
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, en la rama de Psicología por la Universidad de La Laguna y Máster en Dirección de Recursos Humanos por la Universitat Oberta de Catalunya. Su carrera profesional comenzó en la docencia y posteriormente fue coordinador de Prospección Educativa en la Dirección General de Ordenación Educativa. Ocupó el puesto de coordinador de Escolarización y Estadística en la Dirección General de Centros y ejerció de técnico de Escolarización y Estadística. Fue director territorial de Educación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, director general de Infraestructura Educativa, director general de Personal y director general de Función Pública. En 2010 fue nombrado viceconsejero de Administración Pública, cargo que ejerció hasta julio de 2011, en el que fue nombrado director general de Seguridad y Emergencias. Desde julio de 2015, Juan Manuel Santana Pérez ha sido viceconsejero de Educación y Universidades.
Consejería de Educación y Universidades
Viceconsejero de Educación y Universidades
David Pérez-Dionis Chinea
Licenciado en Filología Francesa por la Universidad de La Laguna y en Lettres Modernes por la Universidad Stendhal-Grenoble III (Francia), es funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación. Fue profesor de Educación Secundaria, jefe de Estudios y director del Instituto de Educación Secundaria Canarias Cabrera Pinto de La Laguna. Ha colaborado con el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación del Ministerio de Educación, como evaluador experto independiente de Programas Educativos Europeos. Colabora con la Escuela Superior de Educación Nacional, de Enseñanza Superior y de Investigación del Ministerio de Educación de Francia. Ha sido miembro de las juntas de gobierno de varias entidades de ámbito educativo y cultural. Fue presidente de la Asociación de Profesores de Francés de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y vicepresidente de la Federación Canaria de Asociaciones de Profesores de Francés. En julio de 2015 fue nombrado director general de Personal de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, cargo que ha desempeñado hasta la actualidad.
Consejería de Educación y Universidades
Director general de Personal
Juan Rafael Bailón Casanova
Nacido en Haría hace 53 años, es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la rama de Pedagogía y tiene también estudios de Derecho. Tiene la especialidad de Orientación Educativa y de Educación Física del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria y formó parte del Cuerpo de Inspectores de Educación, realizando estas funciones en Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Además, fue también consejero del Cabildo Insular de Lanzarote en las áreas de Transportes, Residuos y Actividades clasificadas, Seguridad y Emergencias. Fue el primer director del IES Tías, además de asesor de formación del profesorado durante cuatro años en dos etapas distintas en el Centro del Profesorado de Lanzarote, y orientador escolar en los institutos de Haría, Tías y Agustín Espinosa de Arrecife. Ha sido representante del Gobierno de Canarias en el Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. En julio de 2015 fue nombrado director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, cargo que ha desempeñado hasta la actualidad.
Consejería de Educación y Universidades
Director general de Innovación y Promoción Educativa
Jonathan Martín Fumero
Nació en 1981, en Tamaimo, Tenerife, y es licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna y CAP por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido asesor de Alcaldia en el Ayuntamiento de Santiago del Teide y portavoz municipal de Coalición Canaria en diferentes periodos, así como asesor en el Cabildo de Tenerife. De 2013 a 2015 impartió Geografía e Historia en Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Canarias y desde 2015 hasta la actualidad sido coordinador de la Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas en la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.
El Gobierno otorga dos subvenciones para la promoción y desarrollo de la actividad económica
- El Cabildo de Gran Canaria y la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife recibirán 153.750 euros y 164.000 euros respectivamente para cubrir parte de los costes laborales de sus proyectos
El Consejo de Gobierno ha aprobado dos subvenciones por un importe global de 317.750 euros al Cabildo Insular de Gran Canaria (153.750 euros) y a la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife (164.000 euros) para cofinanciar los costes laborales de los trabajadores que han de ejecutar los proyectos de promoción del desarrollo de la actividad económica.
El objetivo general que perseguirá el Cabildo Insular de Gran Canaria es la promover la creación de empleo, mediante la generación, modernización y consolidación de las pymes a través de la maduración de sus modelos de negocio, para lograr un desarrollo económico diversificado, así como la mejora de la calidad de vida de la población.
En cuanto a la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el objetivo general del proyecto es atender de forma personalizada a la ciudadanía para mejorar su empleabilidad mediante procesos de orientación y asesoramiento, que favorezcan el conocimiento y/o su inserción en el mercado laboral, así como impulsar la colaboración pública-privada para la realización de acciones el desarrollo y la mejora del tejido empresarial, a través de la dimensión socioeconómica de los sectores estratégicos de Santa Cruz de Tenerife, promoviendo así la consolidación de empresas y la atracción de nuevas inversiones.
El Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo, apuesta con la colaboración en estos dos proyectos y la puesta en marcha de medidas de política activa de empleo que aporte una mayor concreción y adecuación a la realidad territorial y del desempleo existente.
