Canarias (España), 2 de febrero de 2016 / Política Sanitario Público / Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
La política de recortes, desmantelamiento y privatización del Sistema Sanitario Público iniciada hace unos años y llevada a su culmen por el PP, con la excusa de la crisis económica, ha ido acompañada de medidas que han deteriorado la calidad, la accesibilidad, la equidad, la racionalidad y el carácter redistributivo del Sistema Sanitario Público
1.- El RD Ley 16/2012 ha acabado con la Universalidad del sistema dejando sin derecho a la asistencia a importantes colectivos sociales especialmente vulnerables, como inmigrantes, jóvenes o parados de larga duración, al vincular el derecho a la atención a la cotización a la seguridad social (vulnerando la Ley General de Sanidad); generalizado los copagos que limitan el acceso a los servicios sanitarios a pensionistas o enfermos crónicos
2.- Los recortes del presupuesto sanitario en más de 10.000 millones de euros anuales, realizados en la dirección equivocada, han supuesto la eliminación de más de 53.000 plazas de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la sanidad; reducciones de camas hospitalarias y la paralización de la actividad de los centros por las tardes. Se han disparado las listas de espera poniendo en riesgo la salud de los enfermos y favoreciendo las desviaciones de pacientes a centros privados concertados y la contratación de seguros privados complementarios con ayudas fiscales a empresas y particulares.
3.- La financiación y gestión de los nuevos centros sanitarios mediante la denominada Colaboración Público Privada y la externalización de recursos estratégicos (laboratorios centrales, servicios de diagnóstico por imagen, historia clínica, receta electrónica, centrales de llamadas, logística, evaluación tecnológica, compra de equipamiento, investigación y docencia, etc.,), ha descapitalizado el sistema público, disparado los costes de construcción y funcionamiento, y complicado la gestión de los centros y servicios. Esta estrategia está poniendo en manos de fondos de capital riesgo y empresas multinacionales los nuevos centros sanitarios y los recursos de los Servicios de Salud Autonómicos para planificar, gestionar y evaluar los centros asistenciales, la salud pública, la contratación de personal y el equipamiento.
4.- La connivencia entre el Ministerio de Sanidad y la industria farmacéutica y de equipamiento tecnológico está incrementando de manera importante esta partida del gasto, especialmente en centros hospitalarios.
5.- La ausencia de instrumentos de participación social y profesional en la planificación y control de la atención de salud en todos los niveles del sistema impide el control de calidad y adecuar los recursos a las necesidades de la población.
Las últimas elecciones muestran un gran rechazo social y profesional a estas políticas del gobierno del PP, cuyo mantenimiento pondrían en riesgo real a la Sanidad Pública. Desde la FADSP hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas progresistas a llegar a acuerdos para constituir un nuevo gobierno que detenga el desmantelamiento y la privatización del Sistema Sanitario Público y adopte medidas para su recuperación y mejora.
Las principales medidas de una Política de Recuperación de la Sanidad Pública a corto y medio plazo pasarían por:
Recuperación inmediata de la financiación sanitaria pública a los niveles del inicio de la crisis, para posteriormente equipararnos a la media de los países europeos. Esta medida tendrá que ir acompañada de medidas de racionalización del gasto.
La derogación del RD Ley 16/2102 volviendo a una Sanidad universal, eliminando los copagos y garantizando una Cartera de Servicios única y equitativa para toda la ciudadanía.
Recuperación de los centros y servicios privatizados y externalizados, mediante un plan a corto, medio y largo plazo, que incluya medidas legales, financiación económica para afrontarlo y estrategias de negociación.
Recuperar el nivel de empleo en el SNS, mediante un plan que incluya un diagnóstico de necesidades del sistema, establezca prioridades y acabe con la precariedad laboral.
Plan de choque para afrontar la situación de las listas de espera desde la Sanidad Pública.
Recuperar el Plan de Mejora de la Atención Primaria que la ponga en el centro del sistema dotándola de los recursos necesarios para garantizar las políticas de promoción de salud, una atención de calidad y una buena capacidad resolutiva.
Desarrollar a todos los niveles y centros del sistema instrumentos de participación social y profesional.
Se trata de aspectos fundamentales que entendemos pueden ser ampliados y complementados con otras medidas, pero que son básicos para cambiar la política sanitaria y garantizar una atención sanitaria de calidad para toda la población.
La política de recortes, desmantelamiento y privatización del Sistema Sanitario Público iniciada hace unos años y llevada a su culmen por el PP, con la excusa de la crisis económica, ha ido acompañada de medidas que han deteriorado la calidad, la accesibilidad, la equidad, la racionalidad y el carácter redistributivo del Sistema Sanitario Público
1.- El RD Ley 16/2012 ha acabado con la Universalidad del sistema dejando sin derecho a la asistencia a importantes colectivos sociales especialmente vulnerables, como inmigrantes, jóvenes o parados de larga duración, al vincular el derecho a la atención a la cotización a la seguridad social (vulnerando la Ley General de Sanidad); generalizado los copagos que limitan el acceso a los servicios sanitarios a pensionistas o enfermos crónicos
2.- Los recortes del presupuesto sanitario en más de 10.000 millones de euros anuales, realizados en la dirección equivocada, han supuesto la eliminación de más de 53.000 plazas de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la sanidad; reducciones de camas hospitalarias y la paralización de la actividad de los centros por las tardes. Se han disparado las listas de espera poniendo en riesgo la salud de los enfermos y favoreciendo las desviaciones de pacientes a centros privados concertados y la contratación de seguros privados complementarios con ayudas fiscales a empresas y particulares.
3.- La financiación y gestión de los nuevos centros sanitarios mediante la denominada Colaboración Público Privada y la externalización de recursos estratégicos (laboratorios centrales, servicios de diagnóstico por imagen, historia clínica, receta electrónica, centrales de llamadas, logística, evaluación tecnológica, compra de equipamiento, investigación y docencia, etc.,), ha descapitalizado el sistema público, disparado los costes de construcción y funcionamiento, y complicado la gestión de los centros y servicios. Esta estrategia está poniendo en manos de fondos de capital riesgo y empresas multinacionales los nuevos centros sanitarios y los recursos de los Servicios de Salud Autonómicos para planificar, gestionar y evaluar los centros asistenciales, la salud pública, la contratación de personal y el equipamiento.
4.- La connivencia entre el Ministerio de Sanidad y la industria farmacéutica y de equipamiento tecnológico está incrementando de manera importante esta partida del gasto, especialmente en centros hospitalarios.
5.- La ausencia de instrumentos de participación social y profesional en la planificación y control de la atención de salud en todos los niveles del sistema impide el control de calidad y adecuar los recursos a las necesidades de la población.
Las últimas elecciones muestran un gran rechazo social y profesional a estas políticas del gobierno del PP, cuyo mantenimiento pondrían en riesgo real a la Sanidad Pública. Desde la FADSP hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas progresistas a llegar a acuerdos para constituir un nuevo gobierno que detenga el desmantelamiento y la privatización del Sistema Sanitario Público y adopte medidas para su recuperación y mejora.
Las principales medidas de una Política de Recuperación de la Sanidad Pública a corto y medio plazo pasarían por:
Recuperación inmediata de la financiación sanitaria pública a los niveles del inicio de la crisis, para posteriormente equipararnos a la media de los países europeos. Esta medida tendrá que ir acompañada de medidas de racionalización del gasto.
La derogación del RD Ley 16/2102 volviendo a una Sanidad universal, eliminando los copagos y garantizando una Cartera de Servicios única y equitativa para toda la ciudadanía.
Recuperación de los centros y servicios privatizados y externalizados, mediante un plan a corto, medio y largo plazo, que incluya medidas legales, financiación económica para afrontarlo y estrategias de negociación.
Recuperar el nivel de empleo en el SNS, mediante un plan que incluya un diagnóstico de necesidades del sistema, establezca prioridades y acabe con la precariedad laboral.
Plan de choque para afrontar la situación de las listas de espera desde la Sanidad Pública.
Recuperar el Plan de Mejora de la Atención Primaria que la ponga en el centro del sistema dotándola de los recursos necesarios para garantizar las políticas de promoción de salud, una atención de calidad y una buena capacidad resolutiva.
Desarrollar a todos los niveles y centros del sistema instrumentos de participación social y profesional.
Se trata de aspectos fundamentales que entendemos pueden ser ampliados y complementados con otras medidas, pero que son básicos para cambiar la política sanitaria y garantizar una atención sanitaria de calidad para toda la población.
