· La viceconsejera de Hacienda del Gobierno de Canarias señala “que el proyecto de ley profundiza en el derecho de corresponsabilidad fiscal que ha de existir entre el Estado y las comunidades autónomas”
· “El Estado tiene la obligación de reconocer la deuda histórica que mantiene con Canarias y el desfase que existe en la financiación de las competencias transferidas”
Madrid, 30 de junio de 2010 | Economía |Gabinete de prensa.
La viceconsejera de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias, Rosa Rodríguez, asistió hoy a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado en la que se dictaminó el proyecto de Ley de Régimen de Cesión de Tributos del Estado para las Comunidades Autónomas. Además, también se fijó el alcance y las condiciones de esta cesión.
Dicho proyecto de ley, uno para cada comunidad autónoma, se dicta en ejecución de la aprobación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y se modifican determinadas normas tributarias que obliga a su vez a la modificación de la Disposición Adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Canarias, incrementando el porcentaje de cesión del IRPF del 33% al 50% y de los impuestos especiales del 40% al 58%.
Además, se atribuye la competencia para la revisión de los actos dictados por la Comunidad Autónoma en relación a los tributos cedidos tradicionales (Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el juego, impuesto especial sobre determinados medios de transporte e impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos). Y por último se amplía la facultad normativa de la comunidad autónoma sobre determinados impuestos en los términos establecidos en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.
La titular de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación indicó que el proyecto de ley “profundiza en el derecho de corresponsabilidad fiscal que ha de existir entre comunidades autónomas y el Estado”. “Gracias a este hecho” – explicó – “a partir de ahora las regiones podrán modificar los mínimos personales y familiares. También se permiten mayores márgenes en la aprobación de la escala autonómica y de las deducciones de la cuota”. Por último, Rodríguez añadió que “también se transfieren a las comunidades autónomas las competencias en materia de resolución de las reclamaciones económico-administrativas”.
Sin embargo, Rosa Rodríguez reiteró que nunca “he estado de acuerdo con la financiación autonómica, porque entiendo que el Estado tiene la obligación de reconocer la deuda histórica que mantiene con Canarias y el desfase que existe en la financiación de las competencias transferidas, tras la necesaria valoración del incremento poblacional que ha experimentado el Archipiélago en los últimos años”, concluyó.
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