La Gomera (Tenerife - Canarias), 8 de septiembre de 2015 / Artículo de Prensa - Coalición Canaria / Víctor Tomas Chinea Mendoza (*)
Un sistema electoral se integra por tres elementos: el voto, la fórmula electoral o sistema y la circunscripción o distrito electoral. En palabras de Dieter Nohlen, la combinación de estos tres factores debe adecuarse a las demandas de una sociedad concreta, fijando el marco de estabilidad parlamentaria que refleje el pluralismo político y social.
El Estatuto de Autonomía de 1982 definió el sistema electoral de representación proporcional, estableciendo las barreras en el 3% para el Archipiélago y en el 20% insular. El reparto de escaños se inspira en la condición archipielágica de nuestra Comunidad y la desequilibrada distribución poblacional. De estas premisas (territorio y población), resulta la regla que ha venido en denominarse de la "Triple Paridad".
La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 1996 modificó levemente el sistema electoral, trasladando del cuerpo estatutario las barreras electorales a las Disposiciones Transitorias y elevándolas al 6 % y al 30%, la autonómica y la insular, respectivamente. Tal modificación ha sido contestada tanto por fuerzas políticas como algunas organizaciones sociales, si bien por razones dispares:
Desde posiciones insularistas, porque ven en tal medida una discriminación hacia aquellas fuerzas que no se aglutinen en torno de formaciones ya consolidadas en el conjunto de la Comunidad, o en todo caso, configuradas entre sí.
CC entiende que es necesaria una reforma electoral que se adapte a la realidad demográfica actual y siga respetando el valor que la isla representa en un conjunto único: el Archipiélago canario.
Por lo tanto, la reforma del sistema electoral canario no puede quedarse en la simple alteración de este o aquel aspecto del sistema; en absoluto, todo sistema electoral responde a una concepción de la organización política sobre la que se aplica. Es por ello, que hemos de empezar por consensuar un modelo político organizativo para Canarias sobre el que poder aplicar un sistema electoral adecuado a sus características: un solo pueblo dispersado en siete territorios insulares.
La cuestión de su reforma, 30 años después y con medio millón de habitantes adicionales, no es fácil de resolver.
Además, ningún modelo es idóneo pero, sin duda, la regla de la “triple paridad” ha favorecido la integración política del Archipiélago como un todo, asegurando la representación del territorio y la población para garantizar el equilibrio y la solidaridad entre todas las islas. Este modelo, al contrario de lo que se quiere hacer creer, ha permitido que Canarias avance hasta la consecución de mayores cotas de bienestar y desarrollo para el Archipiélago.
La presencia de dos representatividades, la poblacional y la territorial, condiciona a la hora de buscar un modelo organizativo y electoral que armonice al Pueblo con el Territorio para construir Canarias con garantías de éxito, de forma que se respete tanto al sujeto político como al hecho insular y el archipielágico. Obviar alguno de estos criterios o primar uno a favor del otro supondría otro desequilibrio, tal que el remedio sería peor que el problema a resolver. Esa triple paridad se basa en el equilibrio entre los escaños a elegir por las islas mayores, entre sí (15-15); entre estas y las llamadas menores (30-30), que suman un total de 60 diputados.
En la pasada legislatura, el Parlamento de Canarias remitió a las Cortes Generales una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias en la que se mantiene la distribución de escaños por islas y se bajan las barreras autonómica e insular. Existe, pues, una propuesta concreta firme y aprobada por el Parlamento de Canarias.
CC de La Gomera entiende que es necesaria una reforma electoral, pero que siga respetando el valor que la Isla representa en el conjunto del Archipiélago canario, pues cambiar sin más el sistema electoral, sin profundizar en el modelo organizativo territorial, sería desequilibrar Canarias en beneficio de las islas más pobladas y en detrimento de las islas menos pobladas, que no se sentirían suficientemente representadas en el Parlamento canario.
En todo sistema autonómico español se producen distorsiones, no solo en Canarias, ya que la Ley de D'hont es un sistema de cálculo proporcional, con lo que no se corresponden el número de votos y representantes sino proporcionalmente. Las últimas elecciones locales y autonómicas celebradas el 24 de mayo en España son un ejemplo de que no es injusto. El PP ha ganado las elecciones en España en número de votos pero el poder municipal se lo reparten el PSOE y los nuevos grupos (Podemos y Ciudadanos), la misma distorsión que en Canarias. IU lleva años quejándose porque no entra debido al sistema electoral y Podemos ha demostrado que se puede entrar perfectamente.
Curiosamente, quienes critican el sistema electoral no aportan una propuesta concreta. Deben decir el número de diputados en el Parlamento por circunscripción y cuál es la división territorial.
¿Le dirían a un gomero o a un herreño que solo tiene derecho a diputados en función de su población, y que Tenerife y Gran Canaria van a elegir por ellos porque vive más gente?
La población y el territorio son la expresión de la organización ciudadana y no pueden desligarse la una del otro porque somos personas que vivimos en territorios estructurados de diferente manera.
Me gustaría finalizar parafraseando a Pablo Iglesias: "El sistema electoral es igual para todos en Canarias".
(*) Secretario General Insular de CC de La Gomera
