El alcalde busca sumar el apoyo de varias administraciones públicas para salvar a la Biblioteca Pública del Estado

• Hidalgo se reunió hoy con la Delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, para acordar una estrategia común antes de reunirse con el Secretario de Estado de Cultura en Madrid, la próxima semana

Las Palmas de Gran Canaria (Canarias),  21 de julio de 2015 / Biblioteca Pública del Estado / Gabinete de Prensa.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, en su estrategia para evitar el derribo, por orden judicial, de la Biblioteca Pública del Estado de esta ciudad, sumó hoy el apoyo de la Delegación del Gobierno en Canarias, con quién hará frente común ante el Ministerio de Cultura la próxima semana. “Lo importante en este momento es ir todos a una para que cuando nos entrevistemos con el Secretario de Estado, en Madrid, podamos establecer cuál es el camino, la hoja de ruta que vamos a seguir desde el punto de vista jurídico para impedir de forma clara y nítida cualquier posibilidad de derribar la Biblioteca Pública del Estado”, manifestó el regidor. Hidalgo aseguró que su objetivo es sumar a todas las administraciones públicas posibles, como el Gobierno de Canarias, en el objetivo de evitar el derribo de la biblioteca de la avenida Marítima. “Vamos a implicar el máximo de administraciones para buscar una solución, porque la demolición de la Biblioteca del Estado es innegociable. Yo no me la planteo”, aseveró.

Por su parte, Hernández Bento, mostró todo su apoyo a la Corporación capitalina, y anunció que acompañará al alcalde y a la delegación municipal que se trasladará la próxima semana a Madrid para reunirse con el Secretario de Estado de Cultura. Augusto Hidalgo valoró positivamente este gesto: “Es normal que nos reunamos con el titular de la propiedad de la Biblioteca que es el Estado y, por eso, la delegada del Gobierno en Canarias nos acompañará el próximo martes en Madrid”.

El alcalde destacó que en esta primera reunión ya se han tomado varias decisiones al respecto. “Ya hemos establecido primeros contactos con la Abogacía del Estado, a través de la delegación del Gobierno en Canarias, para que estudien el caso y saber por dónde vamos a caminar cuando nos reunamos la próxima semana en Madrid. Lo importante es encontrar una solución específica y clara en los próximos meses, e intentar solventar este problema antes de que acabe el año, si es posible”, señaló Hidalgo.

“Vamos a explorar cualquier vía para que desde el punto de vista de la administración y del propio Consejo de Ministros para que podamos parar, de forma definitiva, el posible derribo. Las vías son múltiples y las queremos abrir absolutamente todas”, manifestó el regidor.

Augusto Hidalgo subrayó de nuevo hoy su determinación y la de todo su gobierno para evitar que la Biblioteca Pública del Estado acabe siendo derribada. “Yo estoy convencido de que eso no va a ocurrir, convencido de que hay instrumentos legales para evitarlo. Tiene que haber una solución. Yo no me planteo ningún escenario en el que pueda haber una piqueta destruyendo la Biblioteca Pública del Estado. Ese escenario, el más negativo de todos, para nosotros es inviable, imposible e inaceptable”, concluyó el regidor.

Sentencia del Tribunal Supremo decretando la demolición de la Biblioteca del Estado en Las Palmas

Las Palmas de GC (Canarias), 1 de julio de 2014 / Sentencia / José Antonio Cabrera. ASSOPRESS

El Supremo confirma que el edificio de la Biblioteca Pública del Estado, en Las Palmas de Gran Canaria, debe ser demolido, por ser contrario a las disposiciones urbanísticas y, entre otras infracciones, haber eliminado zonas verdes y constituir una pantalla arquitectónica que cercena las vistas del litoral. El alto tribunal rechaza los recursos del Ayuntamiento de Las Palmas y de la Abogacía del Estado contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 14 de febrero de 2013, que rechazó la solicitud de que se decretase la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia firme del caso que estableció la demolición (que es del año 2002), con el argumento de que la biblioteca tiene idéntico régimen jurídico de los bienes de interés cultural, previsto en la Ley de Patrimonio, por lo que no procede ordenar su demolición. El Supremo rechaza esa tesis e indica que la finalidad de la Ley de Patrimonio es amparar las bibliotecas de titularidad del Estado "bajo el presupuesto de que éstas se hayan construido legalmente, y no parece que su objetivo sea permitir las edificaciones ilegales destinándolas a bibliotecas, archivos o museos estatales". 

La Sala se manifiesta consciente de los conflictos que plantean las actuaciones administrativas declaradas ilegales cuando los hechos se han consumado, como sucede en este caso con el edificio destinado a biblioteca de titularidad estatal, pero --añade-- "nuestro cometido institucional (artículo 117 de la Constitución) es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales". La sentencia cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados que la han dictado, que entendían que debía estimarse el recurso del Ayuntamiento y del abogado del Estado declarándose la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia, y fijándose alternativamente una indemnización para los vecinos de la comunidad de propietarios del edificio San Telmo (vencedores del pleito).