La crisis, que en los últimos meses ha colocado a la empresa España S.A. al borde de la bancarrota, exige un benchmarking interno para comprobar cuáles Administraciones son las imprescindibles y cuáles no.
Madrid, 09 de enero de 2012 / Fiscal - Crisis / Expansión
Benchmarking es un término anglosajón que define la comparación de distintos productos, servicios y métodos de trabajo para saber cuáles son los mejores y más eficientes. La evaluación puede realizarse comparando empresas de un sector o incluso diferentes departamentos dentro de una misma compañía.
El pasado jueves, el Gobierno anunció un escrutinio detallado de las empresas públicas, en especial las dependientes de las comunidades autónomas, ya que deben eliminarse 445 de éstas. En total, los entes estatales, autonómicos y locales superan los 4.000, contribuyendo a un déficit y una deuda que despiertan los recelos de los que quieren invertir en España S.A.
Sin embargo, pese a la perentoria necesidad de estos recortes, el abrumador poder del PP en casi todos los estamentos del país supone una oportunidad única para plantearse de una vez por todas lo razonable de mantener 17 miniestados cuyos tentáculos invaden las competencias del Estado central. Según un informe de UPyD, las duplicidades y redundancias generadas por los cuatro escalones administrativos del país cuestan 32.300 millones de euros al año.
Además, los aproximadamente 120 tribunales, agencias, observatorios y órganos consultivos repartidos por las regiones han fomentado un paraíso de despachos, ventanillas y documentos.
Las propuestas de ajuste no obedecen a un debate partidista y las críticas (por lo general, documentadas) proceden de todos los frentes políticos. Al citado informe de UPyD se añade otro elaborado por FAES (de clara vinculación al PP) titulado Por un Estado autonómico racional y viable, que defiende grandes acuerdos para reformar la Constitución y redefinir el engranaje nacional.
Algunos peces gordos del PSOE también se han pronunciado al respecto. El pasado 29 de agosto, el entonces presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, tildó de “disparate” que existan “17 defensores del pueblo, 17 consejos económicos y sociales, 17 defensores del mayor y del menor, 17 consejos consultivos, 17.000 televisiones públicas” y demás organismos.
Por su parte, tanto el expresidente del Gobierno Felipe González como el candidato socialista a las últimas elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, han pedido varias veces la supresión de las diputaciones provinciales.
Pero, con algunas excepciones tras los duros recortes emprendidos en los últimos meses en varias regiones (Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña), la mayoría de las estructuras orgánicas permanecen, de momento, inmarcesibles.
Órganos consultivos
Además de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), órgano estatal que vela por el buen cumplimiento de las reglas del mercado, casi todas las autonomías cuentan con su propio Tribunal de Defensa de la Competencia.
Lo mismo sucede con el Tribunal de Cuentas, creado para revisar los balances de los órganos públicos y sufragado con 62 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado. Tiene clones repartidos por todo el país, aunque en la mayoría de las regiones se les conoce como Sindicatura de Cuentas.
No obstante, la eficacia de éstas despierta algunas dudas. El Tribunal central, presidido por Manuel Núñez, reveló recientemente al informar sobre el uso de subvenciones a pymes que “entre las justificaciones de gastos presentadas por las comunidades autónomas y por el Ayuntamiento de Barcelona existen importes elevados dedicados a comidas, cátering y conferenciantes”.
Es decir, que no fueron las Sindicaturas las que alertaron sobre este despilfarro en sus respectivas regiones, sino la Administración central.
De forma similar, el Defensor del Pueblo dispone de réplicas a su imagen y semejanza, aunque en el plan de recortes aprobado el pasado septiembre el Gobierno de Castilla-La Mancha (PP) suprimió tanto este organismo como el Consejo Económico y Social, otra instancia reproducida por las comunidades con el CES central como modelo. De momento, ningún otro presidente autonómico ha imitado en este sentido a María Dolores de Cospedal.
Los gobiernos regionales, asimismo, albergan departamentos casi iguales entre sí como los Institutos de Estadística (que compiten con el INE), los observatorios de inmigración y de igualdad, las agencias de protección de datos o las agencias de consumo, estas últimas en clara competencia con el Instituto Nacional del Consumo o el Consejo de Consumidores y Usuarios. Por no hablar de las incontables televisiones autonómicas y locales, que cuestan casi 2.000 millones por año.
Esto tiene un impacto directo en las cuentas. Por ejemplo, más de la mitad de los 3,2 millones de funcionarios del país trabaja para las comunidades: 1,7 millones de personas. Un análisis de la Fundación BBVA indica que uno de cada cinco euros de los salarios que se pagan en toda una comunidad va a parar a trabajadores de su Administración.
Municipios
Un cálculo elaborado el pasado abril por el Círculo de Empresario cifró en 22.000 millones de euros anuales el coste de las diputaciones provinciales. En concreto en España hay 41 diputaciones, 3 diputaciones forales, 4 consejos y 7 cabildos insulares. Son administraciones intermedias entre las comunidades y los ayuntamientos.
España cuenta con 8.114 municipios, de los que un 60% tiene menos de 1.000 habitantes. Entre las propuestas de ahorro del Círculo figuraba la fusión de consistorios, una medida que adoptó Italia este verano al eliminar 34 provincias y 1.500 ayuntamientos.
UPyD va más allá y propone recortar nada menos que 16.000 millones de euros mediante la unión del 95% de municipios españoles: en concreto, que se fusionen los 7.370 que cuentan con menos de 10.000 ciudadanos.
Sector exterior
El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) gastó en 2011 186 millones de euros en promocionar a las empresas españolas en otros países. Pero para las comunidades esto no parece suficiente y sólo quieren representarse a sí mismas, por lo que han creado más de 300 embajadas comerciales: oficinas, técnicos, programas de colaboración, etcétera.
El coste conjunto de organismos de promoción exterior como ACC1Ó (Cataluña), Igape (Galicia), Extenda (Andalucía) o Ivex (Comunidad Valenciana) oscila entre los 300 y los 400 millones de euros.
En el informe de UPyD titulado El coste del Estado autonómico, el diputado por Madrid Ramón Marcos Allo critica así este sistema: “¿Cuál sería la imagen que tendríamos si de repente el Estado de Texas abre Embajada en Madrid y dicen ‘esto no tiene nada que ver con la Embajada de EEUU?’ ¿Realmente eso mejoraría su imagen en España y las ganas y garantías de nuestros empresarios de invertir allí?”.
El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, recomendó esta semana a las autonomías que integraran sus delegaciones comerciales en las embajadas españolas.
Universidades
En España existen 50 universidades públicas, que emplean en total a 100.000 personas y reciben 6.700 millones de euros de presupuesto. No obstante, no parece que esta proliferación de centros contribuya al éxito formativo. De todas las universidades públicas del país, sólo diez están entre las 500 mejores del mundo, según la clasificación académica mundial conocida como Ránking de Shanghai.
Por este motivo, el anterior Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, dejó abierta una puerta legal para que en el futuro estas instituciones puedan fusionarse, al estilo de las cajas de ahorros.
Inmuebles
La Administración central también podría apretarse el cinturón. Un estudio de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman señala que si el Estado vendiese el 34% de sus edificios (muchos de ellos infrautilizados), se podrían ahorrar 14.000 millones de euros.
Deuda
La red de sociedades y fundaciones sirven como trastero donde las autonomías y los ayuntamientos acumulan buena parte de la deuda que después no consta en los datos oficiales. Desde el inicio de la crisis en 2007 cada nueva empresa pública ha sumado hasta la fecha 90 millones de endeudamiento al erario público. O sea, 10.000 millones en todo el país en los últimos cuatro años.
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lunes, 9 de enero de 2012
jueves, 7 de julio de 2011
“EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN DEL MODELO DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO”
“REPERCUSIONES EN EL SECTOR PÚBLICO POR LA PROBLEMÁTICA DEL RESTO DE SECTORES ECONÓMICOS”
Medina Jáber aboga por una mayor transparencia en el sistema de rendición de cuentas
Maspalomas (Gran Canaria), a 07 de julio de 2011 | Universidad de Verano | Gabinete de Prensa.
El presidente del Tribunal de Cuentas de España, el titular de la ACC y el alcalde de San Bartolomé, inauguraron hoy, en Maspalomas, el IX Seminario de esta entidad fiscalizadora dentro de la Universidad de Verano de Maspalomas 2011
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, (ACC), Rafael Medina Jáber, apostó hoy, en el transcurso del acto de inauguración del IX Seminario que esta institución organiza en el seno de la Universidad de Verano de Maspalomas (UVM), por una mayor transparencia de los informes de los Órganos de Control Externo para poder presentar ante la ciudadanía “la información que no están demandando en estos momentos” y que no es otra que poder conocer y valorar “la relación final entre cada euro invertido y el ‘beneficio’ público obtenido”.
Para Medina Jáber no es suficiente con que los Órganos de Control Externos den a conocer sus informes en las Cámaras regionales porque “el ciudadano nos exige mucho más; nos exige más transparencia porque no vale ya con presentar los resultados de una administración como un mero balance de ingresos y gastos”. “En estos momentos”, continuó el presidente de la Audiencia de Cuentas, “la sociedad no sólo exige que el dinero público se utilice respetando la ley y que las cuentas de las administraciones reflejen adecuadamente la actividad económico-financiera llevada a cabo, sino que también reclama que la utilización de los fondos públicos esté basada en criterios de eficacia, eficiencia y economía”.
Por ello, insistió en que “en estos momentos, esta reclamación se convierte, más que nunca en una exigencia que debe cumplirse con rigor y transparencia para lograr algo tan importante como la recuperación de la confianza; confianza en el sector público y confianza en sus dirigentes”.
Medina Jáber participó en la jornada inicial del IX Seminario junto al presidente del Tribunal de España, Manuel Núñez, y el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez. El alcalde, además de dar la bienvenida a los asistentes a esta ya tradicional cita convocada por la Audiencia de Cuentas, también realizó una petición en voz alta; la necesidad de contar con una Ley de Municipios Turísticos que permita a ayuntamientos, como el de San Bartolomé de Tirajana, contar con más recursos para prestar servicios “y servicios de alta calidad” no solo a la población residente sino a una población flotante de visitantes muy numerosa.
Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas de España centró parte de su discurso inaugural en defender a los órganos de control interno de las administración (la intervención) y a los órganos de Control Externo como los garantes de las cuentas públicas frente a quienes en estos momentos de relevo en las distintas administraciones públicas abogan por “auditorías privadas”.
El IX Seminario continuó con las presentaciones de los trabajos premiados por la revista Auditoría Pública cuyo primer premio recayó en el trabajo presentado por Pilar Plaza Grau Auditora de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, María Mateo Fernández, Auditoria del Consello de Contas de Galicia y Consuelo Rus Lillo, Auditora de la Cámara de Cuentas de Andalucía y que lleva por título “Fiscalización Horizontal: La gestión del gasto en prótesis quirúrgicas”.
El tercer premio recayó en el trabajo “De la Función Interventora al Control Financiero Permanente: Balance de Resultados del Primer Año en Canarias” que fue presentado por Alejando Parres García, jefe del Servicio y Gestión de Políticas de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Los Premios de Auditoría Pública se entregarán mañana, viernes, en el acto de clausura del IX Seminario.
La segunda jornada contará con una ponencia a cargo del presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, Fernando Redondo a la que seguirá otra del profesor de Economía Pública de la Universidad de Oviedo, Roberto Fernández Llera.
Finalmente, se celebrará una mesa redonda que, dirigida por el Síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Antonio Arias, contará con la presencia de Francisco Javier Constela Acasuso, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela; Javier Medina Guijarro, consejero del Tribunal de Cuentas de España, Olayo Eduardo González Soler, fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y Hubert Weber, ex presidente del Tribunal de Cuentas Europeo.
viernes, 3 de junio de 2011
Denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ampliación denuncia por muerte Manuel Ramón, situación del albergue municipal y el UMA, fiscalización y propuestas de la Plataforma.
Hechos que se denuncian ante la Fiscalía General del Estado.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de junio de 2011 | Denuncias | Gabinete de Prensa.
Fallecido el día 1 de abril: varón de unos 34 años, pudiera responder al nombre de Francisco J., según las informaciones que manejamos murió el 1 de abril en la unidad del torax dependiente del Hospital de La Candelaria, después de más de un mes ingresado, solía vivir por la zona de Tomé Cano, en Santa Cruz de Tenerife, a veces iba por el Albergue. Este caso no fue hecho público, la Plataforma tuvo conocimiento por otras vías.
Fallecido el día 15 de abril: ciudadano extranjero de unos 50 años, fue hallado muerto en la puerta del Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife en la madrugada del día 15 de abril. Vivía en la calle, se desconoce el estado que presentaba cuando fue localizado .
Fallecido el día 16 de abril: Manuel Ramón H. S., 59 años, murió en la madrugada del día 16 en las inmediaciones del Mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife, después de que durante dos días distintos ciudadanos pidieran a los Servicios Sociales del Ayuntamiento y al 112 que fuera ingresado a causa de su mal estado de salud. Desde el Ayuntamiento y desde el 112 reiteraron que no podían hacer nada porque el señor se negaba a ser asistido. Varios miembros de la Plataforma denunciaron el caso en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por entender que el señor Manuel no se encontraba en situación de poder responder por sí mismo, puesto que arrastraba muchas enfermedades –circunstancia ésta de la que estaban enterados en el Ayuntamiento-, estaba paralizado y en silla de ruedas, tenía una pierna amputada y un brazo con claros síntomas de gangrena, no podía apenas hablar, no podía respirar bien, no podía comer ni hacer sus necesidades sin ayuda y era evidente que se moría, y además estaba ubicado en una calle muy transitada junto a dos cubos grandes de basura, con multitud de residuos, suciedad y hasta animales comiendo a su alrededor, constituyéndose en un claro foco de infección con riesgo para la salud pública. La fiscalía ha abierto diligencias para investigar este caso por si pudiera haber omisión de auxilio o por si alguien le pudiera haber robado su pensión horas antes de morir.
Fallecido el día 1 de mayo: Aly Badara, ciudadano extranjero de mediana edad, según nuestras informaciones falleció en el hospital el día 1 de mayo, después de haber sido ingresado de urgencia en la UCI días atrás procedente del Albergue Municipal. Este caso tampoco fue hecho público por los medios, la Plataforma tuvo conocimiento por otras vías. Nos consta que inmediatamente después de su ingreso en el Hospital se procedió a extraer sangre a buena parte del personal y usuarios del albergue, circunstancia esta que nos hace pensar que se trataba de alguna enfermedad contagiosa grave, la misma que probablemente acabó con la vida de Aly.
Fallecido el día 6 de mayo: Juan José, 50 años, vecino de Icod de los Vinos, pueblo de la isla de Tenerife, hallado muerto en un cajero de la ciudad. Según las informaciones que se hicieron públicas en los medios, era conocido alcohólico crónico, vivía en la calle y de él se decía que había perdido la cabeza. Afirman que se negaba a recibir ayuda, los días previos a su muerte cuentan los que lo vieron que presentaba hemorragias sangrantes .
Fallecida el día 13 de mayo: señora británica de 60 años de edad es decapitada en Arona, municipio de la Isla de Tenerife. El supuesto asesino es un ciudadano extranjero que vivía en la calle y era conocido de la zona por sabérseles perdidas sus facultades mentales. A pesar de todo seguía en la calle.
Fallecido el día 16 de mayo: varón de 78 años, de nacionalidad danesa, encontrado muerto en la mañana del día 16 de mayo, por los alrededores de la Estación de Guaguas de Santa Cruz de Tenerife, entre escombros y basura. Vivía en la calle desde hacía tiempo.
Fallecido el día 28 de mayo: José Luis, 54 años, natural de Córdoba, es encontrado muerto en la mañana del día 28 de marzo en una chabola en la que vivía en la inmediaciones del Pancho Camurria (recinto deportivo donde se practica lucha canaria). Con problemas de alcoholismo, desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento se ha dicho que se negaba a recibir ayuda. Varias semanas antes de su muerte, José Luís concedió una entrevista a la Cadena Ser en Tenerife, en la que decía, palabras textuales, lo siguiente:
Nos tendrían que ayudar un poco, no olvidarse de nosotros;
-A una pregunta del periodista sobre la ayuda de los Servicios Sociales:
Ninguna, ninguna, absolutamente ninguna, porque nos tienen abandonados, y la verdad que necesitamos ayuda, y aquí no viene nadie. Nadie a ayudarnos;
-Ante una nueva pregunta del periodista afirmando que desde los Servicios Sociales han dicho que sí vienen:
Eso es mentira, porque si ellos vinieran hacia aquí, nosotros cogeríamos todo lo que nos dieran, pero es al revés, no nos dan nada, nada, ni se acuerdan de nosotros.
Yo voy arriba a reciclar comida de los containers, y de eso vamos viviendo.
-Ante una pregunta del periodista por el trato en el Albergue Municipal:
El albergue nos han quitado hasta de coger agua.
Al margen de los casos de fallecidos ya citados, en la Plataforma venimos trabajando en otros casos de personas sin hogar en Tenerife que vienen a ser nuevas muestras de que no se están prestando los servicios de socorro debidos, y bueno es mencionar aquí algunos de esos casos.
-Jacek F., ciudadano polaco, 31 años, es visto por primera vez por miembros de la Plataforma el día 15 de mayo del 2011; el joven presenta síntomas claros de desnutrición, cuenta que le han robado y que vive en la calle, no quiere saber nada de ir al Albergue Municipal porque ahí le pegan y roban. Muestra agresividad verbal y nerviosismo, habla sin parar con claros síntomas de tener sus facultades mentales bastante mermadas.
En días posteriores volvemos a ver a Jacek, quien nos pide que lo ingresemos en un hospital psiquiátrico. El 19 de mayo, viendo que nadie atiende a Jacek y puede ser un peligro para él y para la ciudadanía, se presenta escrito en la Subdelegación del Gobierno dando cuenta de su estado. La Subdelegación contesta al día siguiente afirmando que ha dado traslado del escrito también al Ayuntamiento. Desde la Plataforma, comunicamos a la Subdelegación el lugar donde se encuentra Jacek.
En la noche del día 21 Jacek se encuentra todavía en la calle, en la plaza de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, está muy agresivo, grita y porta un cuchillo. Ni la Policía ni los Servicios Sociales parecen preocupados por localizarlo para ingresarlo debido a su estado; horas después, gracias a la intervención de varios médicos que pasaban por allí, Jacek es trasladado a un hospital.
-Santiago F. D., español, 61 años, desde hace muchos vive en la calle pese a contar con una minusvalía psíquica y física reconocida del 65%; con distintas dolencias y enfermedades, es alcohólico crónico, camina dificultosamente, con muletas, y fue localizado por miembros de la Plataforma el miércoles 18 de mayo, en el Puerto de Los Cristianos, municipio de Arona. Con su historial, manifiesta que ha solicitado plaza en un centro, pero no le dan nada hasta dentro de 34 meses. La Plataforma está realizando gestiones para solucionar su situación.
-Hassan J., saharaui de 29 años, es conocido desde hace meses por varios miembros de la Plataforma, vive en la calle por las inmediaciones del mercado de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Con una fortísima adicción al alcohol, se pasa el día tirado en un banco, apenas come y mantiene la cordura, está muy débil y además le han pegado. En conversaciones con miembros de la Plataforma manifiesta querer ser ayudado, pero no quiere ir al Albergue porque ahí le pegan y le roban. Dice tener un hermano en Lanzarote al que pide que localicemos, estamos haciendo gestiones para localizarlo.
Como estos tres casos citados, en la Plataforma tenemos unos cuantos más recogidos en igual situación de abandono y enfermedad en Tenerife, especialmente en la capital (Vladimir, Doña María, Sancho, señora italiana, africano, acampada 15M, Pancho Camurria, La Celgán, puentes y barrancos) sin que ninguna institución parezca hacer nada por ayudarlos. El último de los casos se recoge en el periódico La Opinión del día 2 de junio, donde se habla de la atención a un indigente dentro del tranvía de la capital tinerfeña. En la noticia se cuenta que los pasajeros afirman: que ya lo habían visto en otras ocasiones en el tranvía y que se extrañaban de que permaneciera en la calle pese a su aparente mal estado físico. De hecho, reconocieron que en más de una ocasión ha protagonizado situaciones similares en otros viajes.
Argumentos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento y de otros estamentos públicos.
En este punto, destacamos el argumento utilizado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con la muerte de uno de los fallecidos, el señor Manuel Ramón, argumento que ha sido repetido con algunos más de los fallecidos, también por otras administraciones, y que siempre ha consistido en referir una supuesta negativa de los mismos a ser ayudados o atendidos, en base a lo cual es imposible hacer nada más, salvo pedir al juez que lo inhabilite.
Situación social.
Y frente a esta realidad, los datos estadísticos relativos a Canarias en cuestiones como la exclusión social, la pobreza o las partidas presupuestarias destinadas a Servicios Sociales nos dejan datos escalofriantes en Canarias, según el Primer Informe sobre la Situación de los Servicios Sociales en Canarias tras los Recortes Presupuestarios del 2011 elaborado por REDESSCAN:
-Una tasa de pobreza del 27 %;
-Un índice de miseria del 30%;
-Un 28% de paro;
-O un índice de exclusión social que dobla al estatal, con un 42% de la población en situación de integración precaria, un 19% en exclusión compensada, y un 12% en exclusión severa.
-Y por si no bastara con esto, los presupuestos Autonómicos para el 2011 se recortan un 10,9% en Sanidad, un 9,7% en Educación y un 15,1% en Bienestar Social.
Argumentos de derecho que defendemos en la Plataforma.
A tenor de los hechos relatados, viendo cómo la gente vive en la calle sin una asistencia mínima por parte de los Servicios Sociales; viendo como enferman y mueren –o en su locura matan a otra persona- sin que nadie haga nada por evitarlo, aduciendo que se niegan a ser ayudados para supeditarlo todo a la vía de la incapacitación judicial, desde la Plataforma creemos que hay base legal suficiente para entender que en Tenerife se pudiera estar incurriendo en un delito continuado de omisión del deber de socorro por parte de distintas administraciones y servicios públicos, delito tipificado como tal en los artículos 195 y 196 del Código Penal vigente. Y ello en base a los siguientes ARGUMENTOS DE DERECHO:
-La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en su artículo 9.2, afirma lo siguiente:
2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos:
a). Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.
b). Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.
-La Ley 11/1994, de 26 de julio, de ordenación sanitaria de Canarias, en su artículo 6, Derechos de los ciudadanos, apartado o, dice lo siguiente:
1. Los titulares tienen los siguientes derechos:
o). A la libre elección entre las opciones que le presente el médico, siendo preciso el consentimiento previo por escrito del paciente para la realización de cualquier intervención, excepto en los siguientes casos:
Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública.
Cuando no estén capacitados para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus familiares, y en el caso de no existir éstos o no ser localizados, comunicárselo a la autoridad judicial.
Cuando la posibilidad de lesión irreversible o peligro de fallecimiento exija una actuación urgente.
-La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 763, también recoge algunas medidas a aplicar por un facultativo médico –el internamiento forzoso en un centro sanitario- sin esperar a la orden judicial, precepto que no fue anulado por el Tribunal Constitucional para no crear un vacío jurídico. Vid. comunicación de la Fiscalía de la Sala de lo Civil del TS de fecha 25 de enero de 2011.
AL MARGEN DE LA INFORMACIÓN FACILITADA HASTA AQUÍ RELATIVA A LA DENUNCIA REMITIDA AYER A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
-Se ha ampliado con nueva información y datos la denuncia que varios miembros de la Plataforma presentaron en su día por la muerte de Manuel Ramón Hernández, que la Fiscalía Provincial investiga. Y se trabaja en presentar denuncias y escritos ante otras instituciones (Defensor del Pueblo, UE, Relator Especial de las Naciones Unidas por la Salud, grupos políticos, sindicatos, etc.);
-Consideramos necesaria una fiscalización exhaustiva del Albergue Municipal y de la Unidad Móvil de Acercamiento, servicios que en la Plataforma entendemos como muy deficitarios y necesariamente mejorables, en base a la información que manejamos en la Plataforma;
-Se cuestiona a dónde van a parar los 11 millones de euros de presupuesto para 2011 que tiene el IMAS de Santa Cruz de Tenerife. Esperamos a que se forme la nueva corporación municipal para pedir que se aclaren las partidas asignadas.
-Seguimos en la Plataforma recogiendo datos de personas que viven en la calle y necesitan ayuda;
-Trabajamos en la Plataforma con varias propuestas de índole social que de ser llevadas a la práctica mejorarían mucho la vida de las personas sin hogar, con un mínimo coste.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de junio de 2011 | Denuncias | Gabinete de Prensa.
Fallecido el día 1 de abril: varón de unos 34 años, pudiera responder al nombre de Francisco J., según las informaciones que manejamos murió el 1 de abril en la unidad del torax dependiente del Hospital de La Candelaria, después de más de un mes ingresado, solía vivir por la zona de Tomé Cano, en Santa Cruz de Tenerife, a veces iba por el Albergue. Este caso no fue hecho público, la Plataforma tuvo conocimiento por otras vías.
Fallecido el día 15 de abril: ciudadano extranjero de unos 50 años, fue hallado muerto en la puerta del Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife en la madrugada del día 15 de abril. Vivía en la calle, se desconoce el estado que presentaba cuando fue localizado .
Fallecido el día 16 de abril: Manuel Ramón H. S., 59 años, murió en la madrugada del día 16 en las inmediaciones del Mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife, después de que durante dos días distintos ciudadanos pidieran a los Servicios Sociales del Ayuntamiento y al 112 que fuera ingresado a causa de su mal estado de salud. Desde el Ayuntamiento y desde el 112 reiteraron que no podían hacer nada porque el señor se negaba a ser asistido. Varios miembros de la Plataforma denunciaron el caso en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por entender que el señor Manuel no se encontraba en situación de poder responder por sí mismo, puesto que arrastraba muchas enfermedades –circunstancia ésta de la que estaban enterados en el Ayuntamiento-, estaba paralizado y en silla de ruedas, tenía una pierna amputada y un brazo con claros síntomas de gangrena, no podía apenas hablar, no podía respirar bien, no podía comer ni hacer sus necesidades sin ayuda y era evidente que se moría, y además estaba ubicado en una calle muy transitada junto a dos cubos grandes de basura, con multitud de residuos, suciedad y hasta animales comiendo a su alrededor, constituyéndose en un claro foco de infección con riesgo para la salud pública. La fiscalía ha abierto diligencias para investigar este caso por si pudiera haber omisión de auxilio o por si alguien le pudiera haber robado su pensión horas antes de morir.
Fallecido el día 1 de mayo: Aly Badara, ciudadano extranjero de mediana edad, según nuestras informaciones falleció en el hospital el día 1 de mayo, después de haber sido ingresado de urgencia en la UCI días atrás procedente del Albergue Municipal. Este caso tampoco fue hecho público por los medios, la Plataforma tuvo conocimiento por otras vías. Nos consta que inmediatamente después de su ingreso en el Hospital se procedió a extraer sangre a buena parte del personal y usuarios del albergue, circunstancia esta que nos hace pensar que se trataba de alguna enfermedad contagiosa grave, la misma que probablemente acabó con la vida de Aly.
Fallecido el día 6 de mayo: Juan José, 50 años, vecino de Icod de los Vinos, pueblo de la isla de Tenerife, hallado muerto en un cajero de la ciudad. Según las informaciones que se hicieron públicas en los medios, era conocido alcohólico crónico, vivía en la calle y de él se decía que había perdido la cabeza. Afirman que se negaba a recibir ayuda, los días previos a su muerte cuentan los que lo vieron que presentaba hemorragias sangrantes .
Fallecida el día 13 de mayo: señora británica de 60 años de edad es decapitada en Arona, municipio de la Isla de Tenerife. El supuesto asesino es un ciudadano extranjero que vivía en la calle y era conocido de la zona por sabérseles perdidas sus facultades mentales. A pesar de todo seguía en la calle.
Fallecido el día 16 de mayo: varón de 78 años, de nacionalidad danesa, encontrado muerto en la mañana del día 16 de mayo, por los alrededores de la Estación de Guaguas de Santa Cruz de Tenerife, entre escombros y basura. Vivía en la calle desde hacía tiempo.
Fallecido el día 28 de mayo: José Luis, 54 años, natural de Córdoba, es encontrado muerto en la mañana del día 28 de marzo en una chabola en la que vivía en la inmediaciones del Pancho Camurria (recinto deportivo donde se practica lucha canaria). Con problemas de alcoholismo, desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento se ha dicho que se negaba a recibir ayuda. Varias semanas antes de su muerte, José Luís concedió una entrevista a la Cadena Ser en Tenerife, en la que decía, palabras textuales, lo siguiente:
Nos tendrían que ayudar un poco, no olvidarse de nosotros;
-A una pregunta del periodista sobre la ayuda de los Servicios Sociales:
Ninguna, ninguna, absolutamente ninguna, porque nos tienen abandonados, y la verdad que necesitamos ayuda, y aquí no viene nadie. Nadie a ayudarnos;
-Ante una nueva pregunta del periodista afirmando que desde los Servicios Sociales han dicho que sí vienen:
Eso es mentira, porque si ellos vinieran hacia aquí, nosotros cogeríamos todo lo que nos dieran, pero es al revés, no nos dan nada, nada, ni se acuerdan de nosotros.
Yo voy arriba a reciclar comida de los containers, y de eso vamos viviendo.
-Ante una pregunta del periodista por el trato en el Albergue Municipal:
El albergue nos han quitado hasta de coger agua.
Al margen de los casos de fallecidos ya citados, en la Plataforma venimos trabajando en otros casos de personas sin hogar en Tenerife que vienen a ser nuevas muestras de que no se están prestando los servicios de socorro debidos, y bueno es mencionar aquí algunos de esos casos.
-Jacek F., ciudadano polaco, 31 años, es visto por primera vez por miembros de la Plataforma el día 15 de mayo del 2011; el joven presenta síntomas claros de desnutrición, cuenta que le han robado y que vive en la calle, no quiere saber nada de ir al Albergue Municipal porque ahí le pegan y roban. Muestra agresividad verbal y nerviosismo, habla sin parar con claros síntomas de tener sus facultades mentales bastante mermadas.
En días posteriores volvemos a ver a Jacek, quien nos pide que lo ingresemos en un hospital psiquiátrico. El 19 de mayo, viendo que nadie atiende a Jacek y puede ser un peligro para él y para la ciudadanía, se presenta escrito en la Subdelegación del Gobierno dando cuenta de su estado. La Subdelegación contesta al día siguiente afirmando que ha dado traslado del escrito también al Ayuntamiento. Desde la Plataforma, comunicamos a la Subdelegación el lugar donde se encuentra Jacek.
En la noche del día 21 Jacek se encuentra todavía en la calle, en la plaza de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, está muy agresivo, grita y porta un cuchillo. Ni la Policía ni los Servicios Sociales parecen preocupados por localizarlo para ingresarlo debido a su estado; horas después, gracias a la intervención de varios médicos que pasaban por allí, Jacek es trasladado a un hospital.
-Santiago F. D., español, 61 años, desde hace muchos vive en la calle pese a contar con una minusvalía psíquica y física reconocida del 65%; con distintas dolencias y enfermedades, es alcohólico crónico, camina dificultosamente, con muletas, y fue localizado por miembros de la Plataforma el miércoles 18 de mayo, en el Puerto de Los Cristianos, municipio de Arona. Con su historial, manifiesta que ha solicitado plaza en un centro, pero no le dan nada hasta dentro de 34 meses. La Plataforma está realizando gestiones para solucionar su situación.
-Hassan J., saharaui de 29 años, es conocido desde hace meses por varios miembros de la Plataforma, vive en la calle por las inmediaciones del mercado de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Con una fortísima adicción al alcohol, se pasa el día tirado en un banco, apenas come y mantiene la cordura, está muy débil y además le han pegado. En conversaciones con miembros de la Plataforma manifiesta querer ser ayudado, pero no quiere ir al Albergue porque ahí le pegan y le roban. Dice tener un hermano en Lanzarote al que pide que localicemos, estamos haciendo gestiones para localizarlo.
Como estos tres casos citados, en la Plataforma tenemos unos cuantos más recogidos en igual situación de abandono y enfermedad en Tenerife, especialmente en la capital (Vladimir, Doña María, Sancho, señora italiana, africano, acampada 15M, Pancho Camurria, La Celgán, puentes y barrancos) sin que ninguna institución parezca hacer nada por ayudarlos. El último de los casos se recoge en el periódico La Opinión del día 2 de junio, donde se habla de la atención a un indigente dentro del tranvía de la capital tinerfeña. En la noticia se cuenta que los pasajeros afirman: que ya lo habían visto en otras ocasiones en el tranvía y que se extrañaban de que permaneciera en la calle pese a su aparente mal estado físico. De hecho, reconocieron que en más de una ocasión ha protagonizado situaciones similares en otros viajes.
Argumentos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento y de otros estamentos públicos.
En este punto, destacamos el argumento utilizado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con la muerte de uno de los fallecidos, el señor Manuel Ramón, argumento que ha sido repetido con algunos más de los fallecidos, también por otras administraciones, y que siempre ha consistido en referir una supuesta negativa de los mismos a ser ayudados o atendidos, en base a lo cual es imposible hacer nada más, salvo pedir al juez que lo inhabilite.
Situación social.
Y frente a esta realidad, los datos estadísticos relativos a Canarias en cuestiones como la exclusión social, la pobreza o las partidas presupuestarias destinadas a Servicios Sociales nos dejan datos escalofriantes en Canarias, según el Primer Informe sobre la Situación de los Servicios Sociales en Canarias tras los Recortes Presupuestarios del 2011 elaborado por REDESSCAN:
-Una tasa de pobreza del 27 %;
-Un índice de miseria del 30%;
-Un 28% de paro;
-O un índice de exclusión social que dobla al estatal, con un 42% de la población en situación de integración precaria, un 19% en exclusión compensada, y un 12% en exclusión severa.
-Y por si no bastara con esto, los presupuestos Autonómicos para el 2011 se recortan un 10,9% en Sanidad, un 9,7% en Educación y un 15,1% en Bienestar Social.
Argumentos de derecho que defendemos en la Plataforma.
A tenor de los hechos relatados, viendo cómo la gente vive en la calle sin una asistencia mínima por parte de los Servicios Sociales; viendo como enferman y mueren –o en su locura matan a otra persona- sin que nadie haga nada por evitarlo, aduciendo que se niegan a ser ayudados para supeditarlo todo a la vía de la incapacitación judicial, desde la Plataforma creemos que hay base legal suficiente para entender que en Tenerife se pudiera estar incurriendo en un delito continuado de omisión del deber de socorro por parte de distintas administraciones y servicios públicos, delito tipificado como tal en los artículos 195 y 196 del Código Penal vigente. Y ello en base a los siguientes ARGUMENTOS DE DERECHO:
-La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en su artículo 9.2, afirma lo siguiente:
2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos:
a). Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.
b). Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.
-La Ley 11/1994, de 26 de julio, de ordenación sanitaria de Canarias, en su artículo 6, Derechos de los ciudadanos, apartado o, dice lo siguiente:
1. Los titulares tienen los siguientes derechos:
o). A la libre elección entre las opciones que le presente el médico, siendo preciso el consentimiento previo por escrito del paciente para la realización de cualquier intervención, excepto en los siguientes casos:
Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública.
Cuando no estén capacitados para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus familiares, y en el caso de no existir éstos o no ser localizados, comunicárselo a la autoridad judicial.
Cuando la posibilidad de lesión irreversible o peligro de fallecimiento exija una actuación urgente.
-La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 763, también recoge algunas medidas a aplicar por un facultativo médico –el internamiento forzoso en un centro sanitario- sin esperar a la orden judicial, precepto que no fue anulado por el Tribunal Constitucional para no crear un vacío jurídico. Vid. comunicación de la Fiscalía de la Sala de lo Civil del TS de fecha 25 de enero de 2011.
AL MARGEN DE LA INFORMACIÓN FACILITADA HASTA AQUÍ RELATIVA A LA DENUNCIA REMITIDA AYER A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
-Se ha ampliado con nueva información y datos la denuncia que varios miembros de la Plataforma presentaron en su día por la muerte de Manuel Ramón Hernández, que la Fiscalía Provincial investiga. Y se trabaja en presentar denuncias y escritos ante otras instituciones (Defensor del Pueblo, UE, Relator Especial de las Naciones Unidas por la Salud, grupos políticos, sindicatos, etc.);
-Consideramos necesaria una fiscalización exhaustiva del Albergue Municipal y de la Unidad Móvil de Acercamiento, servicios que en la Plataforma entendemos como muy deficitarios y necesariamente mejorables, en base a la información que manejamos en la Plataforma;
-Se cuestiona a dónde van a parar los 11 millones de euros de presupuesto para 2011 que tiene el IMAS de Santa Cruz de Tenerife. Esperamos a que se forme la nueva corporación municipal para pedir que se aclaren las partidas asignadas.
-Seguimos en la Plataforma recogiendo datos de personas que viven en la calle y necesitan ayuda;
-Trabajamos en la Plataforma con varias propuestas de índole social que de ser llevadas a la práctica mejorarían mucho la vida de las personas sin hogar, con un mínimo coste.
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