Palafrugell (Girona), 4 de mayo de 2015 / Cartas al Director / José Morales Martín
El riguroso ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha convertido en diana de todas las críticas por haber invitado a políticos y medios de comunicación a pensar si debiera ser castigada la filtración y publicación de los sumarios judiciales declarados secretos. La reacción ha sido unánime: no hay que pensar nada porque contar la verdad, aunque sea filtrada por algún funcionario, no puede ser un delito, ya que está por encima el interés general por conocerla.
Se olvida que el secreto de sumario protege bienes y valores importantes mientras está en curso la investigación, y que la publicación de su contenido puede provocar daños irreparables. Pero lo que realmente se dilucida ahora es algo más que la divulgación de un secreto sumarial: es el supuesto derecho a vulnerar la ley por intereses meramente partidistas, como está pidiendo el PSOE con toda desfachatez para que se divulgue la lista de los que se han acogido a la última amnistía fiscal.
