Seguridad Integral Canaria despide a uno de los implicados tras ser localizado por sus compañeros en las dependencias judiciales
Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 1 de febrero de 2016 / Las cámaras de seguridad pillaron in fraganti / Vigilante radio.es
Vigilantes del turno de noche de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria han sido denunciados por realizar prácticas sexuales en el interior del edificio en horario laboral. Las cámaras de seguridad pillaron in fraganti a uno de los empleados de la empresa Seguridad Integral Canaria, que se encarga de custodiar el inmueble judicial, aunque no era la primera vez que una mujer entraba con nocturnidad en las dependencias.
Uno de los vigilantes fue despedido en noviembre tras ser localizado por sus propios compañeros, según fuentes de la empresa. El responsable de Seguridad de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, José Romero Afonso, no dudó en poner en conocimiento de la Policía Nacional estos hechos para iniciar una investigación, que ya ha sido archivada. Este cargo interpuso una denuncia el 30 de noviembre en la que informa de la actuación de los guardias, que permitían acceder a "personas ajenas al servicio" de forma irregular y llevaban a cabo "actos sexuales" dentro del edificio. En su denuncia ante la Unidad de Seguridad Privada de la Policía, que divulgó ayer el diario digital El Confidencial, Afonso revela que ha "detectado" la entrada de personas "sin autorización" a la sede de los juzgados.
En concreto, alude a un caso y describe detalles sobre cómo en un momento dado "una mujer se mueve con toda tranquilidad por la zona" e incluso entra en el "área restringida del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) e información", es decir, el centro de control de cámaras y la base desde donde se coordina todo el servicio de vigilancia del edificio. La "chica" se adentró en la habitación junto con uno de los guardias, que "se olvida de sus funciones, se desnuda" y llevan a cabo "actos sexuales", relata el director del área de Seguridad, que depende de la Dirección General de Relaciones con la Justicia.
Romero Afonso, que ha colgado en su muro de Facebook lo ocurrido, tacha de "grave" el episodio y sostiene que "no es un hecho aislado". Es más, denuncia que otros vigilantes faltan también a sus puestos de trabajo o abandonan sus tareas asignadas para acudir a otros servicios. Igualmente, cuestiona ante la policía la labor del inspector de la contrata al ordenar cacheos sin su permiso.
Aduce que estas medidas sólo se hacen de manera "muy excepcional" y "con proporcionalidad adecuada y preservando la intimidad de las personas". Afonso apunta que nunca ha dado instrucciones de este tipo porque, entre otras razones, los guardias disponen de detectores manuales para descubrir elementos extraños.
El 12 de enero amplió su demanda y reclamó abrir un expediente a la empresa, que, además, considera que le ningunea al adoptar decisiones sin contar con su autorización. Afonso ve "negligente" la actuación de la entidad en la prestación del servicio en el edificio judicial.
Nada más conocer los hechos y confirmar su veracidad, Seguridad Integral Canaria despidió "de forma inmediata" al vigilante cuyo nombre y apellidos figuraban claramente en la denuncia por mantener relaciones sexuales. Fuentes de la compañía informaron ayer a este periódico de que tras saber lo acontecido se rescindió la relación laboral con el implicado.
Además, los mismos responsables empresariales apuntan que en estos dos últimos meses no se han repetido circunstancias similares dentro del edificio y dan por zanjado el incidente.
El Gobierno adjudicó en julio de 2014 a Seguridad Integral Canaria la vigilancia y seguridad de los órganos de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma por 7,8 millones de euros en dos años. La contrata protege 20 sedes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 14 en Las Palmas. Esta adjudicación nació envuelta en la polémica, por el desacuerdo de varios jueces de conceder este servicio a una empresa con pleitos pendientes.
Por su lado, responsables de la Unión Sindical Obrera (USO), que mantienen sus denuncias contra Miguel Ángel Ramírez, empresario de Seguridad Integral Canaria, han divulgado lo ocurrido en la Ciudad de la Justicia.
Uno de los vigilantes fue despedido en noviembre tras ser localizado por sus propios compañeros, según fuentes de la empresa. El responsable de Seguridad de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, José Romero Afonso, no dudó en poner en conocimiento de la Policía Nacional estos hechos para iniciar una investigación, que ya ha sido archivada. Este cargo interpuso una denuncia el 30 de noviembre en la que informa de la actuación de los guardias, que permitían acceder a "personas ajenas al servicio" de forma irregular y llevaban a cabo "actos sexuales" dentro del edificio. En su denuncia ante la Unidad de Seguridad Privada de la Policía, que divulgó ayer el diario digital El Confidencial, Afonso revela que ha "detectado" la entrada de personas "sin autorización" a la sede de los juzgados.
En concreto, alude a un caso y describe detalles sobre cómo en un momento dado "una mujer se mueve con toda tranquilidad por la zona" e incluso entra en el "área restringida del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) e información", es decir, el centro de control de cámaras y la base desde donde se coordina todo el servicio de vigilancia del edificio. La "chica" se adentró en la habitación junto con uno de los guardias, que "se olvida de sus funciones, se desnuda" y llevan a cabo "actos sexuales", relata el director del área de Seguridad, que depende de la Dirección General de Relaciones con la Justicia.
Romero Afonso, que ha colgado en su muro de Facebook lo ocurrido, tacha de "grave" el episodio y sostiene que "no es un hecho aislado". Es más, denuncia que otros vigilantes faltan también a sus puestos de trabajo o abandonan sus tareas asignadas para acudir a otros servicios. Igualmente, cuestiona ante la policía la labor del inspector de la contrata al ordenar cacheos sin su permiso.
Aduce que estas medidas sólo se hacen de manera "muy excepcional" y "con proporcionalidad adecuada y preservando la intimidad de las personas". Afonso apunta que nunca ha dado instrucciones de este tipo porque, entre otras razones, los guardias disponen de detectores manuales para descubrir elementos extraños.
El 12 de enero amplió su demanda y reclamó abrir un expediente a la empresa, que, además, considera que le ningunea al adoptar decisiones sin contar con su autorización. Afonso ve "negligente" la actuación de la entidad en la prestación del servicio en el edificio judicial.
Nada más conocer los hechos y confirmar su veracidad, Seguridad Integral Canaria despidió "de forma inmediata" al vigilante cuyo nombre y apellidos figuraban claramente en la denuncia por mantener relaciones sexuales. Fuentes de la compañía informaron ayer a este periódico de que tras saber lo acontecido se rescindió la relación laboral con el implicado.
Además, los mismos responsables empresariales apuntan que en estos dos últimos meses no se han repetido circunstancias similares dentro del edificio y dan por zanjado el incidente.
El Gobierno adjudicó en julio de 2014 a Seguridad Integral Canaria la vigilancia y seguridad de los órganos de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma por 7,8 millones de euros en dos años. La contrata protege 20 sedes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 14 en Las Palmas. Esta adjudicación nació envuelta en la polémica, por el desacuerdo de varios jueces de conceder este servicio a una empresa con pleitos pendientes.
Por su lado, responsables de la Unión Sindical Obrera (USO), que mantienen sus denuncias contra Miguel Ángel Ramírez, empresario de Seguridad Integral Canaria, han divulgado lo ocurrido en la Ciudad de la Justicia.
