Engañaron, haciéndose pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a decenas de miles de autónomos y PYMES
Les ofrecían publicar anuncios a bajo coste en revistas principalmente de temática policial que en realidad no tenían distribución pública ni en centros oficiales
La trama delictiva se valía de un complejo entramado compuesto por 30 páginas web y más de 60 empresas para intentar ocultar su actividad real y blanquear los beneficios
El líder de la organización llegó a utilizar como testaferros y responsables de sus empresas a personas de avanzada edad o en precaria situación personal y económica
Madrid (España), 18 de septiembre de 2014 / Sucesos - Estafa / Gabinete de Prensa.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 52 personas en Elche, Madrid y Barcelona por una macroestafa con la que habrían obtenido 15 millones de euros de más de 150.000 víctimas en todo el país. Los arrestados presuntamente engañaron, -haciéndose pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, a decenas de miles de autónomos y PYMES, a quienes ofrecían publicar anuncios a bajo coste en revistas de temática policial que en realidad no tenían distribución pública ni en centros oficiales. La trama delictiva se valía de un complejo entramado compuesto por 30 páginas web y más de 60 empresas para intentar ocultar su actividad real y blanquear los beneficios. El líder de la organización llegó a utilizar como testaferros y responsables de sus empresas a personas de avanzada edad o en precaria situación personal y económica.
La investigación, que comenzó hace dos años, se inició tras denuncias de personas afectadas por la estafa y publicaciones de particulares en foros, blogs y páginas web. Las pesquisas permitieron reunir y analizar miles de datos sobre los integrantes de la organización, así como su entramado societario y cuentas bancarias. Se estima que el engaño habría podido alcanzar a unas 150.000 víctimas en todo el territorio nacional y forma parte de una planificación preconcebida que ha sido desarrollada, perfeccionada y especializada durante los últimos catorce años.
El modus operandi empleado en la estafa consistía en la captación de víctimas, principalmente trabajadores o responsables de pequeñas y medianas empresas, ofreciéndoles la inserción de anuncios publicitarios en diferentes revistas. Las publicaciones, tanto impresas como online, eran creadas y editadas al efecto, principalmente estaban relacionadas con la temática policial y el coste por anunciarse era usualmente inferior a los 400 euros. Los contenidos de estas revistas eran de baja calidad, poco elaborados o copiados de fuentes oficiales, aunque en algunos casos incluían entrevistas y “homenajes” a funcionarios policiales, que desconocían sus prácticas fraudulentas, al objeto de generar mayor credibilidad.
Agresivas estrategias comerciales
Las publicaciones con los anuncios contratados serían supuestamente distribuidas en organismos e instituciones policiales, aunque en realidad cada uno de los ejemplares era enviado únicamente a las víctimas de la estafa, haciéndoles creer así que la distribución era real. Para la captación masiva de clientes utilizaban técnicas ilícitas de telemarketing, autoritarias e incluso coercitivas para que las víctimas accedieran a la contratación del producto ofertado. Estos teleoperadores eran especialmente aleccionados por el cabecilla de la organización criminal para contactar con las víctimas y solicitar “colaboraciones” para el anuncio en sus revistas. En muchos casos se presentaban o jugaban con la ambigüedad de pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Para promocionar su actividad, la organización llegó a contar con el soporte de 31 páginas web diferentes y más de 100 números de teléfono de información, generalmente siempre en el ámbito y temática de carácter policial, lo cual dificultaba y ocultaba en gran medida el seguimiento de su actividad criminal, al contar con la posibilidad de ser dadas de alta y baja de forma rápida y anónima. Así se creaban, modificaban y liquidaban de forma activa las más de 60 empresas que conformaban el entramado societario y que daban soporte a la organización criminal. El blanqueo del dinero obtenido de las actividades delictivas se perfeccionaba mediante el uso de sociedades interpuestas o pantalla, la falsificación de facturas y documentación pública.
Control total
El principal investigado y cabecilla de la organización controlaba en todo momento la totalidad de movimientos de las empresas del entramado, así como a sus trabajadores tanto a nivel profesional como personal. Esta persona llegó a utilizar como testaferros y responsables de sus empresas a personas de avanzada edad, en precaria situación personal y económica o sin cualificación, aprovechándose de sus necesidades y que desconocían totalmente su implicación y el alcance de los hechos.
La operación ha culminado con la detención de 52 personas, entre ellas el líder de la organización, tres abogados que presuntamente le asesoraban en temas de blanqueo de capitales y trabajadores del entramado, en Elche (49), Madrid (2) y Barcelona (1), así como el registro de ocho domicilios en Elche. En total los agentes se han incautado de cerca de 46.000 euros en efectivo, 7 servidores (uno de los cuales se encontraba oculto en el falso techo de una de las empresas registradas), 31 discos duros, 3 coches y 1 motocicleta y varios dispositivos informáticos. Asimismo se han bloqueado los bienes inmuebles y cuentas bancarias de 32 personas físicas y jurídicas.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, de forma conjunta con los grupos de delitos tecnológicos de las Brigadas de Policía Judicial de Barcelona y Albacete, y con la colaboración de la UDEF Central y de las comisarías de Barcelona, Albacete, Alicante y Elche. Los investigadores han contado asimismo con la activa colaboración de los Depósitos Legales de diversas provincias españolas, así como de la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid y el Depósito Legal de la Biblioteca Nacional de España.
