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jueves, 18 de febrero de 2016

El Ayuntamiento colabora con el Cabildo para trabajar en el Plan de Choque contra la Pobreza

SANTA LUCIA

Santa Lucía (Gran Canaria - Canarias), 19 de febrero de 2016 / Acción Social y Educación / Gabinete de Prensa.

La concejala de Acción Social y Educación del Ayuntamiento de Santa Lucía, Rita Navarro, ha mantenido este jueves una reunión de coordinación con la consejera de Gobierno de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Elena Máñez, para valorar el Plan de Choque contra la Pobreza, una serie de ayudas que la institución insular ofrece a los municipios para atender la demanda de prestaciones para cubrir necesidades básicas ante situaciones de extrema necesidad. 

Navarro y Máñez también pudieron repasar otros planes insulares como el de Servicios Sociales y el de Infancia.

Rita Navarro explica que “hemos participado en la reunión de coordinación de la Consejería de Política Social con los ayuntamientos, sobre el  Plan de Choque contra la Pobreza y las necesidades municipales de los Servicios sociales, y desde el Ayuntamiento de Santa Lucía entendemos necesario aclarar el marco de competencias porque hasta que no estén claras no es posible determinar hasta dónde puede llegar la colaboración del Cabildo de Gran Canaria en muchas materias”.

La concejal asegura que “no es posible asegurar a día de hoy la permanecía de servicios o programas, atendiendo a lo que se establece en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, por eso hemos pedido determinación para solicitar al Gobierno de Canarias la nueva Ley de Servicios Sociales de la Comunidad”.

Navarro afirma que “teniendo en cuenta la realidad actual, con los servicios actuales, las necesidades que se plantean son, por un lado, apoyo económico para la contratación de personal que refuerce los servicios existentes y poder prestar una atención adecuada al ciudadano y que responda a la finalidad del servicio, precisando de convenios de colaboración plurianuales que garanticen este apoyo económico; y por otro, el apoyo técnico, por la necesidad de unificar procedimientos y criterios comunes para, por ejemplo, el tratamiento de las situaciones de riesgo en la infancia”.