Las Palmas de Gran Canaria, 7 de septiembre de 2012 / Complejo Ambiental / Gabinete de Prensa.
El presidente del Cabildo
de Gran Canaria, José Miguel Bravo de
Laguna, ha firmado hoy el contrato administrativo de concesión de obra
pública a la UTE formada por las empresas ‘Cespa Gestión de Residuos SAU’ y ‘Ayagaures
Medioambiente SL’, y denominada abreviadamente UTE Complejo Ambiental de Juan Grande,
por el que se le adjudica el proyecto de
acondicionamiento y adaptación a la normativa europea del vertedero de Juan Grande, en San
Bartolomé de Tirajana, que tendrá una inversión de 48,7 millones de euros y cuya actuación comenzará inmediatamente. Este
proyecto, junto con el del vertedero de Salto del Negro, se propone optimizar la
gestión de residuos de la Isla durante los próximos 20 años.
Participaron en la firma el presidente del
Cabildo de Gran Canaria, José Miguel
Bravo de Laguna, y el gerente de la UTE adjudicataria Complejo Ambiental de
Juan Grande, Rafael Luis Martín
Domínguez, acompañados en el acto por la vicepresidenta II y consejera de
Economía y Hacienda y Política Social, Rosa
Rodríguez, la consejera de Medio Ambiente y Emergencias, María del Mar Arévalo, y representantes
de la empresa CESPA, Gestión de Residuos S.A.U. y Ayagaures Medioambiente, S.L.
Esta adjudicación se formaliza
definitivamente una vez que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número
Uno de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado auto para levantar la suspensión
cautelar de la adjudicación del contrato, a la que se oponía la empresa
‘Fomento de Construcciones y Contratas, Bitumex,
Ralons y Urbaser’, que concurrió a la convocatoria pero que no resultó
adjudicataria.
El pasado 14 de agosto también quedó
formalizado el contrato de concesión de obra pública para
acondicionar el vertedero de Salto del Negro, y esta misma semana, el Cabildo
de Gran Canaria ha hecho entrega oficial a la nueva ‘UTE Complejo Ambiental
Salto del Negro’ de las obras, instalaciones y maquinaria, poniendo a su
disposición las plantas de biometanización, la planta de clasificación todo-uno
y la celda de vertido de inertizado.
El objetivo último de estas actuaciones es
situar a la Isla dentro del margen legal marcado por la Unión Europea en cuanto
al correcto tratamiento de los residuos sólidos, al tiempo que la eliminación y
transformación de los actuales vertederos supondrá una garantía de salubridad y
respeto hacia el entorno.
Hay que recordar que el contrato para el
acondicionamiento del Complejo Ambiental de Juan Grande se adjudicó
unánimemente el 20 de febrero de 2012 a la solución variante del compromiso de
UTE formado por las empresas ‘Cespa Gestión de Residuos, SAU’ y ‘Ayagaures
Medioambiente, SL’, por un importe de 13.087.123,30
euros más el correspondiente IGIC, que
representa el presupuesto anual de explotación, en el que se encuentra incluido
un canon anual de amortización de la inversión que asciende a 4.083.286,19;
todo ello por un valor estimado del contrato por valor de 48.723.276,25 euros y por un plazo de duración de la concesión de 19,5 años,
igual al plazo de amortización; acuerdo de adjudicación contra el que el pasado
12 de marzo de 2012 se interpuso recurso potestativo especial por el compromiso
de UTE liderado por FOMENTO, que se inadmitió/desestimó mediante Acuerdo
unánime del Consejo de Gobierno, de fecha 12 de abril de 2012.
La formalización
del contrato de Juan Grande quedó suspendida desde el 20 de febrero de 2012 y así
ha permanecido porque el compromiso de UTE encabezado por la empresa Fomento de
Construcciones y Contratas SA’ interpuso recurso ante el Juzgado Contencioso
Administrativo Número Uno.
El Cabildo de Gran Canaria solicitó el
levantamiento de la suspensión cautelar de la adjudicación del contrato, hecho
que se consiguió el pasado 22 de agosto.
El argumento de la justicia para dar la razón al Cabildo de Gran Canaria se basa en que “esta
medida no causa perjuicios irreparables al recurrente y por el contrario, el
mantenimiento de la suspensión sí que lesiona los intereses generales,
repercutiendo negativamente en los ciudadanos de la Isla, cuyo interés como
colectividad debe prevalecer frente al meramente particular y económico de las
citadas compañías que emprendieron el litigio”.
