¿Es lícito que las autoridades educativas permitan la distribución de folletos en los que se afirma que hay "chicas con vulva y chicas con pene y hay chicos con vulva y chicos con pene"?
¿Es posible que nuestras autoridades educativas permitan la difusión de contenidos que persiguen fines contrarios a la ley como es la corrupción y el adoctrinamiento de menores?
Madrid (España), 21 de abril de 2016 / La educación sexual - Centro Jurídico Tomás Moro / Gabinete de Prensa.
Desde el Centro Jurídico Tomás Moro manifestamos públicamente nuestra perplejidad al constatar la toxicidad con la que impunemente se envenena y adoctrina a los menores a través de panfletos editados por asociaciones transexuales.
Desde la asociación “Chrysallis Euskal Herria” se esta promocionando un material didáctico que se pretende implantarse a toda la sociedad educativa, a pesar de representar sus promotores a una minoría minoritaria que se irroga el derecho a educar a todos nuestros hijos sobre la sexualidad y las conductas sexuales.
Dice esta asociación que «Hasta ahora, en los centros escolares se ha transmitido el planteamiento: 'chico-pene' y 'chica-vulva'», algo que, a su juicio, «no es correcto y niega la existencia de una parte de las niñas y los niños». Desde la citada asociación han editado una guía didáctica titulada "Chicas y chicos. Identidad y cuerpo" que supone un claro atentado a la salud mental de nuestros menores, y que supone un atentado a la ciencia, por cuanto en esencia se pretende mantener que hay "chicas con vulva y chicas con pene y hay chicos con vulva y chicos con pene"
Desde el Centro Jurídico Tomas Moro siempre hemos defendido que en lo relativo a la sexualidad de los menores son los padres y madres - “páter familias"- los que tienen el íntimo y sagrado derecho de educar en libertad a sus hijos en cuestiones de moral, y sexología.
Así se recoge en nuestro actual código civil art 154: “los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores y la patria potestad comprende el deber y la facultad “ de velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos y educarlos y procurarles una formación integral”; de la misma forma el art 27.3 de la CE establece que los poderes públicos garantizaran el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Evidentemente es claro y palmario que los padres gozan de un derecho positivo a la educación de sus hijos, y que así consta tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y múltiples pactos y convenciones internacionales. Es más, es un derecho natural intrínseco a la paternidad.
Por ello el Estado, los gobiernos autonómicos y forales, los entes locales y las entidades, fundaciones y asociaciones deben velar en sus propias e importantísimas competencias en materia de educación y enseñanza por el respeto a los derechos de los menores y de sus padres, y han de ser particularmente sensibles a los deseos de los padres sobre el tipo de educación formativa, moral sexual y religiosa que desean para sus hijos, ya que se trata –insistimos- de un derecho fundamental y por consiguiente acreedor de la máxima protección jurídica.
Solamente un Estado que garantice plenamente los derechos fundamentales -de todos- tiene plena legitimidad democrática. Deben por tanto el Estado y los diferentes gobiernos locales y autonómicos actuar contra asociaciones que hurtan y quieren negar ese derecho fundamental de los padres, para cumplir con otros fines de adoctrinamiento no amparados por la ley ni el sentido común.
Entendemos que esa actuación de los poderes públicos sería velar auténticamente por el cumplimiento de los derechos fundamentales; de lo contrario en el caso de que los poderes públicos se abstenga de ejercitar sus competencias de protección a los menores tendremos que ser otro tipo de asociaciones comprometidas con las libertades ciudadanas las que velemos y exijamos que se haga así, y si es necesario recurrir a los tribunales de justicia, vigilando igualmente cualquier tipo de subvenciones públicas a asociaciones minoritarias que ataquen los derechos fundamentales de los padres pretendiendo implantar sus propias obsesiones sexuales en los diferentes niveles educativos.
¿Es posible que nuestras autoridades educativas permitan la difusión de contenidos que persiguen fines contrarios a la ley como es la corrupción y el adoctrinamiento de menores?
Madrid (España), 21 de abril de 2016 / La educación sexual - Centro Jurídico Tomás Moro / Gabinete de Prensa.
Desde el Centro Jurídico Tomás Moro manifestamos públicamente nuestra perplejidad al constatar la toxicidad con la que impunemente se envenena y adoctrina a los menores a través de panfletos editados por asociaciones transexuales.
Desde la asociación “Chrysallis Euskal Herria” se esta promocionando un material didáctico que se pretende implantarse a toda la sociedad educativa, a pesar de representar sus promotores a una minoría minoritaria que se irroga el derecho a educar a todos nuestros hijos sobre la sexualidad y las conductas sexuales.
Dice esta asociación que «Hasta ahora, en los centros escolares se ha transmitido el planteamiento: 'chico-pene' y 'chica-vulva'», algo que, a su juicio, «no es correcto y niega la existencia de una parte de las niñas y los niños». Desde la citada asociación han editado una guía didáctica titulada "Chicas y chicos. Identidad y cuerpo" que supone un claro atentado a la salud mental de nuestros menores, y que supone un atentado a la ciencia, por cuanto en esencia se pretende mantener que hay "chicas con vulva y chicas con pene y hay chicos con vulva y chicos con pene"
Desde el Centro Jurídico Tomas Moro siempre hemos defendido que en lo relativo a la sexualidad de los menores son los padres y madres - “páter familias"- los que tienen el íntimo y sagrado derecho de educar en libertad a sus hijos en cuestiones de moral, y sexología.
Así se recoge en nuestro actual código civil art 154: “los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores y la patria potestad comprende el deber y la facultad “ de velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos y educarlos y procurarles una formación integral”; de la misma forma el art 27.3 de la CE establece que los poderes públicos garantizaran el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Evidentemente es claro y palmario que los padres gozan de un derecho positivo a la educación de sus hijos, y que así consta tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y múltiples pactos y convenciones internacionales. Es más, es un derecho natural intrínseco a la paternidad.
Por ello el Estado, los gobiernos autonómicos y forales, los entes locales y las entidades, fundaciones y asociaciones deben velar en sus propias e importantísimas competencias en materia de educación y enseñanza por el respeto a los derechos de los menores y de sus padres, y han de ser particularmente sensibles a los deseos de los padres sobre el tipo de educación formativa, moral sexual y religiosa que desean para sus hijos, ya que se trata –insistimos- de un derecho fundamental y por consiguiente acreedor de la máxima protección jurídica.
Solamente un Estado que garantice plenamente los derechos fundamentales -de todos- tiene plena legitimidad democrática. Deben por tanto el Estado y los diferentes gobiernos locales y autonómicos actuar contra asociaciones que hurtan y quieren negar ese derecho fundamental de los padres, para cumplir con otros fines de adoctrinamiento no amparados por la ley ni el sentido común.
Entendemos que esa actuación de los poderes públicos sería velar auténticamente por el cumplimiento de los derechos fundamentales; de lo contrario en el caso de que los poderes públicos se abstenga de ejercitar sus competencias de protección a los menores tendremos que ser otro tipo de asociaciones comprometidas con las libertades ciudadanas las que velemos y exijamos que se haga así, y si es necesario recurrir a los tribunales de justicia, vigilando igualmente cualquier tipo de subvenciones públicas a asociaciones minoritarias que ataquen los derechos fundamentales de los padres pretendiendo implantar sus propias obsesiones sexuales en los diferentes niveles educativos.
