“La puesta en marcha de la oficina judicial coincide con el peor momento de crisis económica del país”,
“Los Juzgados están colapsados en todo el país, más aún con la situación económica que atravesamos”.
San Bartolomé de Tirajana, 2 de julio de 2010 | Derecho | Gabinete de Prensa.
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid impartirá una ponencia en el marco del III Congreso de Derecho Concursal y Mercantil de Canarias el próximo 15 de julio en el Hotel Costa Meloneras (Gran Canaria) acerca de la Nueva Oficina Judicial que está a punto de implantarse con la reforma de las leyes procesales. María Palmero Sandín ha estado en contacto directo con la reforma desde febrero de 2009, año en que empezó a colaborar con el Ministerio de Justicia en la elaboración del programa informático de gestión que ya se está utilizando en todos los Juzgados. Disertará, de 17.30 a 18.00 horas, sobre “La Reforma Procesal y la Nueva Oficina Judicial: incidencia en el concurso”.
El III Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias será un foro de opiniones de expertos acerca de la reforma de las leyes procesales. Aunque aún no se ha puesto en marcha, ayer 1 de julio se publicó en el BOE la Orden 1741/2010 del Ministerio de Justicia donde se determina la estructura y se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales y de las secretarías de gobierno incluidas en la primera fase del Plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.
Mucho tiempo se lleva hablando de esta nueva oficina judicial. Ya desde 1997 el concepto de oficina judicial ya aparecía en el Libro Blanco de la Justicia. Han tenido que pasar 13 años para empezar a ejecutarla. Según asevera “no ha fallado nada. La reforma modifica todas las leyes procesales y la ley orgánica del poder judicial y el camino para llegar al consenso ha sido complicado. En otras Administraciones Públicas ha sido más sencillo –por la forma de tramitar los procedimientos- llevar a cabo una reforma y adaptarlas al siglo XXI, pero en Justicia ha sido necesario un examen detallado de todos los trámites para localizar los superfluos, repetitivos o innecesarios y eliminarlos y las desviaciones de tiempo real y del trámite legal. Hay que apostar por la reforma y creo que con los medios adecuados el servicio público de Justicia va a mejorar de forma considerable”.
“La reforma era muy necesaria. Para poder ofrecer a los ciudadanos el derecho a un servicio público de Justicia ágil, transparente, responsable y plenamente conforme a los valores constitucionales, era necesario implantar la nueva oficina judicial, realizar una redistribución de competencias entre los Jueces y los Secretarios Judiciales y reformar las leyes procesales. Las reformas procesales están en vigor pero hasta que no se implante la oficina judicial va a ser muy difícil poder valorar si el proyecto ha logrado sus objetivos”, señala Palmero Sandín.
Pero esta nueva oficina judicial no se implantará en Canarias, sino en Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Murcia, Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla.
“El Ministerio de Justicia se ha encontrado con que la puesta en marcha de la oficina judicial coincide con el peor momento de crisis económica del país. Si bien es cierto que, por ejemplo, se van a dotar de escáneres en los Juzgados para intentar eliminar el papel y trabajar con expedientes digitales, el resto de las necesidades no se han visto atendidas ni existe compromiso de que vayan a serlo”, explica.
El Ministerio de Justicia ha dicho sobre esta Nueva Oficina Judicial que se trata de "una auténtica transformación funcional que, asimismo, incorporará las modernas tecnologías de la información y la comunicación". Sobre la necesidad de implantar esta nueva oficina a pesar de esta etapa de crisis que se vive en el estado, Palmero Sandín observa que desde 2001 se está hablando en firme de la reforma de este servicio público (Pacto de Estado para la reforma de la Justicia de 28 de mayo de 2001), aunque desde 1997 se lleva pensando, y después de varios proyectos se publicaron la Ley Orgánica 1/2009 y la Ley 13/2009 de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial. “La reforma era necesaria desde hace tiempo, pero esta administración tiene determinadas peculiaridades que la singularizan de otras administraciones públicas y que ha provocado la tardanza en lograr un acuerdo sobre su reforma, momento que ha coincidido con la situación que vive el país”.
“Con la reforma se pretende que los ciudadanos obtengan un servicio público de calidad, en base al Modelo Europeo de Calidad Total, y se respeten los principios recogidos en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia: agilidad, eficiencia, eficacia, modernización tecnológica, adaptación a los plazos procesales, etc. Se pretenden reforzar sus garantías como al implantar la obligatoriedad de la grabación de las vistas en todos los órdenes jurisdiccionales. En la oficina judicial existirán unidades de atención al ciudadano que podrán informar de cualquier procedimiento de forma centralizada y sin tener que acudir al funcionario concreto que tramite el expediente”.
Esta nueva oficina, que rompe con el modelo clásico, ha descargado a los jueces del ejercicio de tareas no estrictamente jurisdiccionales. Pero, ¿implica que se contraharán a más Secretarios Judiciales? ¿Se les subirá el sueldo al tener mayor peso específico en el desarrollo de los procedimientos? “En principio no van a hacer falta muchos más Secretarios Judiciales dado que deja de ser necesaria nuestra presencia en las vistas, pasando a desempeñar las funciones previstas en la reforma. De momento no está prevista ninguna subida de sueldo; de hecho nos lo han bajado significativamente por Decreto Ley. El sistema está bien diseñado y organizado y en gran parte su correcto funcionamiento dependerá de la dotación de medios personales y materiales por la administración pública competente”, responde.
Como medidas concretas a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley, figuraba la grabación de las vistas, que sustituye a la presencia del secretario judicial en la Sala, siendo necesario sólo para realizar la firma digital en el documento electrónico que contiene tal grabación, una medida ésta que “no se está cumpliendo porque no tenemos firma electrónica ni lector de tarjetas criptográficas, por lo que la mayoría de los Secretarios Judiciales siguen en Sala. La reforma ha afectado en gran medida a los Secretarios Judiciales. Hemos visto incrementadas nuestras funciones y, mientras no se implante efectivamente la oficina judicial, las debemos realizar durante toda la tramitación del expediente y no en una unidad de apoyo directo o en un servicio común concreto como prevé la reforma”.
”Los Juzgados están colapsados en todo el país, más aún desde la situación económica que atravesamos. Hasta que efectivamente se implante la reforma no se puede saber si se reducirá la saturación y se resolverán los expedientes de forma más efectiva. Desde hace varios años existen partidas presupuestarias previstas para la efectiva implantación de la oficina judicial”.
Este nuevo sistema implicará una enseñanza previa para poder manejarlo adecuadamente, lo que “en principio ralentizara el sistema, pero la reforma prevé la creación de macro-Oficinas con funciones en distintos órganos judiciales con las que se pretende abaratar costes, especializar funciones, organizar el trabajo, concretando tareas y responsabilidad de sus integrantes, utilizando técnicas de gestión de personal e implantando nuevos métodos de trabajo y usando nuevas tecnologías. Se trata de evitar colapsos en la tramitación procesal y las diferencias que hoy en día existen entre los actuales Juzgados.
“Durante el proceso de formación puede ralentizarse, en parte, la resolución de expedientes, pero si todo funciona bien, se obtendrá mucha más agilidad. En un primer momento, no es necesaria una reestructuración tan complicada; una vez que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo, cada funcionario tenga asignada una función concreta y exista el expediente digital, no es tan importante dónde estén ubicados físicamente.
La competencia en medios personales y materiales en Canarias está ya transferida.
