Las Palmas de Gran Canaria, 31 de julio de 2017 / La Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (Aeat) de Las Palmas / Gabinete de Prensa.
La Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (Aeat) de Las Palmas ha mostrado hoy su apoyo a los responsables de la gestión del complejo turístico Jardín del Atlántico, recinto en el que los conflictos vecinales entre los propietarios y la empresa explotadora han llegado a las manos, con agresiones físicas y verbales a la administradora del complejo, Maialen Artetxe, y al presidente de la comunidad de propietarios, Joseba Artetxe. Los agresores, tal y como ha indicado la administradora, están encabezados por el presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) y residente en el complejo, Blas Padrón, al que siguen un grupo de propietarios de unos treinta miembros.
La problemática de convivencia en el complejo lleva años siendo protagonista en el edificio del Sur de Gran Canaria, una situación que ha empeorado en los últimos meses llegando a la agresión, motivo por el que los afectados han puesto una querella y una demanda en los organismos competentes.
Los hechos, ocurridos la semana pasada comenzaron a las 19 horas de la tarde, cerrado el horario de piscina. La junta rectora había permitido y notificado la celebración de un curso de socorrismo en el que el grupo de profesionales a cargo de la formación y los alumnos usarían las instalaciones en su aprendizaje. Sin embargo, una treintena de vecinos impidieron las clases, ocupando la piscina y molestando a los profesionales.
Cuando la administradora Maialen Artetxe y el presidente de la comunidad Joseba Artetxe recibieron la notificación de que era imposible impartir el curso por el boicot vecinal, acudieron al lugar para tratar de lidiar en la situación. “Llegamos a la piscina para poner orden, grabándolo todo porque ya nos han intentado agredir antes”, ha explicado, “al presidente de la comunidad al verle grabando le pegaron, le intentaron quitar el móvil y romperlo”. Tal y como detalla, “la agresión fue en la cara, con un golpe en el labio mientras le amenazaban diciendo ‘te voy a arrancar la cabeza”, ha indicado, “a mi me tiraron al suelo al tratar de mediar en la agresión y me robaron el móvil”.
Tal y como ha explicado la administradora de la empresa explotadora, Maialen Artetxe, el último altercado, “no es el primero” ya que “Blas Padrón también agarró del cuello al anterior presidente de la junta”, clarificó. Los hechos “son una muestra más de las barbaridades injustificadas de una treintena de vecinos del complejo”, ha expresado, con los que a pesar de intentar “llegar a consensos, no hay manera”, ya que hacen un “boicot constante” de las gestiones de la empresa en el recinto.
En su opinión “buscan que nos cansemos y nos vayamos” mediante “agresiones, amenazas y faltas de respeto y de civismo”, como ya hicieron con el anterior empresario.
Ya se ha puesto una demanda y una querella, tanto por las agresiones como por el robo del teléfono móvil y los problemas de salubridad que ocasionan con sus residuos, que según lo previsto irá a juicio en septiembre.
Entre los percances con los que han lidiado en estos últimos tres años, se encuentran “problemas con la basura, que dejan en los pasillos para dar mala imagen ante los clientes”, además de “faltas de respeto a los trabajadores, a los que insultan y graban mientras hacen sus tareas”, incumplimiento de las normas con “más de 15 personas en un apartamento o barbacoas en la piscina” o la morosidad y retraso del pago de “hasta tres meses de la cuota de la comunidad”, ha explicado Artetxe.
Para los responsables de la unidad explotadora, que según indican han realizado obras importantes de mejora en el edificio e incluso adelanto de pagos por las altas tasas de morosidad en las cuotas, esta situación es fruto “del aumento de los contratos por la explotadora mientras los propietarios han visto que pierden poder en sus demandas de la Ley Turística desde que se planteó la Ley de Suelo”.
La unidad explotadora que encabeza Maialen Artetxe gestiona actualmente 196 de los apartamentos del complejo, una situación “en la que estos propietarios se ven en minoría y la ley no les da la razón” por lo que “optan por una actitud agresiva y molesta con los profesionales, empresarios y clientes”. Para Maialen, la situación se debe en parte “al mal entendimiento e interpretación de la ley”.
El presidente de Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas, Tom Smulders, se ha declarado “indignado” con los hechos ocurridos, que atribuye a “la desinformación, manipulación o la interpretación al gusto de los derechos de cada uno y la legislación vigente”.
En su opinión, la PALT está tratando de imponer unos criterios, absolutamente contrapuestos e incompatibles con el desarrollo normal de la actividad turística en un establecimiento de tal naturaleza. La comunidad de propietarios “tiene órganos de gobierno elegidos democráticamente con leyes y estatutos” que a su criterio “son la vía para conseguir objetivos de forma educada y basada en el derecho y la convicción pacífica”.
Uno de los principales problemas, según identifica Smulders “es la malinterpretación de la ley”, una confusión que llega incluso a los políticos que “se desvían de la interpretación legal correcta aumentando la confusión”. Tal y como asegura el presidente “incluso dentro de un mismo partido se dan interpretaciones casi opuestas entre sí”, lo que supone un problema en el trabajo de “llevarnos a un buen fin y a la convivencia respetuosa dentro de un marco legal sensato”, que ni infringe ni rompe “el modelo exitoso turístico que nos ha distinguido nacional e internacionalmente”.
“En cada partido hay buenos y malos, la gente en la calle se vuelve loca porque no sabe a quién creer”. Considera que “cada uno se ha creado su propio criterio y opinión” sin estar basados en la interpretación correcta, sino “basados en el populismo de portavoces involuntarios de cada partido político”, ha recalcado.
Tal y como insiste, “la Ley del Suelo necesita de una garantía fehaciente de la residencia, con el padrón y en el registro de la propiedad”, un criterio que según ha asegurado muchos esquivan. Para el presidente de la asociación, casos como el demandado son habituales ya que “no se dan solo en el Jardín del Atlántico, sino que tenemos otros ejemplos en la que los propietarios, interpretando erróneamente las cosas, faltan al cumplimiento de sus obligaciones”.
