Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 26 de abril de 2014 / Pleno Insular / Gabinete de Prensa.
El grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, formado por PP y el consejero no adscrito Juan Domínguez, vicepresidente primero y consejero de Empleo, aprobó hoy en el pleno insular por la vía de urgencia una moción en la que se insta al Gobierno de Canarias a concretar la dotación presupuestaria para el Plan de Empleo Social 2014-2015 y que aporte la totalidad de esa financiación a los municipios, que determinarán en el seno de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) su reparto más justo, al margen de que aquellas corporaciones que así lo estimen y puedan complementar la financiación para la implementación en su municipio del modo que consideren adecuado.
El texto de la moción recuerda que el número de demandantes de empleo registrados en Canarias en marzo de 2014 asciende a 277.498, según el Observatorio de Empleo de Canarias (OBECAN). De ellos 143.012 son parados de larga duración (51,54%) y sólo 124.050 (44,70%) reciben algún tipo de prestación. En la actualidad hay por tanto en Canarias 153.448 parados que no reciben ninguna prestación, 93.720 en la provincia de Las Palmas y 79.574 en la de Santa Cruz, y el riesgo de pobreza o de exclusión social ha crecido en las Islas el doble que en el conjunto de España, amenazando al 40% de la población.
Ante esta situación, el Pleno del Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad en el último debate del estado de la Nacionalidad una propuesta de resolución en la que se instó al Gobierno canario a la urgente puesta en marcha de un plan de empleo social 2014-2015, solicitando que participasen en él los cabildos y ayuntamientos.
El documento añade que según noticias recogidas en los medios de comunicación, la consejera de Empleo, Francisca Luengo, ha manifestado que para este año está previsto destinar un máximo de 30 millones de euros, si bien la cantidad final dependerá de la aportación que ayuntamientos y cabildos realicen, que se sumará a la que desembolse el Gobierno de Canarias a través del S.C.E.
En su edición anterior, el Plan de Empleo Social (2013-2014) se presentó con una dotación de 30 millones, previendo una aportación del Gobierno de Canarias de la mitad de la aportada por los ayuntamientos, decidiendo éstos su aportación con el límite del 10% del Fondo Canario de Financiación Municipal correspondiente. Sin embargo, la cuantía final total del Plan fue de aproximadamente 15 millones, de los cuales sólo cerca de cinco fueron aportados por el Gobierno de Canarias, mientras que los diez restantes restantes fueron aportados por los ayuntamientos detrayéndolo de la limitada financiación de nuestras corporaciones locales, que además no poseen competencias en materia de empleo.
En la implementación de dicho Plan varios municipios no pudieron participar por limitaciones legales o relacionadas con su situación presupuestaria. En Gran Canaria, no se adhirieron los municipios de Firgas, Gáldar, La Aldea, Santa Brígida y Telde. De la aportación gubernamental, sólo 1,2 millones se destinaron a las familias de Gran Canaria, mientras que 2,5 fueron destinados a las de Tenerife.
El número final de los beneficiarios fue 2.300 de las 35.000 personas en esta situación de desamparo social, quienes, una vez finalizada la acción, volvieron a la misma situación en la que se encontraban sin haber mejorado su cualificación para conseguir un verdadero puesto de trabajo.
En la moción se afirma que como plan de asistencia social, este programa ha demostrado ser claramente insuficiente e injusto, toda vez que el Gobierno de Canarias ha condicionado su inversión a la capacidad financiera de cada ayuntamiento para invertir en unas competencias que no le son propias, como son las de empleo. Además se ha puesto en evidencia el desinterés del Gobierno de Canarias en su propia iniciativa, al destinar a la misma sólo la mitad de la cantidad inicialmente asignada, escudándose en que los municipios no aportaban el doble de esa cantidad.
La reciente Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que clarifica y simplifica las competencias municipales para evitar duplicidades y ofrecer a los ciudadanos mejores servicios sin aumentar la carga de sus bolsillos, va a conllevar la oposición de muchos interventores y secretarios de ayuntamientos a financiar este plan de empleo en el presente ejercicio, por lo que las dudas sobre su viabilidad administrativa son preocupantes.
Así pues, el grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria propone instar al Gobierno de Canarias a concretar la dotación presupuestaria dispuesta de sus propios recursos para el Plan de Empleo Social 2014-2015, puesto en marcha en el ejercicio de sus exclusivas competencias. Asimismo, pretende pedir al Ejecutivo regional aportar la totalidad de esa financiación a los municipios, que determinarán en el seno de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) su reparto más justo, al margen de que aquellas corporaciones que así lo estimen y puedan complementar la financiación para la implementación en su municipio del modo que consideren adecuado.
