El texto contiene criterios de igualdad, estabilidad, accesibilidad y mejora de las condiciones laborales
Las empresas que quieran ser contratadas por la corporación deberán cumplirlas en beneficio de los trabajadores y de los servicios contratados
Las clausulas sociales ya están siendo implantadas en los principales ayuntamientos españoles
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 30 de marzo de 2016 / Políticas - Izquierda Unida Canaria (IUC) / Gabinete de Prensa.
Izquierda Unida Canaria llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz una moción para que la corporación incluya cláusulas sociales en los contratos públicos. Las clausulas sociales tratan de beneficiar a las empresas que apoyan las políticas de igualdad, la estabilidad en el empleo, las condiciones laborales y la accesibilidad con el objetivo de que el precio no sea el principal criterio al valorar las adjudicaciones públicas.
El texto propone que se premie a las empresas que fomenten la contratación de personas con dificultades de acceso al mercado laboral o colectivos especialmente afectados por el desempleo: mayores de 45 años, jóvenes menores de 30 años, personas paradas de larga duración, mujeres con especiales dificultades: mujeres con cargas familiares no compartidas, víctimas de violencia de género, con discapacidad y transexuales.
También plantea establecer un criterio de puntos para aquellas empresas que desarrollen políticas de fomento de empleo entre las personas con discapacidad, así como aquellas que beneficien la contratación de mujeres y a las que se comprometan a aplicar una serie de medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar en la ejecución del contrato y que mejoren los mínimos establecidos para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.
Ramón Trujillo, concejal de IU en el Ayuntamiento de Santa Cruz, defenderá en la sesión plenaria de la corporación que se celebra este viernes la aplicación de estas medidas, que ya están siendo adoptadas por numerosos ayuntamientos del país. Estas nuevas normas fijan una serie de criterios de protección de los trabajadores y de sus puestos de trabajo en un momento de crisis aguda de los derechos laborales.
Izquierda Unida propondrá puntuar también factores como la dimensión comunitaria del proyecto, el retorno social del contrato o su adaptación a las necesidades de los grupos receptores; todas medidas que vienen a subrayar la necesidad de establecer acuerdos contractuales adaptados a la situación económica y social que atraviesa la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
En el apartado de Calidad en el empleo, la moción establece una serie de compromisos que deberán ser adoptados por la empresa que aspire a un contrato con el Ayuntamiento. Recibirán mayor puntuación aquellas que implementen sistemas de participación democrática y de toma de decisión de los trabajadores y trabajadoras que ejecutarán el contrato o que incluyan acciones de educación, formación e información para la plantilla y que tenga en cuenta la perspectiva de género. Incluye además la posibilidad de que la empresa que incumpla las obligaciones contractuales de las cláusulas sociales sea penalizada económicamente y el contrato sea rescindido.
