La Corporación de Santa Lucía ha asumido una propuesta de la Mancomunidad del Sureste en la que se acuerda elevar una protesta ante el Parlamento y el Gobierno de Canarias por la “improvisación y la falta de coordinación en la redacción de la Estrategia Canaria frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano”.
El documento presentado por la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo canario, que se debatirá en el Parlamento este lunes previsiblemente, “se ha elaborado sin el consenso, el rigor, ni la dotación presupuestaria que requieren, desoyendo además las solicitudes de un cambio en las políticas sociales de este gobierno”, señala el acuerdo de la Mancomunidad del Sureste aprobado en el pleno del jueves por la Corporación de Santa Lucía en asuntos de urgencia.
La concejal de Acción Social, Rita Navarro, pone de manifiesto que “en Canarias hace falta una estrategia contra la pobreza, pero desde luego no es esta porque no se ha consensuado, no tiene ficha financiera y porque el Gobierno canario no nos oye cuando denunciamos que hay más personas que atender con menos recursos”.
Las cinco líneas de trabajo que recoge el plan, indica la propuesta, “se presentan de manera genérica, sin referencia presupuestaria y sin recoger las demandas de las entidades locales y sociales de Canarias”.
Garantizar los servicios
Se critica en el acuerdo corporativo que el denominado Plan de Empleo Social, “el Gobierno canario lo ha presentado como suyo, y sin embargo aporta sólo la mitad de lo que debemos aportar los ayuntamientos, 5,4 millones frente a los 10,8 de los municipios”, señala Rita Navarro quien añade que “cuando se habla del mantenimiento y consolidación de los servicios sociales municipales, debe hablarse de garantizar la supervivencia de estos servicios con un compromiso financiero con el Plan Concertado adecuado. Se debe priorizar en un plan de emergencia social en que participen la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos”.
La Corporación de Santa Lucía considera con la Mancomunidad del Sureste que “hay que mejorar la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, incluyendo a determinados colectivos en situación de exclusión a los que la ley no ampara actualmente, y eliminar algunos requisitos económicos –como los ingresos del año anterior- que impiden el acceso a esta prestación”.
En materia de Dependencia, “donde tenemos los peores datos del país” se reclama el cumplimiento de la ley en todas sus dimensiones, y que se estudie la financiación de las aulas de estimulación temprana que recibíamos los ayuntamientos porque es un programa básico para muchos menores”.
Además de proponer que se promuevan acciones específicas contra la pobreza infantil y que se dote económica y suficientemente a los programas de la infancia, se pide también “rescatar los programas de mediación familiar como espacios de trabajo con las familias para la resolución de conflictos y la mejora de las relaciones con los menores”, así como la dotación financiera a las escuelas infantiles.
Vivienda
En vivienda, asegura Rita Navarro, “esta estrategia deja atrás los problemas reales de las personas y no da respuesta a las necesidades que nos encontramos día a día en los servicios sociales de los ayuntamientos”, por lo que se propone, entre otros, la adjudicación inmediata de las más de 600 viviendas que Visocan mantiene construidas y sin ocupar, cuando el número de demandantes se ha incrementado en casi 4.500 familias desde el pasado mes de noviembre.
En este apartado también se reclaman ayudas para el alquiler para las familias en riesgo de exclusión, fomentar el alquiler social negociando con las entidades financieras el excedente de viviendas varías que tienen en estos momentos, así como la mediación del Gobierno con las entidades financieras para paralizar los expedientes de desahucio hasta que se modifique la legislación vigente.
Al tiempo que expresa su protesta por la improvisación y la falta de coordinación en la redacción de la propuesta que debatirá el lunes el Parlamento, la Corporación de Santa Lucía exige al Gobierno de Canarias “la planificación coordinada con los ayuntamientos y cabildos, y la ficha financiera para esta estrategia”, un pronunciamiento que será remitido al Gobierno y al Parlamento, así como a la Fecam y a la Fecai, y a varios colegios oficiales del Archipiélago.
