Asier Antona recuerda el colapso del sistema sanitario y exige al Gobierno que coordine todos los recursos disponibles en las islas
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 2 de abril de 2014 / Políticas - PP / Gabinete de Prensa.
El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Asier Antona, exigió hoy al Gobierno de Canarias que coordine todos los recursos sanitarios y sociosanitarios disponibles en las islas, con el fin de evitar el caos de la Sanidad en Canarias. “Mientras los servicios de urgencias están colapsados y se cancelan operaciones por falta de camas en la sanidad pública, hay al menos 700 plazas para dependientes vacías”, denunció.
Por ello, el Grupo Popular demanda al Ejecutivo autonómico que apruebe la orden que permite derivar pacientes del sistema sanitario al sociosanitario, bloqueada desde 2012, y que permita la colaboración público-privada para que los servicios disponibles puedan ser utilizados, como requiere la Ley de Dependencia.
Asier Antona recordó que en el Debate sobre el Estado de Canarias de la pasada semana se acordó por unanimidad, a propuesta del Grupo Popular, instar al Gobierno a aprobar esta norma, que regula la derivación a centros sociosanitarios de personas con alta médica que precisen atención y no puedan retornar a su domicilio habitual, y el régimen aplicable a los conciertos de la Consejería de Políticas Sociales con entidades privadas para garantizar el servicio.
En una visita a un centro de estas característica que definió como “modélico”, junto a las diputadas autonómicas María Teresa Pulido y Milagros Bethencourt y el concejal del PP en Santa Cruz de Tenerife, Oscar García, Antona destacó que el Grupo Popular seguirá presentando iniciativas parlamentarias en este sentido, y que solicitará la próxima semana la reprobación de la Consejera de Asuntos Sociales y Vivienda, y hará lo propio con la consejera de Sanidad, ante el “suspenso rotundo” de ambos departamentos.
Reducción de costes
La Consejería de Sanidad admite que hay 400 pacientes dados de alta ocupando camas sanitarias, con un coste medio de 700 euros, cuando un convenio con centros privados daría uso a plazas vacías que cuestan menos de 100 euros por usuario, que permitirían crear hasta 200 empleos cualificados y que están adaptados a las necesidades de cada uno.
“En la actual situación de escasez de recursos, no podemos permitirnos el lujo de seguir cubriendo estas necesidades en centros públicos que cuestan diez veces más que los privados”, razonó el presidente del Grupo Popular, para quien el problema reside en la dejadez del Ejecutivo Autonómico a la hora de regular la colaboración público–privada, que requiere el Sistema Nacional de Dependencia, y que prima la generación de empleos y de actividad empresarial en este ámbito.
“Estas personas podrían ser atendidas en un centro acorde a sus necesidades, lo que evitaría el círculo vicioso que se genera en la Sanidad canaria, con cancelación de operaciones por falta de camas y colapso de urgencias”, concluyó Antona.
