Fuerteventura (Canarias), 9 de mayo de 2013 / Artículo de Opinión / Rafa Rguez. Marrero. Director del CEIP Tarajalejo.
Desde el 25 de septiembre de 2012 hasta el 14 de febrero de 2013, ideólogos y expertos del partido en el gobierno de Madrid y de la Iglesia Católica nos han ofrecido un repertorio de lo que entienden por educación a través de tres borradores (anteproyectos) de reforma de la Ley Orgánica de Educación vigente desde 2006. Han llamado a la nueva norma, aún pendiente de aprobación, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) Pese a la mayoría absoluta de la que el gobierno goza, las respuestas críticas a esos anteproyectos de ley no se han hecho esperar desde diferentes comunidades educativas, colectividades, asociaciones, movimientos de renovación pedagógicos, organizaciones sindicales, políticas y personalidades diversas vinculadas a la educación. Incluso el Consejo de Estado (órgano bastante conservador, por cierto) ha dictaminado recientemente en contra del tercer y último de los anteproyectos presentados por el Ministerio.
Existe un vicio importante, pernicioso a todas luces, por parte de los políticos con responsabilidades de gobierno en relación al tema que nos ocupa, a saber: la propensión a legislar frecuentemente sobre la educación sin las adecuadas y necesarias evaluaciones de lo anteriormente realizado y sin debatir, experimentar y consultar a las personas, equipos y colectividades directamente implicadas con el asunto a legislar, en este caso, el educativo. Tal es así que desde la llamada transición democrática hasta el presente, una vez aprobada la cuestionada Constitución de 1978, en España se han aprobado seis leyes que han afectado a la estructura, la organización y el funcionamiento del sistema educativo en los niveles previos a la Universidad:
- Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE, 1985)
- Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990)
- Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Educativos (LOPEGCE, 1995)
- Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002)
- Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006)
- Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, cuyo anteproyecto está pendiente de aprobación, si no lo evitamos, permítaseme añadir)
Hablamos de seis leyes educativas en 35 años (una ley cada 6 años). Este dato objetivo nos lleva a dos constataciones que requieren reflexión: 1. La tendencia de cada una de las normas señaladas ha sido la de modificar y sustituir lo contenido en las normas anteriores. 2. No se han llevado a cabo las oportunas y necesarias evaluaciones en profundidad de las normas modificadas.
Si a lo constatado añadimos la observación de que sólo con la LOGSE (que ha sido de las señaladas la norma con mayor tiempo de vigencia) una única cohorte de alumnado ha sido capaz de completar la enseñanza obligatoria como la norma establecía, tenemos posibilidad de acercar una primera conclusión (que podremos considerar, si se estima, provisional): no hay generación de alumnos y alumnas que aguante tal “embestida” normativa, ni profesorado que resista semejante embate.
Si echamos la vista atrás, ciertamente en España el sistema público educativo ha evolucionado y mejorado ostensiblemente durante las décadas de las que hablamos. La débil democracia española es heredera de un régimen dictatorial que nos prefería ignorantes. Entre la década de los 60´ y la de los 80´ del pasado siglo la inversión educativa en el país se duplicó hasta alcanzar el 2´6% del PIB, un crecimiento en el gasto motivado, en parte, por la Ley General de Educación de 1970 y amparado especialmente en la Teoría del Capital Humano, con la creencia de que la inversión en educación aumentaba la productividad y estimulaba el crecimiento económico. Pese a ese esfuerzo, España seguía estando a la cola comparada con los países del entorno europeo. Así era; entre los 60´y los 80´, el gasto educativo en Francia crecía del 2´4% al 5%; en Italia el aumento era del 3´6% al 4´4%; en Alemania occidental pasaban del 2,9% al 4,7%; y en Gran Bretaña, aumentaban el gasto educativo del 4,3% al 5,6% de su PIB. Estamos hablando de países de nuestro entorno europeo con compromisos respecto a sus sistemas educativos más relevantes y generosos.
Cierto es que para 2011 las inversiones educativas en España alcanzaban el 4´3% del PIB (lejos de aquel 2´6% a inicios de la década de los 80´del pasado siglo) Sin embargo, tal cuantía aún distaba de la inversión educativa media en la UE que, para ese año 2011, se elevaba al 5´05% del PIB.
No obstante, para el impresentable Wert y sus expertos esas cantidades parecen ser excesivas y lo justifican diciendo (como hacían en el primer anteproyecto LOMCE) que “la calidad educativa debe medirse en función del “output” –resultado de los estudiantes- y no del “input” –niveles de inversión, número de profesores, número de centros, etc.- (1)
De ahí que sostengan la necesidad de reducir para el año 2015 las inversiones educativas en España hasta llegar a un exiguo 3´9% del PIB. Una segunda conclusión podemos adelantar, esta no provisional: nuestros gobernantes nos “quieren ignorantes”.
Lo hasta aquí mencionado nos permite probar cómo a partir de aquellos años 80´del pasado siglo comienza el “baile” normativo (las seis leyes que mencionábamos con anterioridad) y, sin embargo, los inversiones en el sistema público educativo no se acrecientan como era necesario se hiciera para, entre otras razones, equipararnos con “nuestros vecinos europeos”. Aquellas leyes que desde 1985 se promulgan en este ámbito no se acompañan de las imprescindibles fichas financieras que las hicieran viables; de este modo, han ido quedando en declaraciones de intenciones (mejores o peores según cómo y quiénes las miren) insuficientes para impulsar un modelo educativo liberador de las potencialidades diversas que poseemos los sujetos participantes en los centros educativos (discentes y docentes).
La globalización imperante ha forzado a los países “desarrollados” a alcanzar acuerdos para armonizar sus sistemas educativos siguiendo en gran medida las “recomendaciones técnicas” emanadas de organizaciones que, como la OCDE, inicialmente nada tenían que ver con la educación. De esta manera y durante las últimas décadas diversos Estados han implementado reformas educativas (por supuesto, no comparables numéricamente con las aprobadas en territorio español) centradas en demandas no tanto de calado educativo cuanto de cuño claramente economicista. Lo que no podía ser de otro modo si tenemos en cuenta que la OCDE es una organización que tiene entre sus más relevantes objetivos “a) alcanzar el grado más alto posible de crecimiento económico y de empleo de sus países miembros, manteniendo al mismo tiempo estabilidad financiera; y b) contribuir a la expansión del comercio mundial” (2) Parece adecuado recordar que esa organización (integrada por 34 de los países más “desarrollados”) tiene como antecedente a la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) creada en su momento con el propósito de realizar estudios técnicos que permitieran aplicar los fondos del Plan Marshall para la reconstrucción europea tras la 2ª Guerra Mundial.
Se entiende así que los acuerdos para armonizar los sistemas educativos de los diversos países agrupados en torno a la OCDE tengan, en mayor o menor medida, un “tufo” economicista (deudor de la concepción económica neoliberal hegemónica desde los tiempos de los gobiernos de Thatcher y Reagan, allá por la década de los 80´del pasado siglo)
Un hedor que se “siente de lejos” cuando leemos el anteproyecto LOMCE en cualquiera de sus tres versiones hasta hoy conocidas.
Cuando el gobierno de Madrid nos dice, en el tercer anteproyecto LOMCE, que entre los principales objetivos (de los cuatro que señalan) que persigue la reforma se encuentran los de “mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor entre los estudiantes” (3) simplemente está explicitando una determinada visión de la educación, reducida a lo económico, y desde una exclusiva perspectiva empresarial. No olvidemos que el concepto “empleabilidad” hace referencia a que el conjunto de las personas deben reunir “los requisitos físicos, morales e intelectuales que las hagan susceptibles de ser contratadas en cualquier momento y en cualquier actividad” (4).
Que nadie se llame a engaño: la LOMCE, de aprobarse en el Parlamento español, va a dar un importante impulso a la privatización de un derecho público cual es la educación; dinamitará la ya denostada gestión democrática de los centros educativos; tratará de convertir a nuestros hijos e hijas, el alumnado de nuestros centros, en mercancía que los docentes prepararemos para una empleabilidad futura (en palabras sencillas, para convertirlos en “mano de obra barata”, bien engrasada y lista para ser movilizada); deteriorará aún más las condiciones laborales de los y las enseñantes, perdidos junto al alumnado en el marasmo de evaluaciones censales externas.
Y estas son conclusiones definitivas que, desgraciadamente, tardaremos poco tiempo en comprobar de aprobarse este anteproyecto de ley que coloca al sistema público educativo en los tiempos en que el “innombrable” gobernaba sobre todos nosotros “por la gracia de Dios”. Sus hijos políticos parecen querer resucitarlo.
Sólo la información contrastada y el necesario debate junto a las movilizaciones en las calles y plazas podrán frenar tanta barbarie.
NOTAS.
(1) Anteproyecto LOMCE (1º) Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Madrid. 19.09.2012
(2) OCDE. www.oecd.org
(3) Anteproyecto LOMCE (3º) Ministerio de educación, Cultura y Deportes. Madrid. 14.02.2013
(4) Rodríguez Guerra, Jorge (2002) Globalización y Estado de bienestar. La marea. Islas Canarias
