Las Palmas de Gran Canaria, 19 de Marzo de 2010 |Tribunales |Redacción - Gabinete de Prensa.
Las secciones territoriales de Canarias de las Asociaciones Judiciales y de Fiscales: Asociación Profesional de la Magistratura , Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales, ante la publicación en el periódico “El Día” de un artículo de opinión el pasado Domingo 14 de Marzo, firmado por D. Fernando Fernández, ex presidente del Gobierno de Canarias, en el que se vierten acusaciones de prevaricación contra el Juez D. Miguel Angel Parramón i Bregolat, Magistrado de este territorio; se tilda de “cainismo ideológico” el contenido de una sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y se realizan insinuaciones sobre abusos de la función judicial o consumo de estupefacientes por parte de la judicatura, queremos comunicar a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias y sus representantes:
Que los miembros del Poder Judicial estamos sometidos al Estado de Derecho y somos responsables por los delitos y faltas que pudiéramos cometer en el ejercicio de nuestros cargos ante los Tribunales de Justicia, y por las infracciones disciplinarias, ante el Consejo General del Poder Judicial, los jueces, y la Fiscalía General del Estado, los fiscales.
Pero las acusaciones de parcialidad en el ejercicio de nuestra función y las insinuaciones o afirmaciones absolutamente infundadas sobre la vida privada de los Magistrados y Magistradas sólo pretenden fomentar el descrédito de nuestra función jurisdiccional, resultando impropio de quien ha ostentado un poder político, y en este caso concreto, de quien ha sido presidente del órgano de Gobierno de esta Comunidad Autónoma, y máximo representante del Estado en este territorio, considerándose desafortunados intentos de presión sobre quienes debemos garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias obedeciendo única y exclusivamente a la Constitución y a la Ley, garantía de la independencia de Juzgados y Tribunales, y del Ministerio Fiscal.
Por lo cual nos vemos en la obligación de realizar nuevamente un llamamiento a la responsabilidad de todos con el fin de no quebrantar en el futuro de forma injustificada la independencia judicial, la confianza y el respeto de la ciudadanía en la ardua labor diaria de los Juzgados y Tribunales en Canarias.
Y a su vez un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad, basado en el compromiso de que tales presiones no van a lograr impedir ni la investigación ni la resolución de los asuntos en que hayan de exigirse responsabilidades a cualquier ciudadano, incluidos quienes ostentan poder político, económico y mediático en Canarias.
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